A probar nuestra cultura electoral

En la Constitución colombiana han sido consagrados todos los derechos humanos y hasta los politicastros se precian de una democracia participativa en un Estado social de derecho. Pero “Del dicho al hecho hay mucho trecho”. Cuando hay tantas necesidades básicas insatisfechas, tantos promeseros incumplidos, tanta influencia religiosa en medio de tanta ignorancia acumulada, las prácticas tradicionales antidemocráticas permanecen intactas.

Estamos en período preelectoral y ya empiezan las reuniones para cazar incautos: “Fulano(a): Si aspira a seguir trabajando aquí ya sabe que debemos acompañar al Dr. Sutano o a la Dra Mengana para las próximas elecciones, yo me he comprometido a conseguirle un buen número de amigos que le aporten cada uno por lo menos 20 votos, de modo que usted, a más tardar en Enero, me debe traer la lista de electores que ha concretado, con el respectivo número de cédula y su dirección domiciliaria; como ya les dieron la prima, encárguese de estos 20 bonos de $20.000,oo y me trae el dinero junto con las lístas de votantes. Prográmese también unas reuniones en su casa o en la de un amigo para invitar el candidato e ir a explicarles el programa y distribuir tareas”

¿No es esto constreñir al elector, violarle el derecho de opinión, chantajearlo para garantizarle el empleo? Pues está bien que se hagan reuniones explicativas de las ideas que van a llevar a las respectivas entidades ejecutivas o legislativas, pero eso de exigir listas de cédulas y venta de bonos, no se corresponde con los derechos a las libertades, establecidas en la Constitución.

Para probar si hemos avanzado, retrocedido o seguimos en las mismas en materia electoral es necesario verificar quién, quiénes o qué entidad financia las elecciones de éste o ésta, si se respetaron los topes financieros. Claro que mientras no se apruebe la Reforma Política esta verificación es imposible. La financiación de las campañas debe ser exclusivamente por parte del Estado, sin triquiñuelas de ninguna clase. Recordemos que el candidato que paga por los votos es porque aspira a que la suma invertida le sea devuelta por el erario, y con altas creces, a través de contratos, coimas o mermeladas.

Todo candidato o candidata a un cargo dentro del Estado está obligado(a) a radicar su Programa en la Registraduría y publicarlo profusamente por los medios radiales, escritos y televisivos a fin de que los electores lo conozcan antes y después de las elecciones y puedan ejercer el control político sobre el funcionario(a) electo(a).

Otra condición que debe cumplir todo aspirante a ser elegido debe ser la difusión de su hoja de vida, así cada elector podrá escoger entre los mejor capacitados para representar sus intereses. Es decir, votar a conciencia, no es votar por el más bulloso, por el más rico, por el más bonito, sino por quien demuestre ser ciudadano(a) a carta cabal y cuya oferta programática coincida con sus propias ideas.

Las elecciones deben ser actos muy serios, los cuales exigen responsabilidad de todos los participantes. La compraventa de votos debe ser castigada penalmente, pues es tan culpable el comprador de conciencia como el vendedor de la misma. En un pueblo digno no puede existir este tipo de negocio, así la necesidad sea extrema. Un almuerzo le calma el hambre al elector por un día mientras el elegido comerá abundantemente durante tres o cuatro años.

Quedamos en espera de los mejores candidatos, con sus programas que mejor contribuyan a superar la abismal desigualdad social, a refinar la democracia participativa, a construir una paz estable y duradera, a extender la justicia social por todos los rincones del país, a eliminar por completo la corrupción, evitando elegir a quienes ya conocemos como cómplices o amigos de corruptos.
 

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación

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