Economía de Perú: ¿Vaso medio lleno o medio vacío?

El gran desafío del gobierno será definir qué tipo de crecimiento quiere: uno que favorezca la gran inversión con rebajas de impuestos y enfocado hacia una flexibilización laboral; o por el contrario, uno con una perspectiva de desarrollo más amplia que coloque en el centro de la agenda la lucha contra la desigualdad y la inclusión socioeconómica de las mayorías.

Perú ha sido una de las economías de más rápido ascenso en América Latina en la última década. Si bien el contexto externo favorable producto del auge de los precios de las materias primas en el mercado internacional impulsó el crecimiento de la mayoría de los países de la región, se podría afirmar que el desempeño económico de Perú fue bastante notable: en 2012 su PIB per cápita fue 32% superior respecto al de 2002, y durante ese mismo período el promedio anual de expansión giró en torno al 6.5% en un contexto de baja inflación.

La bonanza propició lo que economistas llaman un ‘círculo virtuoso’, hubo una mayor inversión pública y se expandieron algunos programas sociales. Según el Banco Mundial, el fuerte crecimiento generó una lluvia de empleos que redundó de forma positiva en los índices de pobreza. La pobreza monetaria[1], que en 2004 representaba el 43% de la población, en 2014 llegó al 20%.

No obstante, la visión triunfalista sobre un modelo de crecimiento basado principalmente en la exportación de minerales e hidrocarburos (alrededor del 74% del total) se impuso en la lógica común, desaprovechando así la época de ‘vacas gordas’ para encarar reformas estructurales a largo plazo como la justicia tributaria o la diversificación productiva. Es así como con el fin del superciclo de los commodities, el auge de la economía peruana también parece haber llegado a su fin. Sólo habría que mirar los números entre 2011 y 2014, cuando el precio del cobre, que representa la mitad de las exportaciones de la escasa canasta peruana, registró una baja de USD 141 a USD 116. Con ello la economía perdió dinamismo y el PIB se resintió. Acostumbrado a expandirse a un ritmo de más de 6% a lo largo de una década, se desinfló a poco más de dos puntos en 2014 (+2,35%). El frenazo también se reflejó en los empleos y salarios.

Vale, todos coincidimos: crecer importa. Pero aunque sean positivas, es un deber estirar la vista más allá de las cifras del PIB y preguntarse ¿cómo se crece? ¿es inclusivo? ¿es equitativo? ¿cómo se refleja en los indicadores sociales?

La pobreza se redujo, pero…

– De acuerdo con OXFAM, las brechas que separan a quienes cuentan con diversidad de recursos y oportunidades y quienes no, se ensancharon hasta tres veces. El peor castigo de esta realidad afecta desproporcionadamente a los más vulnerables: niños y adolescentes. El número de pobres entre la población menor de 14 años es casi el doble que entre los mayores de 14 años. Además, la desigualdad se observa también entre géneros: si bien los ingresos laborales han crecido en general, el ingreso laboral promedio de una mujer es un tercio menor que el de un hombre, prácticamente igual que una década atrás[2].

– El sector salud tiene serias deficiencias. Al término del año anterior, la desnutrición infantil fue de 13,3%, mientras que el 43,6% de los infantes sufría anemia crónica. Ambos se consideran un problema en las vidas de al menos 400 mil niños y niñas en todo el país.

– El desempleo está en aumento. Si a finales de 2015 se ubicaba en el 5,7%, en 2016 repuntó más de un punto hasta llegar a 6,9%: la tasa más alta en relación a los países de la Alianza del Pacífico. Por su parte, la tasa de desocupación juvenil se sitúa aproximadamente en el 18%. Entre las principales causas de desempleo juvenil se encuentran la deficiencia del sistema educativo y el abandono escolar temprano por razones principalmente económicas. Pero éstos no son los únicos resultados negativos en cuanto a trabajo se refiere. A esto hay que sumar un alto nivel de informalidad laboral (70%), con los fenómenos generalmente asociados de subempleo.

En este particular, el gobierno del nuevo presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) prometió que para 2021 su administración habrá conseguido que el 60% de los trabajadores peruanos pasen a la formalidad. Para ello, el líder de Peruanos por el Kambio prevé la reducción en un punto porcentual (de 18% a 17%) del Impuesto General a las Ventas (IGV) y la implementación de un régimen tributario especial para las pequeñas y medianas empresas, medidas que pese a no haber sido aprobadas todavía, PPK aseguró comenzarán a regir a partir del primero de julio de 2017.

De cualquier modo, la informalidad no es lo único que PPK tendrá que hacer frente en materia laboral. Las expectativas por un aumento del sueldo mínimo, que aún continúa siendo uno de los más bajos si se compara con otros países de América Latina y la necesidad de generar consensos sobre la Ley General de Trabajo y de crear incentivos para la capacitación laboral, serán otras de las batallas en materia laboral que el ejecutivo tenga que abordar en los próximos meses.

El 2017 será un año clave en este sentido. El gran desafío del gobierno será definir qué tipo de crecimiento quiere: uno que favorezca la gran inversión con rebajas de impuestos y enfocado hacia una flexibilización laboral; o por el contrario, uno con una perspectiva de desarrollo más amplia que coloque en el centro de la agenda la lucha contra la desigualdad y la inclusión socioeconómica de las mayorías.

[1] La pobreza monetaria es aquella situación en la que el nivel del ingreso o consumo de una persona es inferior en valor a una canasta de bienes y servicios esenciales.

[2] INEI (2015). Estadísticas con Enfoque de Género. Informe Técnico N° 2 – Junio 2015. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lima.

Artículo publicado en: http://www.celag.org/economia-de-peru-vaso-medio-lleno-o-medio-vacio/

 

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación

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