Otra Constitución es posible

Han pasado ya casi cuatro décadas desde que se aprobó, en referéndum, la Constitución Española. El próximo miércoles, 6 de diciembre, con motivo del aniversario del texto constitucional, en la madrileña carrera de San Jerónimo se verán desfilar bandejas de canapés junto con copitas de cava deslocalizado y se llenarán las bocas de muchos políticos de palabrería rimbombante, nos hablarán de la “modélica transición”, de una democracia hueca y de unas libertades que no se respetan.

El 6D debemos recordar que para esta Constitución no hubo debate previo ni, por supuesto, consulta popular, sobre qué tipo de régimen político se quería: monarquía o república. Se jugó en el referéndum a “o lo tragas todo o no hay nada”. Tampoco podemos olvidar que la CE no nació desde una deliberación surgida desde “abajo”, fue escrita porsiete varones (ni una sola mujer), y “amañada” en pactos entre las fuerzas  post-franquistas. Han pasado ya 39 años, y el “régimen del 78” se vive agotado y anacrónico con los tiempos actuales, que únicamente ha sido capaz (¡qué casualidad!), gracias al pacto secreto PP-PSOE, de cambiar el artículo 135 para poner el pago de la deuda por encima de las necesidades sociales de la ciudadanía.

Algunos datos actuales nos deben hacer reflexionar. Hoy menos del 30% de la población española ha votado esa constitución. Solo un 15,8% de los ciudadanos reconocen haberla leído entera, un 35,1% dice haber leído algún artículo suelto, y casi la mitad, el 48,9%, admite que no la ha ojeado nunca, según datos del CIS. Reflejo de esta falta de conocimiento es que sólo un 36,4% acierta si se les pregunta el año en que se aprobó la Carta Magna, el 1978. Un 46,5% desconoce el año de su promulgación y un 9,7% cree que se aprobó entre 1975 y 1977.

Pero más que su desconocimiento, lo más grave es el incumplimiento. El actual texto constitucional sigue siendo incumplido de forma reiterada por los poderes económicos y políticos que, pese a su teórico apoyo, en la práctica es utilizado de manera partidaria en beneficio propio por esos mismos partidos que se autodenominan “constitucionalistas” a bombo y platillo. Si la Constitución es la Ley de leyes y está para cumplirla, cuesta trabajo entender por qué los artículos que tienen que ver con la justicia social y la redistribución de la riqueza, con el derecho al trabajo (art. 35) o a una vivienda digna (art. 47), son menos defendidos por nuestros patriotas gobernantes que los que hablan de banderas y entelequias metafísicas. Hasta la fecha no conocemos que el Gobierno español haya interpuesto algún recurso ante el Tribunal Constitucional por el incumplimiento de alguno de esos artículos, por lo que es triste constatar que hay mucho de hipocresía. Suena todo a fraude, a mentira, a charlatanería política de un régimen injusto e impostor.

El miércoles hay muy poco que celebrar. Durante 24 horas ensalzarán esta caduca Constitución, mientras la convierten en papel mojado los 365 días del año. A estos políticos hipócritas no les importa que la CE se utilice en beneficio de unos pocos, lo que en la práctica supone alimentar los dramas sociales de este país, aquejado de un alarmante aumento de la precariedad, de pérdida de derechos laborales y sociales, de un grave desempleo y de falta de trabajos de calidad, de pobreza energética o con la ausencia de una efectiva lucha contra la corrupción o de avances significativos en la regeneración democrática.

Ha llegado el momento de construir un proceso constituyente hacia una república federal debatido previa y ampliamente por toda la ciudadanía, para superar las grandes carencias del actual texto constitucional con cuatro décadas de vida. Anhelamos una nueva Constitución al servicio del pueblo y debatido por él hasta la saciedad, para definir un nuevo marco de convivencia, construyendo un nuevo país donde se blinden los derechos sociales para todas y todos. Tenemos derecho a un futuro claro, a un empleo decente, aunas pensiones dignas, a unos servicios públicos universales y gratuitos y a que nadie se le arroje a la exclusión social. También es necesario que, en pleno siglo XXI, nuestra futura Constitución destierre fueros y privilegios de territorios, porque la esfera pública de la participación exige que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, vivan en el lugar que vivan, anteponer territorios a ciudadanía es una manera de volver y vivir en pleno feudalismo.

No sirven reformas parciales y cosméticas de la Constitución, es la hora de un debate democrático para redactar un texto nuevo a partir de un proceso constituyente participativode abajo a arriba. ¿Seremos capaces de asumir este gran reto, o los poderes fácticos perpetuarán una Constitución inservible?
 
 

 

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación

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