García Sempere ve “desilusionante” la propuesta del PSOE sobre muerte digna y que hayan decidido imitar a C’s para limitar su alcance y “considerar tabú debatir sobre eutanasia”

08/02/2017

La diputada de IU y una de las impulsoras en el Grupo Confederal de Unidos Podemos de la Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia registrada en enero considera que el texto de los socialistas “no sólo va a remolque de nuestra propuesta sino que, mientras reclaman consenso entre todos los grupos para que la suya salga adelante, responden que ‘ahora no toca’ debatir sobre eutanasia en nuestro país”.

García Sempere confía en que la apertura del debate permita finalmente acercar posiciones con PSOE y C’s para que la eutanasia quede despenalizada.

La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere, una de las impulsoras dentro del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en la elaboración de la Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia, registrada en el Congreso en enero, considera “desilusionante” la propuesta presentada hoy por el PSOE reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida.

García Sempere entiende, además, que este texto impulsado por la dirección socialista “no sólo va a remolque de nuestra propuesta en esta cuestión tan importante sino que, mientras reclama consenso entre todos los grupos para que la suya salga adelante, responde que ‘ahora no toca’ debatir sobre eutanasia en nuestro país”. Recuerda que todas las encuestas muestran desde hace años un apoyo de cerca del 80% a una ley que regule la eutanasia y es una “cuestión urgente para muchas personas de este país”. 

Para la parlamentaria de Izquierda Unida por Málaga, “el PSOE parece haberse decantado ya por una especie de ‘más de lo mismo’ en relación al alcance final que debe tener este tema, en la línea de lo que ya conocemos de Ciudadanos, con quienes parece competir en presentar una propuesta light donde debatir sobre eutanasia parece que sigue siendo tabú”.

Eva García Sempere se ratifica en la valoración que hizo el pasado 18 de enero, cuando presentó en rueda de prensa el texto de la Ley Orgánica sobre la eutanasia del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, junto a las parlamentarias Marta Sibina y Ángela Rodríguez. En su opinión, “a estas alturas del siglo XXI, como ya ocurre en buena parte de los países avanzados de nuestro entorno, se debe legalizar y regular la práctica de la eutanasia, así como garantizar el acceso a la misma en todos los territorios del Estado a aquellas personas que la soliciten”.

De hecho el texto de Unidos Podemos recoge un apartado específico para que se proceda a modificar el actual Código Penal para que los profesionales de la medicina que acuerden realizar la eutanasia no sean penalizados. De igual forma, se indica que podrán solicitar lo que se considera como un derecho los/las pacientes “mayores de 18 años o menores emancipados” que padezcan una enfermedad terminal “sin esperanza”, así como dolores físicos o psíquicos “intolerables”, como explica García Sempere.

La diputada de IU considera que deben ser los médicos los encargados de elaborar los informes pertinentes para aprobar o denegar la solicitud de cada persona. Ésta tendrá que hacerse por escrito, en un documento firmado por el paciente en presencia del médico responsable, repitiéndose de manera general en, al menos, dos ocasiones con una separación de 15 días. Si el facultativo que se ocupe del caso entiende que la muerte de la persona o la pérdida de su capacidad para expresar su consentimiento son inminentes, se aceptará un periodo inferior a esas dos semanas.

La iniciativa de Unidos Podemos deja claro que el demandante de eutanasia podrá revocar su solicitud en cualquier momento. Tanto el documento de petición como el de la posible revocación se adjuntarán a la historia clínica del paciente. García Sempere apostilla que, en cualquier circunstancia, la causa de la muerte a todos los efectos legales y burocráticos “será por causas naturales”.

Además, recuerda que, a día de hoy, se penaliza a los médicos que tengan cualquier relación en un proceso de muerte asistida; de ahí las modificaciones pertinentes en el Código Penal que se incluyen en la propuesta para acabar con ello, junto al desarrollo normativo para que todo profesional que quiera tengan también derecho a objetar de esta práctica. No obstante, los servicios sanitarios públicos deberán garantizar el derecho del paciente a poder solicitar la eutanasia si la evaluación de su caso es positiva.

Esta proposición de ley orgánica tiene también muy en cuenta la importancia de que se traslade su contenido final, una vez que se tramite a nivel parlamentario, a las comunidades autónomas, que disponen de sus propias competencias sanitarias.

El texto registrado establece la creación de dos comisiones, una autonómica y otra estatal. La primera será un órgano evaluador y realizará un informe anual para controlar el cumplimiento de la norma en las comunidades. La segunda recogerá los documentos autonómicos anuales, que tendrán validez para hacer un estudio completo de lo que situación de la eutanasia a nivel estatal.

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