Colombia: Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

Libardo Sarmiento Anzola[1]

1.     Resultados

La cotidianidad de las cuatro últimas generaciones de colombianos ha transcurrido en medio de un costoso, cruento y doloroso conflicto interno bélico.  

Según el registro oficial de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República, los mártires de esta guerra civil suman ocho millones durante el período 1985-2015. Los datos institucionales referencian 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos, 6,8 millones de desplazados por la violencia y el despojo de 4,2 millones de hectáreas a los pobladores pobres del campo. Además de los campesinos y pueblos indígenas y afros, la guerra afectó de manera directa a comunidades populares urbanas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes populares, ambientalistas, militantes de partidos de izquierda e intelectuales demócratas.

El más reciente cálculo del Global Peace Index, realizado por el Institute for Economics and Peace (IEP) muestra que el impacto económico de la violencia en Colombia ha crecido 53% desde 2008 hasta alcanzar los US$139.481 millones en el año 2015, equivalente al 30% del Producto Interno Bruto. Además es el séptimo país en el mundo que más impacto negativo de carácter económico, político, social, cultural y ambiental ha tenido la violencia dentro de su territorio.

El 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana se encontró ante la posibilidad histórica de terminar la confrontación armada e iniciar la construcción de una paz duradera y sostenible. La renuncia generalizada a la violencia como forma de hacer política requería el compromiso de la sociedad.

De acuerdo con el proyecto de Ley Estatutaria N° 156 de 2015 Cámara y 94 de 2015 Senado, el Congreso autorizó que “el Presidente de la República con la firma de todos los Ministros, podrá someter a consideración del pueblo, políticas, disposiciones y temas necesarios, para la implementación de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado, a través de un plebiscito por la paz”. El 18 de julio de 2016 la Corte Constitucional le dio el aval al Plebiscito por la Paz como el mecanismo para refrendar los acuerdos de paz que días después firmarían el Gobierno Nacional y las FARC-EP, esto es, el 24 de agosto de 2016.

La única pregunta a la cual deberían responder los colombianos con un Sí o un No era la siguiente: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una PAZ estable y duradera?” El triunfo del “Sí” refrendaría democráticamente los acuerdos de paz y ordenaría al Gobierno y demás entidades del Estado a tramitar las normas necesarias para implementarlos; con la victoria del “NO” se abortaría todo el proceso seguido durante los últimos seis años (2 exploratorios y 4 de negociación).

El Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Gobierno y las FARC contempló seis temas: i) Política de desarrollo agrario integral; ii) Participación política; iii) Fin del conflicto; iv) Solución al problema de las drogas ilícitas; v) Víctimas; vi) Implementación, verificación y refrendación. Dos pruebas debería superar el plebiscito en las urnas para ser vinculante: i) ganar por mayoría simple el Sí; ii) superar el umbral aprobatorio del 13% del censo electoral, esto es, alcanzar como mínimo cuatro millones y medio de votos.

El total de población habilitada para participar en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 alcanzó la cifra de 34.899.945 (51,7% mujeres y 48,3% hombres). El número de votantes que se abstuvieron de ejercer su derecho político sumó 21.833.898, esto es, 62,6%. El 37,4% que acudió a las urnas se distribuyó de la siguiente forma: votos inválidos (votos no marcados y nulos) 257.189 (0,7%); votos por el SÍ, 6.377.482 (18,3%); votos por el NO, 6.431.376 (18,4%) (Ver gráfico 1 y mapa 1).

En las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá como Distrito Capital y “Consulados”, esto es, los 203 puestos de votación donde los 600 mil colombianos habilitados que viven en el exterior podrían votar) el Sí ganó en 20 (60,6%) y el NO en 13 (39,4%). En resumen, como siempre sucede en la exánime democracia colombiana, la reducida pero poderosa y organizada oligarquía extremo-derechista (18 de cada 100 colombianos) impuso su voluntad e intereses, con mentiras, manipulaciones y amenazas, a las mayorías nacionales.

