Canarias tiene un límite, el 20 de abril lo puede determinar

La potente eclosión de las luchas en defensa de la tierra y de las condiciones de vida del pueblo canario, hace ahora 20 años, y que dieron origen a procesos organizativos como el de Asamblea por Tenerife y otros en otras islas, vuelve a manifestarse en estos días por el nulo caso que los sucesivos gobiernos de Canarias han prestado a unas justas reivindicaciones que ahora llevan a la convocatoria de nuevas movilizaciones para el 20 de abril, en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, El Hierro, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura e incluso en La Graciosa.

Fue en 2022 cuando, en una concentración frente a un hotel en el que, con motivo del Día Mundial del Turismo, se celebraba un acto del Gobierno de Canarias, se produjo la intervención de una activista que lo decía todo: «Lo sentimos, pero aún no nos hemos acostumbrado a los desahucios a familias vulnerables, a las muertes en urgencias por la falta de personal médico, a las clases abarrotadas de alumnos en infraestructuras descuidadas, a los trabajos de esclavitud por salarios de miseria y a los incontables expolios del patrimonio natural y cultural de las islas», denunciaba el texto leído, así como que  «el paro juvenil en Canarias es el primero de España y el más grande de Europa». Señalando además, «sabemos que el trabajo que nos da su modelo (turístico) es de miseria y nos empuja a ser exiliados económicos para trabajar por cuatro duros en los países ricos; y más importante, sabemos que la verdadera riqueza que sostiene nuestras vidas no está en las cuentas bancarias de ningún inversor nacional o internacional, sino en la tierra que habitamos y nos sostiene, y en el trabajo de las personas que aquí viven».

Se rechaza el modelo económico de tan nefastas consecuencias, modelo sostenido por la oligarquía canaria y los partidos que se prestan a su gestión, cada vez más dependiente, cada vez más lejos de la soberanía alimentaria, energética, tecnológica, económica, etc. Se planifica y se legisla, en función de los intereses de la oligarquía. Está agotado y no es sostenible ni ambientalmente, ni socialmente ni económicamente, tampoco en cuanto a los objetivos de salud sostenible de Naciones Unidas.

Pesa mucho la frustración de las victorias parciales habidas en las luchas contra el macroproyecto turístico de Cuna del Alma en el pueblo pesquero del Puertito de Adeje, así como contra la construcción de un hotel en la Playa de La Tejita, ambos situados en el sur de la isla de Tenerife, que han llevado ahora a una huelga de hambre, desde el jueves 11 de abril, a diez jóvenes activistas con el objetivo de que se paralicen dichos proyectos. 

También, en las otras islas, además del modelo económico común en general, sobran motivos específicos en todas y cada una de ellas por diversos proyectos contrarios al desarrollo sostenible y a favor de la especulación, la corrupción y la destrucción medioambiental en un escenario de agudización de las desigualdades sociales y deterioro de los servicios públicos por la dilapidación de ingentes cantidades de dinero público en macroproyectos empresariales.

Es el caso, por ejemplo, del proyecto del tren en Gran Canaria que es un disparate que no resuelve los problemas de movilidad de la isla y que hipoteca al escaso territorio disponible, fragmentándolo y afectando terrenos agrarios, y tener un impacto ambiental muy negativo. Al entrar en competencia con las líneas más rentables de Global, estas se verán obligadas a reducir líneas y frecuencia. Con ello se reducen las interconexiones con los pueblos del interior de la isla y en consecuencia el impacto sobre el vehículo privado (principal problema de movilidad interinsular) es nulo o de incremento de este.

El impacto ambiental del tren es tremendo, ya que afecta a suelos productivos agrícolas e industriales, tiene un impacto negativo sobre poblaciones y patrimonios públicos y económicamente no es rentable.

Detrás de este proyecto se esconden intereses privados de grupos de la construcción, especuladores y del sector de auto privado. El conflicto entre capital y territorio se sitúa también en el conjunto del archipiélago con tener una forma de explotación irresponsable con el patrimonio especial de un espacio con las singularidades reconocidas, además el capital ha creado unas divergencias entre las distintas islas en función de los intereses de explotación turística dejando una distribución demográfica desigual y un condicionante sobre los sectores económicos de cada una de las islas.

Canarias es un territorio que no sólo se distingue del resto del territorio español por su desarrollo económico, sino también por su condición geográfica y situación medioambiental. Así, la especulación del suelo canario para la construcción en masa de elementos habitacionales e infraestructuras hoteleras ha sido una constante en el último siglo, que ha llevado a luchas cada vez más sonoras y marcadas en nuestro archipiélago.

La destrucción de nuestro medio movida por los hilos del capitalismo más feroz y una economía basada en la explotación intensiva de la clase trabajadora y el medio natural, sin duda contribuye a su vez de manera activa al desarrollo del cambio climático, un fenómeno caracterizado por su irremediable aumento de temperaturas, tormentas, inundaciones, aumento del nivel del mar, etc. afectando así a la actividad humana y a la vida digna de las clases populares.

Nuestro territorio condicionado por su insularidad, hace que miles de trabajadores y trabajadoras se desplacen a sus centros de trabajo a diario, principalmente hacia zonas metropolitanas y grandes núcleos turísticos, sin una solución real a los problemas de movilidad que se han generado y, por supuesto, para la reducción de los índices de contaminación.

A pesar de que existe transporte público, no existe en Canarias un Plan de Movilidad pensado por y para la clase trabajadora, es necesario trabajar en generar propuestas que incidan en lo económico, en el consumo de recursos y cambio cultural respecto a la idea de movilidad en nuestra tierra. Así, también se hace necesario plantear si la concentración de administraciones e instituciones en las capitales es fundamental en el siglo XXI, pues las zonas rurales siguen siendo las grandes perjudicadas, existiendo una diferencia en el desarrollo de la vida de una persona en capital de isla respecto a zona rural.

De hecho, las zonas rurales destacan sobre todo por su abandono constante de las políticas de sostenibilidad y medio ambiente, y en los últimos años, han sido las grandes expoliadas en beneficio de las capitales de provincia, ciudades y zonas turísticas. Se han cosificado nuestros espacios naturales, provocando auténticos atentados medioambientales en pro de un supuesto desarrollo económico que se traduce en beneficio económico en manos de unos pocos oligarcas.

En suma, el límite pasa por la protección de los espacios naturales, la generación de redes de solidaridad y sostenibilidad en relación a los medios de transporte al alcance de la clase trabajadora y por dar más importancia a los entornos rurales, motores del sector primario en Canarias.

Otra cosa es ir mucho más lejos, dando un giro radical en las políticas económicas, sociales y medioambientales, es decir, cambiar las relaciones de producción en el marco de un proyecto de clase dotado del contenido que precisa la mayoría social, compuesta por la clase trabajadora, profesionales autónom@s, pequeños y medianos empresari@s, pensionistas, jóvenes, personas en situación de dependencia, etc.