El PP se negará a que el Tribunal Constitucional analice los apartados del CETA que podrían ser contrarios a la propia Constitución Española

La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta bloqueará el informe previo de constitucionalidad del CETA (tratado comercial Canadá-Unión Europea) que ha solicitado Unidos Podemos y que sí contará con el voto positivo de ERC, Bildu y Compromís.

Rueda de prensa celebrada hoy en el Senado. FOTO: Irene Lingua

Cuca Hernández y Tom Kucharz, portavoces de la Campaña No al TTIP-CETA-TiSA, han participado esta mañana en una rueda de prensa junto a representantes de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Compromí y Bildu. Esta tarde se votará la petición de un informe previo de constitucionalidad del CETA, solicitada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tal y como Cuca Hernández ha manifestado, “el CETA ya ha entrado en vigor de forma provisional desde el pasado 21 de septiembre, a pesar de que no ha sido ratificado aún por la mayoría de los parlamentos europeos”, recordando además que “el CETA tiene los mismos peligros que el TTIP y afecta gravemente a los derechos del consumidor, a los derechos laborales y a la salud pública”. La portavoz de la Campaña contra el TTIP-CETA-TiSA también ha recordado que el tratado comercial afecta a la soberanía de los estados europeos, pues establece la creación de “una comisión de técnicos canadienses y europeos con capacidad para bloquear leyes emanadas de los diferentes parlamentos europeos”.

Tom Kucharz, también portavoz de la Campaña, ha realizado un llamamiento a PSOE, PNV y PDeCAT para que “apoyen la solicitud de informe previo de constitucionalidad”. Kucharz ha querido también poner el acento en el tratado comercial que la Unión Europea está aún negociando con Japón y que “entraña los mismos riesgos que los otros tratados” que se están aprobando. Kucharz también ha recordado que “Congreso y Senado tienen la obligación de controlar al gobierno en materias de políticas de comercio e inversión, más aún cuando esta política atenta contra los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho”. “Hacemos una petición muy explícita para la creación de una comisión mixta Congreso-Senado para hacer un seguimiento al CETA, habida cuenta de los problemas de seguridad alimentaria que ya se están generando y porque con el CETA ya se están reduciendo nuestros derechos fundamentales”, ha concluido Kucharz.

Idoia Villanueva, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Exteriores del Senado, ha dejado claro que “hoy no vamos a debatir en el Senado este tratado, sino la petición que hemos realizado al Tribunal Constitucional de un informe previo para saber si el CETA cumple la Constitución Española”. La senadora Villanueva ha recordado que el CETA “se ha ratificado sin el necesario debate social y parlamentario, sin que hayamos accedido al informe del Consejo General del Poder Judicial, necesario para pronunciarse sobre los tribunales de arbitraje” que el acuerdo comercial pretende crear. “Consideramos que los organismos reguladores que se establecen limitan los derechos reconocidos dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestra legislación”, ha apuntado Villanueva. Por último, Villanueva ha precisado que “quienes se parapetan detrás de la Constitución Española para establecer diferentes estados de excepcionalidad, deberían apoyar por coherencia y sentido común que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un tratado que va a tener una gran incidencia en la vida cotidiana de la ciudadanía”.

Tras las intervenciones de Carles Mulet por Compromís y Jon Iñárritu por Bildu, Sara Vilà, senadora de En Comú Podem, ha hecho hincapié en la “necesidad de que se respeten la soberanía de los parlamentos”, instando al resto de grupos políticos a que se “sumen a lo que pedimos, cuando únicamente estamos pidiendo información sobre la constitucionalidad de este tratado”. La senadora catalana ha afirmado que “el PP no puede dar lecciones de constitucionalidad a la Generalitat ni a la ciudadanía catalana cuando el propio Partido Popular firma tratados y acuerdos que vulneran la Constitución”.

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