De las 33 entidades tomadas como referencia para el análisis, once (33,3%) concentran en conjunto el 70.6% del total de sufragios posibles al contar, cada una, con más del 3% de las personas habilitadas. De estas, en cinco ganó el NO: Antioquia, Cundinamarca,   Norte de Santander, Santander y Tolima; en seis ganó el SÍ: Bogotá D.C., Atlántico, Bolívar, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca (Ver cuadros 1 A y 1 B).

Mapa 2

El año de 1914 tuvo lugar las primeras elecciones directas en Colombia. Durante la última centuria, el promedio de abstención (renuncia a emitir el voto en una votación) es de 51,8%. En el plebiscito del 2 de octubre de 2016 la abstención política registró un valor porcentual de 10,8 puntos por encima del promedio histórico, esto es, 62,6% (Ver gráfico 2).

Promedio histórico de abstención: 51,8 %

2.     Antagonismo traumático

El número de votos válidos en el plebiscito por la paz sumo 12.808.858. Con la mínima diferencia de 53.894 sufragios (0,2% respecto al total de votantes habilitados), el NO resultó triunfador. Estadísticamente la diferencia entre los resultados de las dos opciones es espuria.

El empate técnico no obedece a un relativismo cultural, según el cual la percepción del conflicto social depende de la pertenencia del observador a uno u otro grupo, en favor o en contra de refrendar los acuerdos Gobierno-insurgencia. La división entre las dos percepciones «relativas» implica una referencia oculta a una constante, a un núcleo traumático, un antagonismo fundamental que la sociedad colombiana es incapaz de simbolizar, explicar o asimilar, un desequilibrio crónico en las relaciones sociales que impide que la ciudadanía se estabilice en un todo armonioso. Las diferentes percepciones expresadas en el plebiscito, incluidos quienes se abstuvieron de acudir a las urnas, son tres intentos mutuamente excluyentes de lidiar con este antagonismo traumático, de sanar la herida histórica mediante el consenso democrático de construir colectivamente una estructura simbólica equilibrada, incluyente y justa. Lo «Real» no es el fenómeno expresado en los resultados del plebiscito por la paz, sino el núcleo traumático del histórico antagonismo entre clases sociales que distorsiona la visión del individuo frente a quienes, de una parte, tienen intereses en prolongar una guerra de la cual obtienen réditos y, de otra, a los que defienden el anhelo de paz con igualdad, democracia, trabajo digno, justicia social y soberanía[2]

Los estudios que emprendió el economista, historiador, escritor y político socialista colombiano Antonio García Nossa (1912-1982) sobre la movilización insurreccional de los comunes de labriegos libres, artesanos, obreros de manufactura, peones y clases medias en 1781, coloca de presente este núcleo traumático o antagonismo fundamental de la sociedad colombiana. En la insurrección de los comuneros se encuentra, según García, embrionariamente, la trama de la historia contemporánea de la sociedad colombiana, entendida como un contrapunto dialéctico entre la movilización popular orientada hacia la ruptura y superación –consciente o inconsciente- de las estructuras hispano coloniales de dominación y dependencia –modernizadas sólo a partir de la primera guerra mundial (1914-1918) y de la subsiguiente integración a la metrópoli norteamericana– y la acción defensiva-ofensiva de las familias conservadoras, castas, burócratas, curas fanáticos, militares, políticos mafiosos, intelectuales fascistas y profesionales derechistas, oligarquías o clases dominantes; en el sentido de conservar aquellas estructuras (estrategia conservadora) o de promover la desarticulación o aplastamiento de la organización y movilización popular y de la clase trabajadora por medio de la violencia institucionalizada (estrategia contrarrevolucionaria)[3].

3.     Democracia exánime

La mayoría de la población apta para participar en el plebiscito por la paz, 63 de cada 100, se abstuvo de participar; expresión de la grave crisis de la democracia liberal colombiana.  Este tipo de democracia que nació con las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y América, en su esencia, deja la soberanía popular relegada a una mera función electiva que le otorga poder exclusivo de gobierno a las oligarquías y a la representación de políticos profesionales. Al eliminarse la participación directa en la toma de decisiones (quedando sometida simplemente a una voluntad de cada proceso electoral), el pueblo termina perdiendo todo contacto inmediato con la solución de sus problemáticas, para dejarlas en manos de una minoría clase política de la sociedad, ajena también a esos problemas sociales populares y laborales.  

