Sánchez Mato avisa que el "mastodóntico plan de salvamento de las entidades bancarias no ha resuelto el riesgo y la amenaza que el sector supone para la sociedad”

15/01/2017

El responsable federal de Políticas Económicas de IU apunta que “una Banca Pública fuerte permitiría impulsar otra política económica centrada en el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo”.

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, avisa que a pesar de que “se han comprometido enormes volúmenes de ayudas públicas al servicio de un proceso de concentración y oligopolización del negocio bancario” este notable esfuerzo realizado con dinero público en los últimos años “no ha resuelto el riesgo y la amenaza que el sector supone para la sociedad”. Advierte también de que el resultado parcial de este “mastodóntico plan de salvamento de las entidades bancarias privadas” deja muy claro “al servicio de quien han estado los sucesivos gobiernos de este país”.

Sánchez Mato considera “imprescindible” que la sociedad “sea consciente de que la regulación no solucionará los problemas bancarios en el futuro porque el verdadero problema es la insuficiente rentabilidad con respecto al total de la inversión”. Ante este panorama, “la propuesta de la Banca Pública que hace Izquierda Unida es crucial para que se pueda poner en marcha una política alternativa real. Lo que entre todos sostenemos, propiedad de todos debe ser”, considera.

Señala, a su vez, que “una Banca Pública fuerte permitiría impulsar otra política económica centrada en el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo”. De ahí que desde Izquierda Unida, entre otras cuestiones, mantenga inalterable su posición “radicalmente contraria a la privatización de Bankia y de Banco Mare Nostrum (BMN)”.

El responsable económico federal de IU ha realizado un detallado análisis del momento por el que atraviesa el sector bancario, sobre el que se ha arrojado más luz recientemente a través del informe del Tribunal de Cuentas que fiscaliza el proceso de reestructuración bancaria correspondiente al período entre 2009 y 2015. “Es lógico -indica- que no quieran que la gente sea consciente de la magnitud del rescate del que se ha beneficiado el sector financiero, ya que se ha llevado a cabo a costa del conjunto de la ciudadanía que sufre los costes del mismo”.

Sánchez Mato recuerda que desde las más altas instancias del equipo económico del Gobierno de Mariano Rajoy, incluido él mismo, “se nos aseguró a toda la ciudadanía que el rescate ‘no iba a costar ni un euro’”. Por el contrario, los datos concretos conocidos ahora “resultan indignantes. Queda meridianamente claro que se han utilizado 122.122 millones de euros en recursos públicos para salvar a las entidades bancarias”.

“De ese descomunal importe -constata-, el coste del rescate bancario para el erario público ha ascendido ya a 60.718 millones de euros, lo que supone más de 1.305 euros por habitante. Y esta cifra no se puede considerar definitiva ya que el propio Tribunal de Cuentas considera que no se puede dar por cerrado el quebranto hasta que no finalice el proceso”.

Además, el dirigente federal de Izquierda Unida considera que “también es importante reseñar que el Tribunal de Cuentas no contempla todas las ayudas públicas que han recibido las entidades bancarias. Ni la financiación concesional que reciben del Banco Central Europeo (BCE), ni los créditos fiscales ‘blindados’ por el Estado, ni la protección y aval a los depósitos bancarios figuran entre las ayudas contabilizadas por el organismo”.

Carlos Sánchez Mato apunta con vehemencia que este proceso de salvamento “fue ocultado en su verdadera magnitud y aderezado con un cóctel de mentiras y falsedades que intentó convencer a los ciudadanos de que el sistema financiero español ‘era el más sólido del mundo desarrollado’. Los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP intentaron minimizar el gravísimo problema y limitarlo a una parte del sector, las cajas de ahorro, que aun siendo entidades bancarias privadas, tenían amplia participación de la sociedad en sus órganos de representación y dirección”.

“Por eso -expone rotundo-, cuando comenzaron a ser perceptibles los efectos de la quiebra de las entidades, en vez de reconocer el papel esencial que lo público tenía y tiene en la protección del ahorro depositado por los ciudadanos en las entidades bancarias y en la necesidad de reconocer a la actividad bancaria como ‘servicio público’, se optó por liquidar el sistema de cajas de ahorro nacionalizando parte del sistema para, después de saneado, privatizarlo de manera acelerada”.

Para el responsable federal de Políticas Económicas de IU se ha culpabilizado “errónea e interesadamentea parte del sistema -las cajas de ahorro- eximiendo a la otra parte -los bancos privados- de cualquier responsabilidad. Es evidente que las cajas han mostrado una enorme debilidad ante las pérdidas sufridas por la desenfrenada expansión inmobiliaria a la que se lanzaron, pero su situación no era peor que la de las entidades bancarias privadas”.

Detalla que “ni su morosidad era más elevada ni su gestión peor que la de los bancos, pero se enfrentaban a la situación sin posibilidades de captar capital para asumir los quebrantos y con enorme ansia por parte del resto del sector de acceder a la cuota que estas entidades tenían en créditos y depósitos. El resultado ha sido su eliminación. Ésta ni ha resuelto el problema de fondo, ni ha evitado otros efectos negativos de enorme magnitud como la destrucción de la obra social, que había aportado un considerable dividendo al conjunto de la sociedad”.

Sánchez Mato concluye que “el sistema bancario ha demostrado, no sólo en esta última crisis, que la gestión en busca del ‘máximo interés privado’ se acaba convirtiendo en el ‘máximo desastre social’. Es una evidencia que el sistema bancario es incapaz de cumplir su función sin la inyección de ingentes cantidades de fondos públicos”.

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Enviado por Heraldo Miguel (no verificado) el

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