Según la Fiscalía General de Estado "no consta" ninguna denuncia en España sobre la “existencia de un plan sistemático, generalizado y deliberado para la eliminación física de los ciudadanos españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno”. Se trata de la cínica respuesta a la justicia argentina, que trata de esclarecer las circunstancias de la muerte de decenas de miles de personas durante la guerra civil y la dictadura posterior.

Decimos cínica respuesta, porque los familiares de las víctimas de cada excavación de fosas del franquismo por parte del Foro por la Memoria interponen una denuncia en el juzgado correspondiente desde hace muchos años, denuncia por crímenes de lesa humanidad o genocidio que siempre es desestimada.

Organizaciones humanitarias y familiares de víctimas de la dictadura de Franco denunciaron el 9 de Abril de 2010 ante la Justicia argentina el genocidio cometido en España entre 1936 y 1977 y hasta las primeras elecciones democráticas. Entonces solicitaron que se pidiera a España la identificación de todos sus presidentes y ministros entre 1936 y 1977, en el marco de la investigación que ayudase a identificar a los responsables de estos crímenes y la detención de los que continúen vivos, entre ellos Manuel Fraga.

También pidieron la misma información sobre los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores Generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española, así como sobre el número de personas desaparecidas y asesinadas y sobre niños sustraídos a sus familias. Asimismo, datos sobre las fosas comunes localizadas y una lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que siguen activas.

Los denunciantes alegaban que los crímenes cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, constitutivos de un delito de genocidio y/o de lesa humanidad, "nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española". "Hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad".

"Hubo un propósito de eliminar a grupos humanos para remodelar la sociedad española".

El documento de respuesta a la Justicia de Argentina -que mantiene el principio de jurisdicción universal recortado recientemente en España- fue enviado por la Fiscalía el pasado 7 de Junio a ese país para tratar de evitar que la denuncia presentada por algunos familiares de víctimas del franquismo argentinas prosperase.

La jueza María Servini de Cubría preguntó al Estado español por vía diplomática por los procesos abiertos contra los crímenes franquistas y el Ministerio Público respondió haciendo referencia al proceso abierto por el juez Garzón: "22 juzgados territoriales en los que se inhibió Garzón archivaron el caso por prescripción de los posibles delitos o tras comprobar que los culpables habían fallecido". Además, la Fiscalía española afirma que ningún juzgado ha aludido a la Ley de Amnistía de 1977 para archivar la causa, a pesar de que sí se ha hecho en múltiples ocasiones, también ante denuncias interpuestas por el Foro por la Memoria.

No es casual que la ONU haya instado al gobierno español a derogar la Ley de Amnistía en varias ocasiones, porque "impide que puedan ser juzgados los crímenes franquistas contra la humanidad” (31/10/08);

“El Comité ha manifestado su preocupación por los obstáculos a los que llevan años enfrentándose las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación; y ha instado a las autoridades españolas a tomar medidas para derogar la Ley de Amnistía de 1977 y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. También pide al Gobierno que establezca una comisión independiente para establecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, y que garantice la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas, y su restitución a los familiares”.

En definitiva, la Fiscalía responde a la justicia argentina argumentando que sí se han investigado los crímenes del franquismo en España, y haciendo referencia al proceso abierto por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, pero sin mencionar que fue interrumpido tras la inhibición de este juez y su posterior persecución que culminó con la suspensión de su cargo.