En el plebiscito del 2 de octubre de 2016, 20 de las  33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá y “Consulados”) registran niveles de abstención superiores al promedio nacional: 71,7%. Con la excepción de Arauca y Caquetá,  la mayoría de la población votante lo hizo por la opción del SÍ en estas entidades de alta abstención (Ver cuadros 1A y 1B).

En la capital del país, con  el 15,9% del potencial de sufragantes, ganó el SÏ al sumar 1.423.612 votos en favor (25,7% respecto al total distrital). El distrito capital concentra una alta proporción del voto libre, informado y consciente de Colombia. Independiente del estrato socio-económico, en todas las localidades de la ciudad el porcentaje de abstención fue inferior al promedio nacional y mayoritariamente ganó el SÍ. Sólo en tres localidades, las que concentran la población que vive bajo condiciones de extrema pobreza y los desplazados por la violencia, ganó el NO: Bosa, Ciudad Bolívar y Usme (Ver mapa 2).  

Mapa 2. Bogotá D.C. Comportamiento electoral en el plebiscito por la paz, según localidades

Este fenómeno combinado de rechazo y abstención, en las localidades más excluidas y pobres de Bogotá, se explica por seis razones: i) el resentimiento en contra de las políticas antipopulares y neoliberales del Gobierno Santos; ii) las mentiras y manipulaciones publicitadas desde las campañas por el NO (en particular sobre los supuestos y exagerados beneficios económicos que recibirían los excombatientes); iii) la incomprensión referente a la figura jurídica y al contenido del plebiscito; iv) ignorancia política; v) desesperanza aprendida, en cuanto la persona se siente indefensa, cree no tener control sobre la situación y piensa que cualquier cosa que haga será inútil; vi) considerar que era una continuidad del enfrentamiento Santos-Uribe; vii) apego a una cultura que ha permeado desde arriba a todas las capas sociales de solucionar los problemas mediante la violencia y el exterminio.

Estas siete razones que explican la alta abstención y el voto negativo a la refrendación de los acuerdos de paz no son exclusivas de los sectores poblacionales que viven en condiciones de miseria y de desplazamiento forzado; atraviesan a la sociedad colombiana en todos sus espacios territoriales de hábitat. Hay que agregar que si bien la juventud estaba a favor  del SÍ, esta mostró su animadversión de acudir a las urnas (su dependencia del mundo virtual lo ocasiona); a deshoras hizo conciencia del error, tratando de borrar el error con postreras movilizaciones en favor de la paz. La izquierda, apática, indecisa y autista, poco hizo en favor de una concientización social en favor del SÍ y, menos aún, logro ofrecer una propuesta seductora de futuro a la sociedad colombiana.  

De los 600 mil nacionales habilitados para votar en el extranjero sólo lo llevó a cabo el 13,9%, reflejando un alto desafecto de quienes están arraigados en tierras foráneas por los destinos del país natal. Con la excepción de Estados Unidos, en los demás consulados ganó la preferencia por el SÍ (44.801 votos por el Sí y 37.995 votos por el NO).

En los seis departamentos que integran la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, la Guajira y  Magdalena) tres de cada cuatro potenciales votantes se abstuvo. En todas estas entidades territoriales fue prevalente el voto por el SÍ. La razón de esta alta abstención fueron tres: i) el impacto del huracán Matthew: las intensas lluvias impidieron que los ciudadanos salieran a votar; ii) las maquinarias políticas no se utilizaron para movilizar a los electores; iii) como no estaba en juego las elecciones de los “caciques” políticos, no operó el tradicional clientelismo y la compra de votos.

En efecto, cuatro días después de la realización del plebiscito por la paz, en el cual por una diferencia mínima ganó el No y fue rechazado el acuerdo final de paz con las Farc-Ep, el senador Armando Benedetti, presidente del Partido de la Unidad Nacional, sugirió que las votaciones podrían repetirse si la Corte Constitucional así lo considera. De acuerdo con Benedetti, la realización normal del plebiscito en la Costa se vio afectada por el paso del huracán Matthew lo que ocasionó que por algunas horas los puestos de votaciones en el Atlántico, Magdalena y La Guajira estuvieran cerrados y además, los ciudadanos no salieran a votar. Por esta razón podría, según él, la Corte Constitucional revisar el informe del Consejo Nacional Electoral y ordenar que se repita el plebiscito.

