Pueblos indígenas ocupan Brasilia para reivindicar derechos

Con el denominado Campamento Tierra Libre (ATL) 2024, las comunidades se instalarán en el capitalino complejo Fundación Nacional de Artes, vinculada al Ministerio de Cultura.

La organización del ATL incentiva a las aldeas a articular en sus territorios la participación en el evento, que este año tiene como tema «Nuestro Marco es Ancestral: Siempre estuvimos aquí», para conmemorar el aniversario 20 de la mayor movilización indígena del país y la unión entre los pueblos.

«Seguimos movilizados y en la lucha. El ATL es la mayor movilización indígena de Brasil y la expectativa es que el 2024 sea el más participativo de toda la historia, tanto en número de personas, como de representatividad de pueblos», destacó Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil.

Insistió en que este es el «momento de unirnos en las asambleas y debatir los próximos caminos».

En la edición de la ATL de 2023 se realizó una congregación nativa con el lema: «El futuro indígena es hoy. Sin demarcación no hay democracia».

Según los organizadores, la agenda de ahora está sujeta a cambios y, entre otros asuntos, aparecen jornadas dedicadas a la discusión sobre «Redes de Resistencia y Fortalecimiento de la lucha» y «Los desafíos enfrentados por los pueblos indígenas frente a la aprobación de la Ley del Marco Temporal».

También habrá una plenaria dedicada a la articulación internacional entre los pueblos aborígenes para defender sus derechos en las agendas del clima y la biodiversidad.

Asimismo, en otra audiencia se analizarán los caminos para evaluar la efectividad del acceso a la Justicia por las comunidades nativas.

Los indígenas protestan principalmente contra una ley que estableció el llamado marco temporal para la demarcación de sus tierras.

Por la tesis, que el poderoso sector rural logró aprobar en el Congreso, los originarios solo tienen derecho a la circunscripción de los terrenos que estaban en su posesión el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución Federal.

Tal legislación es considerada una afrenta al texto constitucional.

Organizaciones también cuestionan la tesis en el Supremo Tribunal Federal, que ya había derribado ese entendimiento. Piden que la ley sea declarada inconstitucional y suspendida hasta el juicio definitivo en la corte. De igual manera, las comunidades exigen el fin de la violencia contra sus patrimonios, en casos de extracción de recursos naturales como la madera, la minería, la caza y la pesca ilegales, y las invasiones de propiedad vinculadas al acaparamiento de tierras.

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