El CETA, la izquierda y el libre comercio

Sostenía la diputada socialista Soraya Rodríguez en el Congreso el pasado 18 de Mayo, cuando se debatía la propuesta de Unidos Podemos de someter a cuestión previa de constitucionalidad el CETA, y su partido todavía apoyaba este acuerdo comercial entre la UE y Canadá, que la izquierda no es proteccionista y por tanto partidaria del libre comercio; todo ello tras arremeter, como no podía ser de otra manera, contra el ‘populismo aislacionista’.

                Con el libre comercio ocurre, a mi entender, lo mismo que con el libre mercado. Todo el mundo habla de ellos y los reivindica, pero realmente nadie los ha visto. En lo tocante al segundo,  hace mucho que periclitó(si es que existió alguna vez) de la mano de los oligopolios y del capitalismo de amiguetes. Respecto de la eliminación de trabas al comercio entre áreas y países, nunca se ha tratado de una libertad. Cuando este comercio de mercancías se ha producido entre zonas con distinto nivel de desarrollo y productividad, las más deprimidas han sufrido las consecuencias de un intercambio desigual(han puesto en la balanza más horas de trabajo que sus socios comerciales) y de una especialización productiva que las ha relegado a crear bienes y servicios de bajo valor añadido. Por el contrario, experiencias como las de Corea del Sur nos indican que los países atrasados no salen de su subdesarrollo mediante el libre comercio, sino a través de una fuerte intervención estatal que impulsa al sector exportador y pone barreras a determinadas importaciones procedentes de los países centrales.

               Con el asentamiento definitivo de la globalización neoliberal en nuestros días, hablar de libre comercio es ya una broma macabra. Efectivamente, el capital global se desplaza por todo el planeta buscando la mayor rentabilidad posible sobre los costes de explotación. Es decir, va allá donde los salarios sean más bajos, donde pague menos impuestos y donde las regulaciones ambientales y de consumo sean más laxas. Porque produce ya para el mercado mundial. Lógicamente, las consecuencias de todo ello son una devaluación salarial planetaria, un deterioro de la calidad ambiental y una pérdida de ingresos para los gobiernos, que apenas pueden mantener los Estados del Bienestar allá donde todavía se mantengan, siquiera sea precariamente.

               Y ése es precisamente el sentido último de todos los tratados comerciales que se firman en las últimas décadas: desbrozar todos los obstáculos que puedan existir a esa libre movilidad del capital, que es el que resulta verdaderamente libre en todo este proceso, ya que la ciudadanía, los trabajadores y los países se encadenan a las cuentas de resultados de las corporaciones transnacionales.

               El CETA presenta una serie de características que lo conforman como un acuerdo hecho por y para las grandes empresas multinacionales. En primer lugar, destaca el secretismo  en su conformación, que tiene como finalidad impedir la respuesta de los sectores que resultaren afectados, incluyendo los Estados. Y es que resulta de muy dudosa constitucionalidad, tanto en el ámbito de la UE como en el español, que se creen tribunales de inversiones, al margen de nuestro ordenamiento jurídico, para resolver los conflictos de intereses que afecten a inversores extranjeros. Igualmente es de difícil encaje constitucional que unos comités mixtos detenten potestad normativa sobre aspectos esenciales de la economía, por encima de los poderes públicos democráticamente elegidos por la población. Resumiendo: entidades ejecutivas y judiciales, situadas al margen de nuestro entramado político y jurídico constitucional, podrán determinar qué es lo que se opone al libre comercio, aunque se trate de derechos laborales, sociales o medioambientales. La soberanía popular y la soberanía nacional quedan relegadas en favor de los intereses de las grandes compañías comerciales y grupos inversores. El país y sus gentes podrán perder, pero el comercio ganará.

               Como ganó el pasado 29 de Junio en el Congreso, donde la mayoría de diputados dijeron sí al CETA, ya que el PSOE no tuvo el valor de asumir su cambio de posición al respecto y se quedó en una estéril abstención.

                                                                         joseharohernandez@gmail.com

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación

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