Salarios: el problema de fondo

Pongamos que se llama Ana. Hace unas semanas, fue a pedir trabajo a una subcontrata de una conocida empresa energética del IBEX 35, de ésas que saquean nuestros bolsillos merced a las tarifas que nos imponen con la complicidad del bipartidismo beneficiario de las puertas giratorias. Le ofrecieron un contrato en prácticas de una categoría inferior al que Ana ya tenía realizado. Desde el propio SEF le indicaron a la empresa que ello, aunque legal, era muy poco ético; vamos, que era una inmoralidad. A través de un tercero, la dirección de la empresa le ofreció, finalmente, trabajar con un contrato de media jornada, pero en realidad para echar unas ocho horas como mínimo. De la inmoralidad a la ilegalidad. Ésa es la realidad a la que se enfrentan millones de jóvenes de este país(y no tan jóvenes), donde la precariedad y las formas de semiesclavitud laboral se extienden como una tenebrosa mancha de aceite, desvertebrando la sociedad y ocasionando un deterioro de la productividad del país y, en consecuencia, de su futuro económico.

Se ha conocido estos días un dato inquietante: el salario medio en 2016 de quienes tenían un contrato inferior a un año fue de 1230 euros brutos, igual que en 2007. Resulta que la pensión media de 2016 fue de 1332 euros. Concluyendo: el salario medio de quienes acceden al mercado laboral empieza a ser inferior a la pensión media en unos 100 euros. No es de extrañar, en consecuencia, que aunque el número de afiliados a la Seguridad Social es ya superior a los que había en los momentos inmediatamente anteriores a la crisis, los ingresos derivados de las cotizaciones son inferiores, lo que ha provocado el vaciado de la famosa hucha de la Seguridad Social y la reducción a partir del 2019(desde 2014 están congeladas en la práctica) de las retribuciones de los jubilados en aplicación del llamado factor de sostenibilidad de las pensiones.

Mucho que ver tiene esta evolución salarial con otro dato económico que resulta sorprendente y que desconcierta a los analistas. Me refiero a que, tras tres años de crecimiento consecutivo, la deuda del Estado se mantiene prácticamente en el 100% del PIB. La razón es obvia: las retenciones en concepto de IRPF de las nóminas son escuálidas porque así son las propias nóminas. Los sueldos pequeños pagan impuestos pequeños, lo que unido a la secular falta de tributación de los ricos de este país, ocasionan que los ingresos de la Hacienda Pública estén actualmente por debajo, en miles de millones de euros, de la recaudación anterior a la crisis, a pesar de que el PIB ya es el mismo. También se recauda menos por IVA: los salarios bajos consumen poco.

Y es que asistimos a una anomalía de la economía de mercado: por primera vez en la época contemporánea coexisten crecimiento de la economía y reducción de los salarios, como manifestaba perplejo hace unos días un conocido economista socioliberal, cercano al PSOE. La razón es simple: una oligarquía que no se desenvuelve en la economía de mercado, sino en el oligopolio, el capitalismo de amiguetes y la corrupción de los políticos, está imponiendo su visión extractiva de la sociedad, dentro de la cual forzar el coste de la fuerza de trabajo por debajo de su valor de reposición, como diría Marx, ocupa un lugar preeminente.

Lamentablemente, el Gobierno, las direcciones sindicales y el empresariado no están por la labor de abordar estar disfunción salarial que amenaza el crecimiento duradero y sostenible de la economía. Todos ellos acaban de acordar una elevación del salario mínimo que sitúa a éste en los 850 euros para 2020, cuando hasta ayer mismo los sindicatos hablaban de unos 1100 euros (el 60% del salario medio, como establece el CES europeo) desde 2018. Y no han contemplado el fin de las reformas laborales, del PSOE y del PP, que están en el origen de la precariedad. El problema de fondo de este país sigue sin abordarse.

* joseharohernandez@gmail.com

 

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación

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