Organizaciones sociales del estado español y la UE se manifestaron el 4 y 5 de noviembre contra el CETA

“¡Las personas y el planeta, por encima de las corporaciones!” Movimientos sociales del estado español y la Unión Europea salieron a la calle los días 4 y 5 de noviembre para mostrar su rechazo al CETA (Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá) y otros acuerdos comerciales como el TTIP y el TiSa, a los que calificaron de “enemigos de las personas y del planeta”.

 La campaña estatal contra los tratados informó de concentraciones, manifestaciones y mesas redondas en Zaragoza, Palma de Mallorca, Castellón, Valencia, Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, entre otras ciudades. En capitales italianas como Roma, Milán, Turín, Udine, Verona y Nápoles también se convocaron actos reivindicativos. Entre el 3 y el 5 de noviembre se celebró en Bruselas la Segunda Ronda del “TTIP Game Over”, que consistió en acciones creativas y de desobediencia civil contra los tratados comerciales. Al otro lado del “charco”, ALBA Movimientos y otras “articulaciones” celebraron el 4 de noviembre la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que recuerda la derrota del proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata (2005). Definieron esta victoria como “la mayor contra el neoliberalismo en el mundo”.

 

La Campaña estatal contra el TTIP, el CETA y el TiSA denunció los “feroces chantajes” de la Unión Europea -“que surtieron efecto”-, tras el veto del Parlamento de Valonia (Bélgica) al acuerdo comercial con Canadá. Finalmente, el pasado 30 de octubre la UE y el gobierno canadiense rubricaron el CETA, durante una Cumbre celebrada en Bruselas en la que se anunció un incremento de los “intercambios bilaterales” por valor de 12.000 millones de euros anuales (cifras oficiales). Varios activistas lograron entrar en el vestíbulo de la sede del Consejo Europeo, donde se escenificaba el acuerdo, para denunciar que el Tratado “no son más que derechos otorgados a las multinacionales”, informó la Agencia Efe. Portavoces de la Campaña destacaron en un comunicado que la rúbrica de las partes no implica el final del proceso de ratificación del CETA: el acuerdo del 30 de octubre “sólo es una pequeña y aparente victoria del chantaje antidemocrático de la Comisión Europea”. El acuerdo entre la UE y Canadá requiere ahora de la aprobación del Parlamento europeo y de los 38 parlamentos nacionales y regionales de la Unión.

 

En la concentración celebrada el 4 de noviembre frente a la Delegación del Gobierno en Valencia, el activista de las campañas estatal, europea y valenciana, Alberto Martínez, destacó que el CETA, con sus 42 capítulos y 1.634 páginas, “se ha propuesto para su aceptación o rechazo sin que nadie, excepto los grupos de presión empresariales, haya podido expresar su opinión”. Martínez denuncia asimismo la “opacidad”, ya que el Parlamento europeo “no supo lo que se cocía entre bastidores hasta que terminaron las negociaciones”. ¿Conoce la opinión pública los efectos del CETA? “No –responde el activista de ATTAC-País Valencià-, sobre todo porque hay un boicot de las cabeceras periodísticas más importantes, que no dan cuenta del contenido del tratado ni de las movilizaciones en contra; y cuando informan lo hacen en defensa del acuerdo”. Alberto Martínez pone el ejemplo del periódico El País, que el pasado 18 de octubre titulaba así uno de sus editoriales: “Un acuerdo necesario. El Tratado de Libre Comercio con Canadá debe salir adelante”. El texto del diario de PRISA añadía que el tratado supone “un importante beneficio tangible para las sociedades de ambos lados del Atlántico”; en cuanto a la oposición al CETA, El País interpretaba que no obedecía a argumentos de peso, sino a motivos “puramente ideológicos”.

 

Los actos en la calle del cuatro y cinco de noviembre prolongaron la jornada de movilizaciones del pasado 15 de octubre, en la que participaron decenas de miles de personas en el estado español -75.000 según los organizadores- a partir de la siguiente consigna: “Las personas y el planeta por encima de las multinacionales: No a la pobreza, no a la desigualdad, no al TTIP, no al CETA”. En Europa también se produjeron centenares de acciones reivindicativas, dentro de la campaña “Otoño en Resistencia”. A las protestas autoorganizadas en más de 50 ciudades españolas se sumaron 1.500 organizaciones políticas, sociales, sindicales y ecologistas. El día anterior a las manifestaciones, concentraciones, cadenas humanas y conferencias, el gobierno en funciones de Rajoy autorizó la firma del CETA. La Campaña contra el TTIP y el CETA denunció esta autorización, hecha pública tras el Consejo de Ministros, ya que no se produjo un debate previo en las Cortes Generales “a pesar de la obligación constitucional de hacerlo”.

