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El Partido Popular impide que el código de circulación vial recoja una señal que garantice el aparcamiento a personas de movilidad reducida

Cuando diversos ayuntamientos han intentado cobrar las multas a aquellos infractores que habían aparcado en plazas destinadas a personas de movilidad reducida, varios juzgados han rechazado la petición de los municipios, argumentando que la señal que actualmente está en vigor (rectangular azul con la silueta de una persona en silla de ruedas) no es más que una recomendación para los conductores, a los que no se les prohíbe en ningún caso aparcar en las plazas así delimitadas.

Comunicado ante los continuos ataques del párroco local de Ciempozuelos Julián Lozano hacia la comunidad LGTBIQ

Comunicado

El párroco local Julián Lozano ha vuelto a evidenciar su carácter retrógrado y homófobo en Ciempozuelos gozando de total impunidad. En esta ocasión, el sacerdote se ha posicionado como un acérrimo opositor a que el alumnado de los colegios públicos del municipio pueda tener acceso a charlas informativas sobre libertad y diversidad sexual. Los argumentos empleados por el párroco para condenar estos coloquios llegan al extremo de sostener que en todas aquellas personas LGTBIQ “existe un problema psicológico objetivo” que “debe ser tratado como tal”.

Alberto Garzón toma medidas para que De Guindos detalle en el Congreso qué va a hacer para que los bancos "devuelvan todo el dinero de las claúsulas suelo"

El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, registró ayer la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que dé cuenta en el Congreso de “las actuaciones que va a llevar a cabo para que las entidades financieras devuelvan todo el dinero de las cláusulas suelo a los consumidores afectados, dando cumplimiento así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”.

Unidos Podemos solicita la comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre la absolución de Maroto y Alonso

Ambos, no obstante, sí fueron condenados en primera instancia por el mismo Tribunal de Cuentas al pago de casi 400.000 € con motivo de los sobrecostes del alquiler de varios locales ubicados en la calle San Antonio de Vitoria.

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