A través de una pregunta parlamentaria escrita, el eurodiputado de Izquierda Unida se ha dirigido a la Comisión Europea advirtiéndole de los "irreparables daños económicos y sociales" que tendrá la decisión del Comisario Almunia de exigir el pago del conocido como ’tax lease’ ya que "condena al cierre al sector, al paro a miles de familias y a la depresión a pueblos y comarcas enteras".

A pesar de las afirmaciones del Comisario de Competencia apuntando que su decisión no obliga a los astilleros sino a los inversores a hacerse cargo del pago, esta decisión supone generar inseguridad e inestabilidad en el sector naval español.

A esto hay que añadir el hecho de que muchos astilleros se vieron obligados a recoger en los contratos con los inversores el reembolso de esa exención fiscal en caso de darse la situación actual. Para Meyer este hecho, "no solo supone, como ya lleva años pasando, que muchas empresas alejen sus inversiones del sector naval español sino que también es un serio desincentivo al trabajo del resto de astilleros europeos".

"Desde Izquierda Unida siempre hemos defendido que el sector naval, por su carácter de sector estratégico y por su capacidad de generar empleo, debe ser una industria pública a la que se le garantice su viabilidad y continuidad. Más aun teniendo en cuenta la gravísima situación de desempleo generalizado que atraviesa el país y la importancia de los astilleros para determinadas comarcas en términos de empleo", señaló Meyer.

Asimismo, el eurodiputado de Izquierda Unida calificó de "incomprensible y totalmente inaceptable" que la Comisión Europea "haga con el sector naval español lo que no se atrevió a hacer con el francés en 2006 y le exija no solo la retirada del sistema del sistema ’tax lease’, como ya hizo con Francia, sino también el pago acumulado".

Además, el europarlamentario, de cara a la decisión final que deberá tomar el próximo 17 de julio, ha exigido a la Comisión que tenga en cuenta las externalidades positivas de la industria y lleve a cabo una evaluación rigurosa del impacto directo e indirecto que esta decisión "incomprensible" supondrá para el sector español.