 

En un artículo publicado el pasado uno de noviembre en la revista digital “CTXT. Contexto y Acción” (“Todo lo que esconde el CETA firmado por la UE y Canadá”), Adoración Guamán, Alexandre Mato y Pablo Sánchez Centellas subrayan las presiones sobre la región de Valonia, que durante quince días bloqueó el acuerdo entre la UE y Canadá. “El líder de los socialistas belgas y exprimer ministro, Elio di Rupo, llegó a asegurar que tanto él como el ministro-presidente de Valonia, Paul Magnette, habían sufrido coacciones directas de los dirigentes europeos”. En cuanto al camino que le resta al CETA, los investigadores apuntan que la aprobación por mayoría simple en el Parlamento europeo –el primero de los desafíos- “no debería de dar problemas a las partes firmantes”  debido a la mayoría favorable al tratado. Tras este refrendo parlamentario, la UE y Canadá procederían a la aplicación provisional del CETA. Precisamente, “éste es el ‘as’ en la manga de la Comisión Europea”, destaca el artículo de CTXT, pues hará posible la aplicación del tratado sin el tercer paso necesario para su ratificación: la aprobación por cada Estado de la Unión Europea.

 

A continuación “el CETA libraría su última batalla con casi 40 escenarios, pues en algunos Estados miembros, como Bélgica, el Tratado requerirá la aprobación en los parlamentos regionales; por esta razón, Bruselas tiembla ante otros ‘valones’ en cualquier rincón del continente”, explica el artículo. ¿Qué ocurrirá si algún país de la Unión Europea no ratifica el CETA, o si algún Tribunal Constitucional lo declara incompatible con la constitución del país? Terminaría la aplicación provisional del acuerdo, apuntan los autores; lo importante –si se diera esta circunstancia- sería determinar si el cese de la aplicación se produce de inmediato o si se establece un periodo mínimo para la defunción del tratado.

 

Con un llamativo en título, “La democracia en venta”, organizaciones como Corporate Europe Observatory (CEO), Transnational Institute, Amigos de la Tierra Europa, Foro Alemán de ONG sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Global Justice Now, Ecologistas en Acción Y ATTAC (Austria y Francia) publicaron en septiembre de 2016 un documento sobre uno de los elementos capitales del acuerdo: cómo la “protección de las inversiones” en el CETA podría generar un aumento de las demandas (por parte de los inversores) contra Canadá y la UE. A partir de la experiencia de Canadá con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Estado canadiense ha sido demandado en 37 ocasiones, ha perdido o llegado a un acuerdo sobre ocho demandas y ha pagado más de 171,5 millones de dólares a inversores extranjeros por supuestos daños. “Esto ilustra los peligros que entraña el arbitraje de inversiones”, advierten los autores del estudio. Las demandas en curso afectan a iniciativas que afectan a inversiones de las multinacionales, como una moratoria sobre el “fracking” o la invalidación, por parte de tribunales canadienses, de patentes farmacéuticas no suficientemente innovadoras.

 

Respecto a los estados de la UE, el estudio advierte que aumentará el riesgo de que sean objeto de demandas por parte de inversores canadienses, especialmente en la minería, la extracción de petróleo y el gas. En estos sectores, los intereses de las multinacionales de Canadá en la Unión Europea ya son muy relevantes. Uno de los ejemplos del mecanismo es la demanda que la empresa canadiense Gabriel Resources interpuso contra el Gobierno de Rumanía, que no aprobó –por su impacto ambiental y el desplazamiento de poblaciones que generaría- un proyecto de explotación aurífera en Rosia Montana. Tras advertir de la gran influencia de las compañías estadounidense sobre la economía de Canadá, el documento señala que las filiales canadienses de transnacionales con sede en Estados Unidos también podrán acogerse al CETA para demandar a los gobiernos europeos (las filiales de empresas extranjeras con sede en la UE podrán actuar del mismo modo en Canadá). Otro motivo de preocupación para los investigadores es el uso que las empresas de Canadá, Estados Unidos y  la UE hacen del arbitraje de inversiones, con el fin de dirimir las controversias inversor-estado. De las 696 demandas presentadas a escala global, 602 corresponden a los tres actores citados.
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