César Pérez Navarro •  Memoria Histórica •  04/03/2024

Falange Española y las JONS celebraron el sábado el 90 aniversario de su fusión sin que exista desde el Estado un horizonte para su ilegalización

  • Al acto tuvo lugar el sábado 2 de marzo en en el Teatro Goya de Madrid, y asistieron otros partidos y organizaciones políticas fascistas como España 2000 o Hermandad de la Vieja Guardia, así como representantes de organizaciones extranjeras.
  • Falange Española de las JONS fue el primer partido político legalizado por la Transición el 4 de octubre de 1976. En las últimas elecciones generales, la formación fascista no logró superar el 0,08% de los votos en ninguna de las once provincias en las que se presentó.
Falange Española y las JONS celebraron el sábado el 90 aniversario de su fusión sin que exista desde el Estado un horizonte para su ilegalización

La Falange, Falange Española de las JONS, Hermandad de la Vieja Guardia, España 2000 y otros partidos, asociaciones y organizaciones de extrema derecha acudieron a un acto el pasado sábado en el Teatro Goya de Madrid el que se lanzaron proclamas contrarias a la Ley de Memoria Democrática, además de cantos fascistas como el «cara al sol». También acudieron desde Francia miembros de Les Nacionalistes (antes, Parti Nationaliste Français) liderados por Yvan Benedetti, y dirigentes de partidos políticos de Italia (Forza Nuova), Grecia (Elasyn), Alemania (Nationaldemokratische Partei Deutschlands), Serbia (Srpska desnica), Rumanía (Noua Dreaptă) o Portugal (Frente Nacional Portuguesa) entre otros.

La vigente Ley de Memoria Democrática considera «actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial» (Artículo 38. Actos públicos contrarios a la memoria democrática). En 2023, tras la conmemoración del último 20 de noviembre –aniversario de los fallecimientos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera- los falangistas ya fueron multados por un acto de exaltación de la dictadura y saludos fascistas y vulneración de la Ley de Memoria Democrática. Una sanción catalogada como grave, lo que en este caso implica una multa con cuantías entre 10.001 y 150 mil euros. 

A la par, todos los años se investigan numerosos eventos de otras organizaciones de extrema derecha como el Movimiento Católico Español, que sigue contando con inscripción legal en el registro de partidos del Ministerio del Interior y que realiza de manera habitual distintos actos de apología de la dictadura. En casos como ese, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática solicita «vídeos, atestados y pruebas» que permitan acreditar «el enaltecimiento de la dictadura y los responsables de esas conductas contrarias» a la Ley de Memoria, y algunas concluyen en sanción, lo que no impide reiterar posteriormente nuevas acciones de enaltecimiento que humillan a las víctimas.

Es más, algunas administraciones locales o regionales gobernadas por el PP, o el PP con Vox, como ejemplo reciente la Junta de Castilla y León, utilizan la figura del Bien de Interés Cultural (BIC) u otras triquiñuelas de dudosa legalidad para proteger monumentos que ensalzan la dictadura o, en este caso, a los soldados enviados por Mussolini a España para asesinar demócratas españoles y ayudar al triunfo de un golpe de Estado. Un hecho que Emilio Silva, presidente de la ARMH, calificó hace días como una incitación al odio y una celebración del triunfo de unos asesinos.

A finales de 2015, Unidad Popular-IU, candidatura que encabezaba entonces Alberto Garzón, incluyó en su programa dieciséis medidas acordadas con numerosos colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo de todo el país en una carta a dirigida a la Cortes Generales. Entre los puntos que afloraron en el encuentro estatal de todas las plataformas celebrado en Madrid en octubre de ese año, destacaba la «ilegalización de cualquier organización, partido, fundación o asociación que ensalce, justifique o fomente la ideología, la violencia y todos los actos que el franquismo ejecutó y promulgó». Se trataba de acabar con la impunidad del franquismo desde la raíz. Pero si bien, algunas de esas propuestas sí cristalizaron total o parcialmente en la ley de memoria negociada con el PSOE y otros partidos a la izquierda del arco parlamentario años después, la ilegalización de organizaciones como Falange Española de las Jons se quedó en papel mojado. En su lugar, se estableció un régimen sancionador que por sí mismo no evita futuros actos de exaltación de la dictadura.

Y más allá de Falange o de la Fundación Francisco Franco, existen otras asociaciones como Devenir Europeo o el partido Alianza Nacional reconocidas legalmente y dedicadas a la exaltación del nazismo y de Adolf Hitler entre otras actividades. Se da la circunstancia de que el Tribunal Constitucional determinó en 2007 que negar el holocausto contra seis millones de judíos se enmarca en los límites de la libertad de expresión consagrados por la Constitución española, algo impensable en países como Alemania, Francia o Italia. España se limita a perseguir delitos de odio o que inciten a la discriminación de colectivos vulnerables, pero no se posiciona frontalmente contra ideologías que atentan contra el sistema democrático en vigor.

La actual Falange es la heredera de la Falange fundada el 4 de marzo de 1933 refundada en 1937 bajo la denominación de Falange tradicionalista de las JONS. A día de hoy existe abundante documentación histórica que prueba indiscutiblemente su participación activa en el plan de exterminio perpetrado durante la guerra civil y posterior dictadura franquista contra los oponentes políticos y defensores de la legalidad de la II República.

Incluso Raimundo Fernández Cuesta, secretario general tanto de la primera Falange, como de la fundada en 1937, presidente hasta 1983 de la actual Falange, ministro con Franco en tres carteras diferentes, y secretario general del Movimiento Nacional, reconoció que Falange hizo ‘el trabajo sucio’ durante la Guerra Civil: ‘Fusilar’.


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