En nueve de las regiones más afectadas por el conflicto armado, con mayor pobreza y  menos institucionalidad, ganó el voto por el SÏ: Amazonas, Choco, Cauca, Nariño, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. No obstante, en estos departamentos el nivel de abstención promedio fue del 68%.

En uno de los principales centros agrícolas, industriales, comerciales y financieros del país, el Valle del Cauca, ganó el apoyo a la refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP por parte del 18,6% del potencial de ciudadanos habilitados; el NO fue refrendado por el 16,9% y la abstención alcanzó el 63,9%. En la capital, Cali, votaron 589.451 ciudadanos, el 54,3% lo hicieron por el SÍ y el 45,7% por el NO. En otros centros importantes de la economía y el turismo del país, Boyacá y San Andrés, igualmente salió triunfador, aunque con escaso margen, el SÍ.

La victoria del NO obtuvo el apoyo de 6.431.376 sufragantes, superando en tan sólo el 0,4% el número de votos por el SÍ (6.377.482). En 13 entidades territoriales el rechazo a los acuerdos del Gobierno con la insurgencia fue mayoritario: Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. En estas entidades territoriales el nivel de abstención registró un promedio de 10.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional: 52,4%.

Los rezagos de la república señorial, el latifundio ganadero, las economías extractivas dominadas por empresas transnacionales, una clase media rural fundamentada en el tipo patriarcal y católico de la familia antioqueña, la vigorosa influencia conservadora del partido del clero que subyuga la conciencia popular, el principio crematístico para medir la funcionalidad de toda actividad social fundamentado en el individualismo egoísta y la contra ética del “fin justifica los medios” y el escalamiento del paramilitarismo como poder político, social y cultural en la mayoría de municipios que integran estas regiones  explican estos resultados adversos al fin del conflicto armado y a la construcción de la paz.

En una de las principales ciudades de Colombia, Medellín, 431.173 ciudadanos votaron en favor del NO (63%) y 253.548 por el SÍ (37%). La cultura urbana, la economía moderna y un nivel educativo más elevado, no son suficientes para hacer evolucionar y transformar civilizadamente la mentalidad colonial, las creencias y formas de vida atávica, y el espíritu patriarcal, violento y de vindicta.

Se ha dicho que los extremos se tocan. En el departamento de Arauca, con arraigada presencia del ELN, ganó la opción por el NO (30.274 votos). Por el SÍ votaron 28.653 ciudadanos. Se abstuvieron de votar 115.537 ciudadanos, el 65,4%, influenciados por el rechazo del ELN al proceso de negociación Gobierno- FARC-EP. El ELN afirma que “los anhelos de paz con equidad, justicia social y soberanía tal como lo requieren las mayorías, exige la unión de todas y todos quienes buscamos una Colombia donde el pueblo y la nación sean partícipes y protagonistas de las nuevas construcciones; sin tal protagonismo popular y social, no es posible el logro de la paz” (Revista Insurrección 549).

4.       Odio y actitud psicótica

El odio sobredeterminó los resultados del plebiscito por la paz. El odio es una pasión que lleva a hacer daño a alguien o desearle mal. Esta fue la principal motivación de las campañas por el NO, al opugnar los acuerdos de paz entre el Gobierno y la insurgencia. Pero además, en los líderes de estos movimientos de ultraderecha política-religiosa-empresarial-militar predomina la actitud psicótica: la de un autoproclamado Salvador que imagina que su ley interior es la Ley para todo el mundo. Para que el mundo siga sus preceptos, el “Mesías” recurre a construcciones paranoicas, al complot de fuerzas ocultas: el centro de la publicidad por el NO buscaba generar el miedo de las masas ante la amenaza “castrochavista” o la entrega del Estado a los “terroristas encabezados por Timochenco”. Pero también los líderes de los partidos ultraderechistas son megalómanos (condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia y por una henchida autoestima), no conciben un proceso de transformación social sin su dirección y liderazgo, de lo contrario patean el tablero sin reparar en costos de vidas, económicos y sociales.

