Redacción •  Actualidad •  05/07/2018

APDHA exige un “cambio urgente” de modelo en la atención sanitaria penitenciaria

Publica un decálogo con las principales vulneraciones que sufren las personas presas y solicita el traspaso de las competencias a las comunidades autónomas

APDHA exige un “cambio urgente” de modelo en la atención sanitaria penitenciaria

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha exigido a través de un comunicado un “cambio urgente” de modelo en la atención sanitaria penitenciaria, a la luz de las 12 personas fallecidas en lo que va de año dentro de las cárceles andaluzas y que son “consecuencia directa de la vulneración del derecho a la sanidad dentro de prisión”.

En concreto, la asociación explica que esta situación se debe a que el Gobierno central aún no ha transferido las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, algo que debía haber ocurrido en diciembre de 2004 según la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario. En este sentido, la APDHA denuncia que en la cárcel de Botafuegos (Algeciras) han muerto cinco personas en lo que va de año, debido a la gravísima falta de personal que padece desde hace meses, con cuatro médicos de un total de once[1].

Ante esta situación, la organización ha solicitado una reunión con el nuevo secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, al que pretende trasladar las graves vulneraciones que sufren las personas presas en el acceso a la sanidad y la situación en la que se encuentran las cárceles andaluzas.

Por su parte, la asociación también cree que para conseguir la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas es esencial que la lucha por la sanidad universal incorpore a las personas presas. La entidad andaluza sostiene que es necesario apostar, como defienden numerosas organizaciones, por una Atención Primaria de calidad[2], pero que ello no es posible si, como ocurre en el caso de las cárceles, la asistencia sanitaria depende del Ministerio del Interior y no de los servicios autonómicos de salud.

Por ello, la APDHA ha publicado hoy un decálogo sobre la situación de la sanidad penitenciaria dirigido a profesionales del ámbito sanitario, con el objetivo de sensibilizar a las organizaciones que luchan por la defensa de la sanidad universal y espera que sirva como punto inicial de debate y encuentro.

Entre las principales reivindicaciones del decálogo está “la obligada transferencia de las competencias en sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas” que, opinan, traería consigo la mejora de la prestación sanitaria dentro de prisión, como ha sucedido en el País Vasco, que sí cuenta con las competencias transferidas.

Entre los inconvenientes de la situación actual, que tanto médicos como los defensores de los derechos humanos señalan está la dependencia de los facultativos del Ministerio del Interior, lo que en ocasiones hace difícil prevalecer el criterio médico, orientado a la salud del paciente, con el de la autoridad penitenciaria. Otra de las cuestiones denunciadas es la imposición de dispensar productos farmacológicos distintos de los del exterior, algo que fue denunciado por las organizaciones médicas y declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

Al tratarse de administraciones y sistemas distintos, indica la APDHA, ni los médicos de prisión tienen acceso a la historia clínica del paciente que ingresa en la cárcel, ni los profesionales del Sistema Nacional de Salud cuentan con información alguna de un paciente durante su tiempo de condena. “Entrar o salir de prisión es tanto como cambiar de país o, peor aún, como si durante ese tiempo el paciente no hubiera existido”, lamentan.

Por último,  el decálogo del colectivo plantea algo que ya apuntó el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes[3], el registro de forma precisa de toda lesión que se observe en las personas presas por parte del personal sanitario, dado que tanto desde el comité europeo como desde la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura[4] son numerosas las quejas que les llegan por casos de tortura dentro de las cárceles.

 


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