Las familias de un bloque de la OBRA SOCIAL de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Arganda, acude al pleno municipal denunciando la vulneración de derechos básicos

03/04/2018

El informe del comité para los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas del 20 de julio de 2017 y las observaciones finales del informe del Comité de los Derechos del Niño (CRC) de Naciones Unidas del 5 de marzo de 2018, avalan esta denuncia de la vulneración de derechos por parte del estado español y de sus administraciones estatales, autonómicas y municipales.

Cinco bloques de la PAH en Vallecas y Arganda no disponen de contadores ni contrato pese a estar dispuestas a pagar por el agua – 40 personas no tienen acceso a agua corriente en dos de estos bloques

Comunicado

Arganda del rey, 4 de abril de 2018:  a las 17 h, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Arganda del Rey,  y especialmente las famílias que residen en el Bloque de Londres 6, que forma parte de nuestra campaña de OBRA SOCIAL, acudimos de forma pacífica para participar en el pleno municipal.

Arganda del Rey está reconocida como “Ciudad Amiga de la Infancia”, distinción que otorga UNICEF, y que hace poco ha sido renovada. Sin embargo en este município viven niños y niñas, adolescentes, menores de edad, y evidentemente para los menores de edad que se encuentran en estas situaciones de vulneración de sus derechos Arganda no es una “Ciudad Amiga de la Infancia” para ellos.

Denunciamos de manera pública así la vulneración de derechos básicos por parte de las administraciones, en concreto: el derecho a una vivienda digna, contemplado en el art. 47 de la Constitución, y el acceso a suministros regulares de agua y luz, que son suministros básicos, y en el caso del agua un derecho fundamental, reconocido como un Derecho Humano por la ONU.

Acudimos al pleno con nuestros menores, porque ellos son nuestro presente y futuro, y no podemos seguir permitiendo que se vulneren sus derechos básicos y fundamentales. En el bloque residen 22 menores de edad, de los cuales 2 tienen reconocida una discapacidad, y otros tienen alguna enfermedad.

Tras mucho trabajo, y después de negociaciones siempre complejas, se consiguió un preacuerdo entre la propiedad (SAREB) y el gobierno municipal, que lamentablemente no se concretó con el argumento de la pésima situación económica del município, y aduciendo que por ello la Intervención Municipal informaba de manera negativa. Sin embargo, el coste inicial de aquel acuerdo era inferior a los 100.000 euros, e incorporaba además la cesión de vivienda para un futuro parque de vivienda social en nuestro município.

A pesar de este varapalo, nosotras hemos seguido trabajando, y de nuevo tuvimos la posibilidad de abrir una nueva mesa para trabajar en una nueva propuesta con la propiedad. Esto lo comunicamos a todos los grupos municipales por e-mail en octubre de 2017, pero hasta la fecha tan solo un grupo municipal ha respondido (Ahora Arganda).

El informe del Comité de Naciones Unidas DESC, que vela por el obligado cumplimiento del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, (firmado por España en 1976, y asumido su protocolo en 2013); las observaciones del Comité de los Derechos del Niño (CRC) de Naciones Unidas; también el Convenio del Agua que se ha elaborado en conjunto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas y de Arganda, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE); todos ellos son argumentos de mucho peso, inapelables. El Estado Español ha sido señalado por dos Comités de Naciones Unidas por la vulneración de derechos fundamentales, y el Alcalde de nuestro municipio, Guillermo Hita, desde su cargo de Presidente de la Federación Madrileña de Municipios, y como consejero en el Canal de Isabel II, tiene en su manos una buena oportunidad para que se respeten y protejan derechos fundamentales como el acceso al agua, o a una vivienda digna. En Arganda hay familias con menores de edad  que llevan entre 4 y 5 años sin acceso a un suministro  regular de agua en su domicilio, menores que viven su día a día portando garrafas de agua para poder asearse, beber... Esto no podemos seguir consintiéndolo, porque además la administración conoce la situación de todas las familias, porque la tiene bien documentada.

* Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno, es decir, obligan al Estado Español como cualquier ley, y gozan de primacía sobre las fuentes del derecho interno en caso de conflicto. El día 28 de septiembre de 1976, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Nueva York el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 2010 España fue el primer país europeo que firma el Protocolo Facultativo de este tratado, protocolo que entró en vigor en 2013, y que es un nuevo mecanismo de la ONU que permite a las personas acudir en busca de justicia a las Naciones Unidas en el caso de vulneraciones del derecho a una vivienda adecuada, la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos, sociales y culturales.

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