Los profesores de la Universidad de Sevilla no descartan echar un pulso a Susana Díaz

14/09/2017

El representante del colectivo de profesores, Carlos Bueno, ha manifestado su “escasa confianza para que la Junta de una solución rápida a la precariedad del profesorado”, ya que “ni siquiera han cumplido el acuerdo que sirvió para desconvocar la anterior huelga y que fue firmado por la Hispalense y avalado por la Junta”.

Esta semana se celebrarán diversas reuniones que podrían ser decisivas para la resolución del conflicto que afecta a los profesores Ayudantees Doctores y Contratados Doctor internos de la universidad, en huelga desde el lunes. El jueves, se reune el Consejo Andaluz de Universidades, donde está presente la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y los Rectores de las Universidades andaluzas. El viernes está convocada la Mesa Sectorial de Universidades, donde las instituciones académicas, la Junta y los sindicatos volverán a discutir las soluciones que reclama el colectivo. Por último, el sábado tendrá lugar un concierto para inaugurar el curso académico universitario en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, donde estará presente la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, las autoridades de la Consejería de Educación y los Rectores y cargos académicos de las Universidades andaluzas y en el que el colectivo anuncia posibles movilizaciones.

El representante del colectivo de profesores, Carlos Bueno, ha manifestado su “escasa confianza para que la Junta de una solución rápida a la precariedad del profesorado”, ya que “ni siquiera han cumplido el acuerdo que sirvió para desconvocar la anterior huelga y que fue firmado por la Hispalense y avalado por la Junta”. Bueno considera que “se requeriría un giro de 180 grados que permita trabajar en el sentido contrario al que se nos está proponiendo hasta el momento". “Exigimos simplemente que se cumpla ese acuerdo ya que en virtud del mismo se desconvocó la huelga y es su incumplimiento lo que ha reanudado el conflicto”, dijo.

En este contexto, el colectivo hace “un llamamiento a la Junta y la Universidad para que aprovechen la oportunidad que ofrece el marco de la Mesa Sectorial de Universidades y rersuelvan de una vez la situación injusta que ellos mismos reconocen y que se ha ido agravando desde el año 2012”. “Esperamos que después de meses de reuniones los responsables no pretendan esconder la cabeza cual avestrúz diciendo que no es este el ámbito de negociación para resolver el grave problema de vulneración y discriminación que afecta al profesorado”, argumenta Carlos Bueno.

El colectivo de Ayudantes Doctor y Contratados Doctor interinos recuerda que llevan reclamando de forma intensa y activa desde hace años y desde prácticamente todas las universidades andaluzas, a través de sus asambleas, que se ponga fin a esta situación que no sólo les impide promocionar a la figura estable de Contratado Doctor tal y como hacen otros compañeros, sino que les genera una gran incertidumbre e inseguridad en su situación laboral y profesional. Reclamaciones que han sido reconocidas por la propia institución académica, los sindicatos o incluso por el Parlamento de Andalucía, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla o el Defensor del Pueblo Andaluz, que apoyan las reivindicaciones de los profesores universitarios instando a garantizar la estabilidad de la plantilla.

Por último, el Comité de Empresa del P.D.I. Laboral de la Universidad de Sevilla expresó en un comunicado su rechazo al establecimiento de los servicios mínimos para la huelga por parte de la Consejería de Empleo, a instancias de la Universidad de Sevilla. Estos fijan un 100% de servicios en los exámenes, la tarea esencial del profesorado en estas fechas. Según el texto difundido por el Comité “resulta abusivo el establecimiento de estos ‘servicios máximos’, ya que es evidente que con ellos se está vulnerando un derecho fundamental como es el derecho a la Huelga”. Rincón consideró esta actitud “muy grave procediendo de dos instituciones públicas que se suponen garantes de la democracia y de los derechos constitucionales” y anunció que la resolución “está siendo debidamente impugnada”.

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