Servicios mínimos, mínimos, mínimos...

En este país nada parece sorprender ya que; entre escándalos zaplaneros, eré-ticos, de cursos desformadores, timos masterizados, casas que se desploman, chalets morados discordantes, narco lanchas, contra-bandos catalanistas,  ligas que se ganan o se pierden, el salto de la reja, presupuestos con 155 condiciones; las multiples huelgas que se desarrollan en el país y sobre todo en los ámbitos educativos y judiciales no parecen tener la menor importancia.

Ello es así porque los medios de comunicación airean lo que les llega de un lado o de otro, y algunos popes de esto de la información han concluido que lo real importa bastante poco al respetable. El que se bloqueen los juzgados, muchísimo más de lo que ya lo están, que no se celebre ni un solo juicio, por la huelga de jueces y fiscales ¡juntos!,  en modo alguno extraña a propios y ajenos. Que decenas de miles de alumnas y alumnos no reciban calificaciones escolares, por la huelga de interinos tampoco suscita inquietud en las familias que confían ¡siempre confían! en que la Junta lo resuelva, doblegando la voluntad de los huelguistas.

Si esto, y mucho más que no se refiere, no causa sorpresa, evidentemente tampoco lo hará la enorme discriminación que se produce cuando los políticos fijan servicios mínimos. En la huelga de sus señorías, jueces y fiscales, los servicios mínimos no van más allá de recoger por ventanilla papeles urgentes y actuar en caso de detenciones y siempre que los delitos sean de importancia, para verlos y verlos, ¡que ya se verán!, cuando acabe el conflicto. Decenas de miles de  causas están paralizadas en Galicia, meses de huelga en los juzgados totalmente paralizados y ningún político de la  Xunta ha enarbolado el derecho constitucional a la Justicia. La reciente huelga de jueces y fiscales en Andalucía ha bloqueado todos los juzgados, llegando en alguno de ellos a ser secundada por el 90% de todo el personal afectado. Y de los servicios mínimos o microscópicos nada de nada se dice o comenta.

Sin embargo en la huelga de docentes por la estabilidad del personal interino, “leña al mono” y a fijar unos servicios máximos que pretenden de forma descarada, aunque no lo consigan, evitar el objetivo de la huelga. ¡Vaya, cargársela!, al más puro estilo franquista, que militarizaba a los huelguista a toque de corneta y punto. Una persona trabajadora que no puede luchar por sus derechos es un esclavo. Y en una sociedad democrática, al menos formalmente, estaría muy feo que la esclavitud existiera. Por eso la ley prevé unos servicios mínimos que sólo deben  garantizar derechos básicos, ¡y sólo eso!.  El que el la Junta de Andalucía reciba datos del profesorado, para poder planificar con holgura el curso próximo, no es un derecho básico, se mire por donde se mire. El invocar el derecho a la educación del alumnado cuando de notas se trata, es reducir la educación a la entrega de un papel. El alumnado ha recibido sus clases, ha desarrollado sus competencias, es algo más maduro que antes de comenzar los aprendizajes… El derecho a la educación está más que garantizado. Los servicios máximos, genéricos e hilarantes que pretende imponer la Junta, al personal docente que pretende con la huelga generar un caos administrativo, nada tienen que ver con el derecho a la educación del alumnado. Recurridos por la CGT están ante los juzgados pero, además, es que al no definirlos los políticos dejan a las direcciones de los centros educativos a los “pies de los caballos”, más cuando, una vez definidos, y tiene dificultad el hacerlo sin forzar las normas, deben ser inequívocamente notificados de manera fehaciente nada más y nada menos a alguien que ya no está porque se encuentra de huelga. A los jueces y fiscales que bloqueen lo que deseen, total muchos de los asuntos les afectan a los políticos, pero a la docencia que no se mueva ni un centímetro. Pero eso ¿sorprende?

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación