EQUO pide explicaciones al gobierno de Rajoy por los 6,3 millones euros que concede a Gas Natural Fenosa por sus actividades en Doñana

05/01/2017

Juantxo López de Uralde, diputado de EQUO en el Congreso, presentó ayer una batería de preguntas al Gobierno por las ayudas que recibirá Gas Natural. Gas Natural Fenosa va a recibir durante 2017 la cantidad de 6.342.854,96 euros de los presupuestos del Estado en concepto de retribución por costes y mantenimiento del depósito subterráneo de Doñana.

Doñana afronta el inicio de 2017 con el gas entre las amenazas a las que hacer frente, una realidad contra la que se ha alzado la ciudadanía con más de 140.000 firmas en una iniciativa promovida por EQUO a través de “change.org”, y que  se ha manifestado de forma masiva el pasado 26 de noviembre contra el proyecto de Gas Natural Fenosa que pretende convertir a coste cero el subsuelo de Doñana en un almacén de gas.

EQUO junto a la Plataforma “Salvemos Doñana” (que agrupa a diversos colectivos y organizaciones  conservacionistas además de contar con el apoyo de más grupos políticos) también apoyó el pasado mes de noviembre una manifestación en Doñana en la que participaron más de 3000 personas del entorno, logrando la adhesión de la mayoría de los municipios de la Comarca de Doñana contra esta barbarie.

Desde EQUO, continuamos con las acciones que vamos sumando a las de la Plataforma y las de todas las organizaciones; así, nuestro Coportavoz federal y diputado, Juan López de Uralde, ha registrado esta mañana unas preguntas dirigida al Gobierno, que pretende aclarar “cuál es el motivo que sirve para  justificar la subvención concedida a una empresa que, haciendo uso del patrimonio común de todos, se va a beneficiar de un negocio que lo pone en serio peligro.  Dándose la inaceptable situación de que, además de obtener beneficios privados de un bien público, se le va a hacer una donación, no se sabe muy bien en base a qué necesidad o perjuicio.”

Sobre el papel lo que se declara es que Gas Natural Fenosa va a recibir durante 2017 la cantidad de 6.342.854,96 € de los presupuestos del Estado en concepto de “retribución por costes de operación y mantenimiento del depósito subterráneo en Doñana”.

Para EQUO contribuir con fondos públicos al mantenimiento de instalaciones que siendo para beneficio privado, ponen además en riesgo un territorio, unas actividades y unos recursos que son patrimonio común de todas, es indefendible.

Juantxo López de Uralde plantea una serie de preguntas en las que pone de manifiesto que “para el gobierno del PP todo está dicho en relación a este proyecto y no se plantea paralizarlo, aún cuando puede ocurrir que su impacto ambiental impida su ejecución, porque en tal caso qué sentido tendría la subvención concedida. Quizás viene a compensar los favores concedidos por Gas Natural al PP en concepto de suculentos cargos en Consejos de Administración o ayudarles a pagar las tasas municipales a las que el Tribunal Supremo los ha obligado en concepto de uso de suelo público para sus redes de transporte y distribución de gas.”

Por ello, desde EQUO Andalucía, su Coportavoz Isabel Brito, manifiesta el rechazo a la concesión de dinero público a un proyecto que “socava el interés general y sobre el que planea una gran falta de transparencia y un rechazo frontal de la ciudadanía”. “Mejorar la cuenta de resultados de Gas Natural Fenosa aún cuando a coste cero hipoteca el subsuelo de un territorio Patrimonio de la Humanidad es cuanto menos sospechoso y por esto es necesario que este gobierno dé explicaciones”, ha concluido Brito.

Juan López de Uralde y la diputada andaluza Carmen Molina fueron testigos del inicio de las obras en el perímetro del parque en septiembre de 2016. “Se dio prisa la empresa previendo la oposición que suscitaría su proyecto de ampliación inyección y extracción de gas. Actividades peligrosas y que no se han de permitir, teniendo en cuenta que desde el punto de vista energético se debería estar transitando hacia otro modelo basado en las energías limpias y generador de empleos verdes no deslocalizables”.

Según EQUO, estos proyectos de Gas Natural Fenosa y estás ayudas del Gobierno, son “demasiadas amenazas, muchos intereses, y ninguna consideración por un patrimonio común que necesitarán para el futuro las próximas generaciones y sobre el que tendrán que dar muchas explicaciones a la UNESCO en este año que empieza para justificar que no está en peligro Doñana.”
 

Para más detalles compartimos el documento presentado ante la Mesa del Congreso por Uralde:
 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta a iniciativa del diputado Juan A. López de Uralde la siguiente pregunta relativa a la subvención a Gas  Natural Fenosa por el depósito de gas en Doñana , dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La compañía Gas Natural Fenosa va a recibir durante 2017 la cantidad de 6.342.854,96 euros de los presupuestos del Estado en concepto de retribución por costes de operación y mantenimiento del depósito subterráneo en Doñana.
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El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado día 29 de diciembre -en plenas fiestas navideñas- la orden por la que reconoce el pago de estos 6,3 millones a Gas Natural.

Este depósito subterráneo ha generado una enorme oposición por parte de colectivos sociales, ecologistas y vecinales, que alertan del riesgo de este almacén para el Parque de Doñana. Este proyecto ha sido denunciado en instancias europeas y nacionales por el peligro del mismo para el medio ambiente.

Por todo esto, se pregunta:

¿Considera el gobierno adecuado que se subvencione a una empresa privada por la construcción de un almacén de gas en el subsuelo Parque de Doñana?

¿Cómo justifica el gobierno esa subvención a Gas Natural Fenosa?

¿Cuánto dinero público más se concederá a Gas Natural Fenosa por este proyecto?

¿Contempla el gobierno la posibilidad de paralizar este proyecto ante su impacto ambiental?

Madrid,  Congreso de los Diputados, a 4 de enero de 2017

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