5.       De la APEN (1935) al MUR (2016)

La violencia es un método consuetudinario empleado para las clases dominantes en Colombia para el ejercicio político y para oponerse a cualquier reforma social o apertura democrática que afecte sus intereses. El crimen y la impunidad son facilitados por el sectarismo político que practican.

Así, por ejemplo, las reformas impulsadas durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, elegido en 1934, incluían nuevas formulaciones del derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y una serie de medidas modernizadoras en el campo social y político que pretendían dar solución a la crisis económica de 1929 y a los graves conflictos rurales y obreros de la década de 1920. Para neutralizar estas reformas, se creó la APEN (Asociación Patriótica Económica Nacional) en marzo de 1935. Este fue un movimiento político formado por terratenientes, latifundistas, industriales, financieros, intelectuales, altos políticos y veteranos de las guerras civiles colombianas. Fue creado para oponerse abiertamente al movimiento de masas campesino y, sobre todo, para arrasar con la política de Alfonso López Pumarejo. La APEN tuvo una actividad intermitente hasta los años 1940, enlazándose con período histórico de Colombia en el siglo XX conocido como “La Violencia”, conflicto que causó 300.000 asesinatos y el desplazamiento forzoso de más de dos millones de personas, equivalente casi a una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes. La superación de este período se realizó a través de un pacto de élites conocido como “Frente Nacional”, vigente en Colombia entre 1958 y 1974, caracterizado por el reparto del poder entre las oligarquías y la exclusión política de los sectores populares.

La historia se repite. En agosto de 2016, se dio vida en Colombia al Movimiento de Unidad Republicana en contra de los acuerdos de paz Gobierno Nacional-Farc-EP y del plebiscito que refrenda popularmente los acuerdos. Hacen parte de este movimiento dos expresidentes de la República, exalcaldes, dirigentes políticos (en su mayoría de los partidos Centro democrático, Conservador y Liberal), empresarios (sobresale el nabab Ardila Lule, dueño de RCN y zar de las bebidas edulcorantes, conocido por sus inclinaciones militaristas), ganaderos, militares retirados,  dueños de medios de comunicación (principalmente los periódicos de Medellín), dirigentes de gremios agropecuarios,  alta jerarquía de la iglesia católica (en especial, Monseñor Libardo Ramírez Gómez, presidente del Tribunal Eclesiástico Colombiano), intelectuales y columnistas defensores de la derecha nacional, entre otros. En general, esta oposición que recoge la ultra derecha político-religiosa- empresarial-militar-intelectual de Colombia enarbola las banderas de la defensa de Dios, patria, familia y propiedad. 

6. El “NO”, campaña de mentiras, miedo y amenazas

El excandidato a la alcaldía de Medellín y gerente de campaña por el No del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, confesó, en entrevista con el periódico La República, que “apelamos a la indignación, queríamos que la gente saliera a votar verraca (de mal genio)”, pero ejemplo “la imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla, la publiqué en Facebook y tuvo un alcance de seis millones”.

La profundización de esta campaña fue mandar el mensaje direccionado para ‘sacar la piedra de los electores’, por estrato y ubicación geográfica, afirmó el excandidato del Centro Democrático: “En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios”; “en cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos: en la Costa individualizamos  el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela; y  aquí (Antioquia y Eje Cafetero) el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda  por radio la noche del sábado centrada en víctimas”.

Los principales financiadores de esta sucia campaña (estrategia de la “clínica del rumor”, la llaman los asesores políticos) fueron la Organización Ardila Lülle, el Grupo  Bolívar, el Grupo Uribe, Colombiana de Comercio (dueños de Alkosto) y Codiscos. La organización Ardilla Lule, propietaria de los medios de RCN, y desde el canal de televisión su directora, Claudia Gurisatti, fue una de las principales críticas de los acuerdos y de la campaña del NO.

