Garzón plantea en el Congreso "impulsar la I+D+i" con una iniciativa para equiparar la inversión a la media de la UE y "eliminar los límites a la tasa de reposición de empleo público"

10/12/2016

El coordinador federal de Izquierda Unida registra una proposición no de ley que busca revertir la pérdida de 2.845 millones de euros y de cerca de 10.000 investigadores desde 2010El coordinador federal de Izquierda Unida registra una proposición no de ley que busca revertir la pérdida de 2.845 millones de euros y de cerca de 10.000 investigadores desde 2010.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha registrado una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno a “impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i)”. Entre las propuestas concretas que recoge el texto, registrado como proposición no de ley, está establecer “una planificación plurianual que permita la recuperación, en esta legislatura, de los niveles de financiación pública de 2009 en I+D+i civil en los capítulos presupuestarios 1 a 7, garantizando una financiación sostenida que avance en el objetivo de alcanzar un porcentaje de los ingresos del Estado similar a la media europea”. IU considera que puede lograrse si el PP tiene voluntad política para ello antes de la aprobación de los Presupuestos Generales para 2017.

El también portavoz parlamentario de IU en el Congreso y portavoz adjunto de Unidos Podemos valora que “es posible que nos encontremos inmersos en el periodo más negro para la ciencia española desde el inicio de la democracia. El enorme esfuerzo realizado por el personal científico y las instituciones para situar al Estado español al nivel investigador que le corresponde por su nivel socio-económico y cultural ha sido revertido por un conjunto de contrarreformas basadas en la premisa de que la ciencia es un lujo que no nos podemos permitir en tiempos de crisis”.

Las cifras son muy ilustrativas. En la década anterior a la crisis el Estado español había aproximado su inversión en I+D a la media europea. Desde entonces, se abandonó esa trayectoria pasando del 1,39% del PIB de 2010 al 1,23% en 2014, frente al 2,03% de media de la UE-28.

Garzón recuerda que entre 2010 y 2016 el Estado español “redujo su inversión en I+D en 2.845 millones de euros (casi 900 millones en transferencias directas) y se perdieron más de 10.000 investigadores. El ingente esfuerzo para formar a este capital humano se ha dilapidado o, simplemente, regalado a países vecinos que sí garantizan la continuidad de sus instituciones y sistemas”.

El máximo responsable de IU sostiene que estos recortes se ejecutaron “a pesar de la elevada eficiencia de nuestro sistema de I+D. Los bajos salarios, la elevada precariedad laboral, la escasez de la financiación o el escaso interés empresarial privado no impidieron a nuestra producción científica y tecnológica alcanzar niveles de eficiencia (productividad/euro) iguales o superiores a los de los países del G-8”.

“Los recortes -denuncia-  han supuesto una grave descapitalización humana, logística y de infraestructuras en nuestro sistema de I+D. Se han cerrado definitivamente laboratorios e infraestructuras científicas que habían costado millones de euros y que volverá a costar millones recuperar”.

De ahí que entre las propuestas concretas que plantea Izquierda Unida se encuentre también “eliminar totalmente los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i y a su convergencia con Europa en el número de personal de investigación por habitante”.

Alberto Garzón entiende que “es fundamental lograr un compromiso de apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación”, ya que el Gobierno del PP “renunció formalmente a ese objetivo y esto nos coloca en una situación de desventaja para diseñar y construir un modelo económico basado en el conocimiento”.

El portavoz parlamentario de IU cierra la parte propositiva de la iniciativa instando a que el Gobierno establezca “un compromiso plurianual que garantice la normalización y el cumplimiento de todas las actuaciones previstas en los correspondientes Planes Estatales de Investigación, tanto en lo relativo a los plazos de sus convocatorias como de resolución de las mismas”.

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