La Asamblea Nacional francesa adopta el texto de la polémica Ley sobre inmigración

Con el apoyo de los diputados oficialistas y del grupo LIOT (Libertad, Independientes, Ultramar y Territorios), el proyecto aprobado esta madrugada revirtió algunos cambios al documento que impulsa el gobierno introducidos en noviembre por el Senado, bajo control conservador, como la eliminación de la Ayuda Médica del Estado a los indocumentados.

También dio marcha atrás al endurecimiento de la reagrupación familiar y las condiciones de acceso a un abrigo de urgencia, impuestas por los senadores de derecha.

Sin embargo, mantuvo medidas adoptadas en la cámara alta, entre ellas las exigencias de aprendizaje del idioma francés, la necesidad de contar con recursos para el proceso de reencuentro familiar y las reformas de la Corte Nacional del Derecho al Asilo.

La primera versión del texto aprobada en la comisión de la Asamblea recoge un “punto intermedio” en el tema de la normalización con pleno derecho del estatus de los trabajadores sin papeles que se desempeñan en empleos bajo tensión, por la falta de mano de obra en Francia.

El Senado había eliminado la regularización de esas personas promovida por el gobierno, retomada por los diputados, aunque sin el derecho automático inicialmente previsto.

Por razones distintas, los partidos de izquierda y la extrema derecha (Agrupación Nacional) se opusieron a la nueva versión, que con seguridad generará encendidos debates en el hemiciclo a partir del 11 de diciembre.

Parlamentarios socialistas y comunistas rechazaron “las concesiones” del proyecto a la derecha y la extrema derecha, cuyos representantes defendieron un endurecimiento de las normas frente a la inmigración.

En su cuenta en la red social X, el ministro del Interior Gérald Darmanin celebró la adopción de la iniciativa en la Asamblea Nacional, donde el camino será tortuoso para lograr consensos.

Según el oficialismo, que perdió su mayoría absoluta en la Asamblea el año pasado, su objetivo no es aprobar el proyecto mediante el artículo 49.3 de la Constitución, que permite hacerlo sin voto parlamentario, y sí a través del convencimiento a otras fuerzas políticas.