IU reclama la “liberación de los activistas turcos y kurdos detenidos como paso indispensable para avanzar hacia el proceso de paz”

Además de un comunicado oficial para fijar posición sobre la situación política y social en Turquía, agravada tras el sangriento atentado del sábado, la responsable federal de Relaciones Internacionales, Marina Albiol, señala que “el Gobierno español y la Comisión Europea no pueden alzar la voz contra la oleada de detenciones de activistas de izquierda porque son incapaces de romper las relaciones preferenciales con un país que avanza hacia un modelo dictatorial”

Izquierda Unida, a través de su Secretaría de Relaciones Internacionales, ha elaborado un comunicado en el que fija su posición sobre la actual situación política y social en Turquía, agravada tras el sangriento atentado del pasado sábado, que esta formación ya ha rechazado con rotundidad. IU reclama “la liberación inmediata de los/as activistas sociales y políticos turcos y kurdos detenidos como primer paso indispensable para avanzar hacia un proceso de paz en este país”.

“Exigimos al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan -expone esta formación- que cese la persecución contra los militantes de la izquierda turca y kurda”, además de expresar “nuestra solidaridad con el conjunto de las fuerzas sociales y políticas turcas y kurdas que se oponen a la actual deriva violenta y autoritaria del Gobierno turco, enfrentándose a elevados niveles de represión”.

En este contexto, la responsable federal de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida, Marina Albiol, declara que “ante la creciente inestabilidad y violencia que vive el país, debemos apostar con un proceso de paz en el que participen todas las partes. Por ello, los primeros pasos deben ser la retirada del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, junto a la liberación inmediata de las y los presos políticos encarceladas en Turquía”.

En su comunicado oficial, IU expone que “el actual contexto de escalada de violencia en la República de Turquía, encabezada por Erdogan, se ha producido una nueva oleada de arrestos de carácter político usando como pretexto el atentado en el que fallecieron 38 personas y que ha sido condenado por la izquierda turca y kurda”. Aprovechando esta acción terrorista, “han sido detenidas hasta 235 personas, la mayor parte cuadros medios del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), incluyendo a los líderes del partido en Estambul, así como otros activistas de izquierdas y críticos con el Gobierno”. 

“Se calcula -recuerda el texto- que hay hasta 4.000 presos/as por motivos políticos en las cárceles turcas entre activistas, periodistas, alcaldes/sas o diputados/as del HDP, y numerosas organizaciones han denunciado y documentado la tortura psicológica, física, y sexual a la que se les somete sistemáticamente”.

Para IU resulta importante señalar que “los colíderes del partido, Figen Yukeskdag y Selahattin Demirtas, siguen encarcelados y se les prohíbe recibir a diferentes delegaciones internacionales que intentan visitarlos en prisión. El pasado sábado, Demirtas sufrió un espasmo coronario, tras el que se le ha negado la atención médica pertinente, lo cual es también constitutivo de tortura”.

Todos estos hechos y actuaciones políticas llevan a Izquierda Unida a demandar de la Unión Europea (UE) la “ruptura inmediata de los acuerdos con Turquía, incluido el acuerdo en materia migratoria y las negociaciones para su adhesión a la UE hasta que no pongan fin a sus políticas internas y externas de agresión orientadas a acabar con cualquier tipo de oposición a su modelo”.

Marina Albiol corrobora estas exigencias y apunta que “el Gobierno español y la Comisión Europea no pueden alzar la voz contra la oleada de detenciones de activistas de izquierda porque son incapaces de romper las relaciones preferenciales con un país que avanza hacia un modelo dictatorial”. 

La responsable de Relaciones Internacionales de IU critica que “la Turquía de Erdogan está incumpliendo todos y cada uno de sus compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos con la complicidad de las autoridades españolas y europeas”.

“La colaboración con Turquía -apostilla- a través de las conversaciones para la adhesión a la UE, en materia migratoria o con la participación en los conflictos armados de Oriente Medio no sólo son cuestionables en materia de derechos humanos en un país que dispara a demandantes de asilo que tratan de cruzar la frontera o tortura sistemáticamente a los presos políticos, sino que son la cobertura internacional que legitima su política de represión”.

 

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