Los dos instrumentos legales empleados por el nuevo estado para reprimir económicamente a los vencidos fueron la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939, y la Ley de Confiscación de Bienes Marxistas del 23 de septiembre de ese mismo año de 1939. Estas disposiciones establecían que las propiedades y recursos económicos de partidos, sindicatos, asociaciones, entidades, publicaciones, emisoras de radio y personas “desafectas al Movimiento Nacional” serían confiscadas y una parte pasaría al patrimonio de distintos organismos del Estado y el resto sería subastado.

Así pues, todas las propiedades de los partidos asociaciones y entidades catalanistas, republicanas, de izquierdas y obreras de Cataluña fueron confiscadas. Los archivos y documentos pasaron a ser reunidos en un archivo que terminó teniendo su sede en Salamanca. Muchos locales, mobiliario y maquinaria de las imprentas pasaron a organismos del estado de forma directa. Lo que no fue asignado directamente fue subastado. Las subastas malvendieron muchas propiedades, ya que fueron adquiridas a bajos precios. Hubo casos de presiones e intimidaciones a entidades no sujetas a las confiscaciones para que vendieran propiedades a bajo precio, como ocurrió con la Societat Cooperativa La Gremial de Sabadell.

Muchos inmuebles que tenían préstamos hipotecarios fueron subastados a petición de los bancos y cajas y adquiridos a bajísimos precios por personas notables de los lugares.

Diversos organismos del Movimiento Nacional ejercieron su poder para confiscar patrimonios públicos de algunos Ayuntamientos y, en algunos casos, se dieron privatizaciones no sujetas a ninguna ley, como el caso arbitrario de la venta y tala inmediata del bosque municipal de Can Feu de Sabadell en 1939.

Las Sociedades de Socorros Mutuos y mutuas fueron obligadas a establecer convenios desfavorables con el Instituto Nacional de Previsión que provocaron su dependencia total del organismo estatal y, finalmente la absorción de sus patrimonios.

En Cataluña el cooperativismo había sido muy importante desde el siglo XIX. Existían muchas cooperativas de producción y de consumo. Se calcula que en 1936 existían 280 cooperativas de consumo, más de 600 cooperativas agrícolas, 12 cooperativas industriales y otras de diversas actividades. Las cooperativas estaban integradas por payeses, obreros, empleados, etc., generalmente gente modesta. El conjunto de cooperativas catalanas había reunido, con gran esfuerzo, un importante patrimonio inmobiliario, de máquinas y herramientas. Se calcula que las cooperativas agrícolas catalanas tenían antes de estallar la guerra unos 80.000 asociados y un capital superior a treinta millones de pesetas. La Ley de Confiscación de Bienes Marxistas no concretaba nada en relación con las cooperativas, es decir, no especificaba que fueran entidades que debieran ser confiscadas. Pero, dado su patrimonio, suscitaron la codicia de Ayuntamientos, comerciantes y de los grandes propietarios agrícolas que ejercieron grandes presiones sobre las autoridades franquistas para hacerse con las cooperativas. En aquellas comarcas donde la conflictividad social entre los payeses de las cooperativas y los grandes propietarios había sido tradicional, las cooperativas agrícolas fueron confiscadas. De las 600 cooperativas agrícolas quedaron 140, en 1940.

Las cooperativas confiscadas fueron convertidas en Grupos Sindicales de Colonización, Cámaras Agrarias o Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, organismos regidos por juntas directivas formadas o controladas por grandes propietarios y personalidades franquistas. Las cooperativas que sobrevivieron también fueron controladas por este mismo personal afín al régimen franquista.

La mitad de las cooperativas de consumo, es decir, 130 sobre las 280 existentes en 1936 fueron confiscadas. Las que sobrevivieron tuvieron que aceptar la imposición de nuevos dirigentes franquistas. Una de las cooperativas más famosas había sido Radio Associació de Catalunya, formada en 1935. Pues bien, fue confiscada y convertida en Radio España y, posteriormente vendida por sus nuevos administradores a la cadena SER.

Este artículo se basa en el apartado “Confiscació i espoli del patrimoni dels vençuts”, del capítulo “La repressió dels vençuts”, elaborado por Borja de Riquer, en el volumen VII, titulado, El franquisme i la transició democrática. 1939-1988, de la Història de Catalunya, dirigida por Pierre Vilar (1989), págs. 99-100.