La lucha anticorrupción y el campo progresista

El caso Odebrecht ha vuelto a colocar en el primer plano de la escena pública el tema de la corrupción. Alrededor de éste, y condicionada por las matrices de opinión hegemónicas, vemos cómo se configura una suerte de cruzada moralizadora que prescinde de la historia y destierra la dimensión política del debate. Todas las expresiones de la vida política manifiestan su rechazo visceral, con voces que se replican airadas y escandalizadas.

La lucha anticorrupción y el campo progresista

Enseguida, tras la construcción de este escenario unanimista y pospolítico, que se presenta casi como una reacción de ciudadanos honestos y sorprendidos, vemos cómo se pone en marcha la operación más ruin, deshonesta y de consecuencias profundamente políticas, el viejo recurso de tomar la parte por el todo o como refiere el dicho popular: “arrojar al bebé con el agua de la bañera”, operación que consiste en no discutir ya las políticas sociales, no discutir ya las decisiones económicas, abandonar las impugnaciones de carácter ideológico a nuestros procesos y, a partir de una nueva agenda “anticorrupción”, resumir el carácter, el tono y el color de una época bajo el signo de la corrupción.

Ese espíritu de falsa unanimidad es, en sí mismo, una victoria política de la derecha restauradora y el neoliberalismo. El campo popular y progresista latinoamericano debe ser implacable con la corrupción y a su vez no ceder a la agenda y al escenario construido por esa derecha y sus matrices de opinión. Es más, para poder ser efectivamente implacable con ella, debe necesariamente no ceder ante esa agenda de consenso unanimista. No podemos ser ingenuos. Debemos hacernos cargo del asunto de manera frontal y a cabalidad, pero no en el marco de esa falsa cruzada moralizadora que es un caballo de Troya que encierra a oscuros personajes de un pasado orgánicamente ligado a la corrupción de la función pública, sino precisamente para promover nuestras banderas de lucha, porque la lucha contra la corrupción es para la izquierda y las fuerzas progresistas, parte de una disputa más general por el sentido de lo público, por la defensa del patrimonio común.

Proyectos políticos como la Revolución Ciudadana y procesos afines en América Latina nacieron de profundas e históricas demandas populares que exigían reconstruir el tejido social y recuperar el Estado como herramienta de trasformación al servicio de las mayorías, tras décadas de una corrupción orgánica que propició el saqueo de los bienes comunes y del patrimonio colectivo de nuestras sociedades durante la era de devastación neoliberal.

En Ecuador, en un camino lleno de dificultades, que lleva más de 10 años, con un hostigamiento incesante del poder económico concentrado y sus medios de prensa, que son portavoces de aquella vieja política, hemos dado las batallas principales contra la corrupción y, a diferencia de los gobiernos anteriores, que trabajaron para la impunidad de sus casos más emblemáticos de corrupción, la Revolución Ciudadana no protege ni protegerá a delincuentes, no sólo por apego a la legalidad, no sólo por su compromiso con la democracia y la ciudadanía, sino por sus principios fundantes y por respeto a esos miles y miles de compañeras y compañeros honestos, militantes que lo dan todo a cambio de nada, que trabajan con pasión y convicción por sus semejantes, por un país sin privilegios y una Patria para todos.

La corrupción es siempre grave, gravísima, pero dentro de un proyecto popular y progresista lo es doblemente, porque quienes en su condición de funcionarios, del nivel que sea, montan redes de favores y negocios para su beneficio personal, convirtiéndose además en instrumentos del capital privado para operar dentro del Estado, no sólo traicionan la función para la que han sido designados, sino que atacan el corazón de un proyecto político revolucionario. La corrupción es la antítesis no sólo de la honestidad, sino de la solidaridad.

La lucha contra la corrupción y por la ética pública, para ser verdadera, debe ser al mismo tiempo una lucha profunda y eminentemente política, en el sentido más elevado del término, y solamente puede ser llevada a cabo con éxito por quienes están dispuestos a dar la disputa por el sentido de lo público y lo común, frente a las ambiciones del capital. Defender y expandir esa esfera de lo público y lo común, subrayar su centralidad en la definición del país y el mundo que queremos, es la lucha política más amplia en la que toda lucha contra la corrupción debe inscribirse para ser verdadera. Y en ese contexto de lucha radical y consecuente contra la corrupción se entiende la iniciativa del expresidente Rafael Correa de combate a los paraísos fiscales, guarida donde van a parar los dineros de la corrupción, y la Consulta Popular por él impulsada y aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano el pasado 19 de febrero para que nadie que sea titular de cuentas offshore pueda aspirar a ejercer la función pública.

Por eso, cuidado con aceptar la despolitización del debate anticorrupción, que significa precisamente aceptar la agenda y el escenario que quiere instalar la derecha restauradora. Ello no sólo es torpe y hasta suicida en términos de la potencia transformadora de nuestros proyectos políticos, sino que va en contra de la misma lucha contra la corrupción, una lucha que requiere de memoria y de política para desnudar ese falso unanimismo restaurador (del viejo consenso neoliberal y su correlato de corrupción orgánica). Desde la izquierda y el campo progresista latinoamericano urge dar esta batalla con memoria y conciencia política, con identidad, historia y claridad en los objetivos políticos.

Fuente: http://www.telesurtv.net/bloggers/La-lucha-anticorrupcion-y-el-campo-pro...

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación

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