En paralelo, los líderes del Centro Democrático llamaron en su auxilio a las iglesias cristianas y evangélicas, para adoctrinar a sus creyentes en contra de los acuerdos de paz entre la insurgencia y el gobierno.

Los resultados del plebiscito muestra la fuerza que tienen los grupos de extrema derecha en Colombia. Utilizan todos los medios de lucha para imponer sus intereses e ideología: la violencia, el exterminio, el miedo, la mentira y la corrupción. La derecha es cínica y manipuladora, por ello son resabiados y expertos en las artes de la Propaganda Negra. El triunfo del NO se dio en forma mañosa y artera.

7.     Miedo a la verdad

Las Naciones Unidas han indicado que en los procesos de paz, debe respetarse plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a obtener reparación y garantías de no repetición. La  verdad consiste en el reconocimiento que la sociedad y las instituciones hacen acerca de las violaciones cometidas, las víctimas perjudicadas por ellas y los responsables de tales hechos. El derecho a la justicia permite el reconocimiento de las víctimas; las respalda en sus reclamos y exigencias, las protege y reestablece formalmente sus derechos. La reparación es el mecanismo fundamental para hacer justicia a las víctimas y evitar la repetición de las violaciones; mediante la reparación se identifica el daño, se reconoce a las víctimas, se les protegen sus derechos y se busca anular los efectos de las violaciones que han sido cometidas.

El principal miedo que tiene la ultraderecha en Colombia es que se conozca la verdad; esto es, que un día la sociedad colombiana y la opinión pública mundial conozcan la verdad sobre los autores del genocidio ocurrido en el país durante los últimos sesenta años. Los líderes de estos partidos políticos, movimientos sociales, iglesias, militares y grupos paramilitares, intelectuales de derecha, burócratas, empresarios, empresarios, dueños de los medios de comunicación y representantes de las transnacionales buscan por todos los medios enterrar la verdad y evitar ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.

Los artículos 5º y  7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional —aprobado en Colombia por la Ley 742 de 2002— incluyen los crímenes de lesa humanidad entre las conductas punibles sobre las cuales ejerce su competencia ese alto tribunal. Un crimen de lesa humanidad es el que por su carácter especialmente grave ofende no sólo a la víctima, sino a toda la familia humana. 

El Punto 5 del acuerdo de paz contiene el tema de “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012 entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP, se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

El filósofo griego Aristóteles solía decir que “No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”.

 

 

8.     La encrucijada

Colombia se encuentra ante una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál de ellas escoger. Esta es una de las encrucijadas decisivas de su historia, que requiere buscar una gran confluencia por la paz con justicia y la solución negociada al conflicto bélico interno. 

En los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificaría la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito que refrendara política y popularmente estos acuerdos, se comprometían a convocar a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Con la crisis política que generó los resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016, este compromiso y propósito se hacen más necesarios que nunca.

Es importante impedir un acuerdo excluyente, entre las oligarquías que han conducido históricamente al desastre de país que tenemos. No es posible, en pleno siglo XXI, otro Frente Nacional para el beneficio de las clases dominantes en colombia.

La sociedad democrática colombiana debe enfrentar, de manera decidida al sector minoritario de la sociedad colombiana alineado con las ideologías de extrema derecha y las lógicas de guerra y exclusión, con sus fines deshumanizantes y sus actividades explotadoras del trabajo nacional y depredadoras y rentistas de la riqueza territorial mediante el modelo neoliberal que arbitraria y violentamente impusieron al país.

Congruentes con el llamado del movimiento popular y democráticos que empieza a escucharse en todo el país: “Ni el SÍ le pertenece a Santos, ni el NO a Uribe. La Asamblea Constituyente es el camino”.

 

 

 



[1] Economista político y filósofo humanista. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos Desde abajo y Lemond Diplomatiq, edición Colombia. Miembro del Centro interdisciplinario de Derechos Sociales y Desarrollo, Cartagena de Indias.

[2] Zizek, Slavoj; (2016). Contragolpe absoluto. Para una refundación  del materialismo dialéctico. Ediciones Akal, España, p. 111.

[3] García, Antonio; (1981). ¿A dónde va Colombia? Tiempo americano editores Ltda., Colombia, p. 16. 

 

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación

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