Sí a la ciberseguridad, no a la censura en internet

09/02/2018

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado este jueves, 7 de febrero, una Proposición No de Ley relativa a la “desinformación” y su relación con la ciberseguridad en España, para su debate en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

Ejemplo de la campaña desinformativa generada desde el diario El País sobre supuestos "ciberataques rusos"

Mucho se ha hablado en los últimos meses de una posible injerencia extranjera con el objetivo de desestabilizar España y, por consiguiente, a la UE, mediante supuestos ciberataques o campañas de desinformación, principalmente a través de las redes sociales (Facebook o Twitter serían dos ejemplos). Desafortunadamente, gran parte de las noticias así como declaraciones de miembros del Gobierno han mostrado un absoluto desconocimiento sobre las cuestiones relativas a la ciberseguridad, alimentando precisamente las campañas de desinformación que dicen querer combatir. Se han utilizado de forma errónea conceptos como ciberataques, fake news o trolls como sinónimos para dirigir a la opinión pública en una sola dirección, aprovechando el gran desconocimiento que hay sobre estas cuestiones y términos.
 
La actual legislación dispone de herramientas para perseguir aquellos posibles delitos que se cometen en Internet, como se ha demostrado en los últimos meses en condenas por delitos de odio o como expone la Fiscalía General del Estado a través de la Memoria 2017 en el apartado de “Criminalidad Informática". 

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, insta al Gobierno a establecer políticas en materia de ciberseguridad y regulación del ciberespacio que respeten y den cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado español en materia de derechos fundamentales. En este sentido, le reclama que se abstenga de utilizar posibles incidentes que puedan afectar a la seguridad tanto del Estado como de los propios ciudadanos, como pretexto para recortar la libertad de expresión.

Por otra parte, pide evaluar y, si fuese necesario, reforzar, los mecanismos legales existentes para perseguir con mayor eficacia los posibles actos delictivos que se cometan utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Todas las propuestas y recursos deben establecerse sobre la base de la UE y “en defensa de los intereses nacionales, fomentando la cooperación y el cumplimiento del Derecho internacional”, tal como indican las líneas de acción en el ámbito de la ciberseguridad de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, y no sobre intereses privados.

Finalmente, plantea extender y potenciar el conocimiento del público en general sobre cuestiones relativas a la ciberseguridad. En este sentido, el Gobierno deberá abstenerse de implementar cualquier iniciativa o mecanismo administrativo que pretenda determinar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a internet, así como de adoptar acciones para la detección e identificación y un "sellado" de potenciales noticia falsa que advierta a los ciudadanos. Este tipo de iniciativas constituyen un atentado contra la libertad de expresión y pueden considerarse como acciones de censura previa, ilegales en nuestro ordenamiento jurídico. Cualquier iniciativa de restricción de las libertades digitales de los ciudadanos, constituye una medida inconstitucional y que infringe los más amplios principios e derecho internacional.

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