Redacción •  Actualidad •  31/10/2017

IU acusa a la FAMP de «dejación de responsabilidades» al no acudir al Parlamento para debate de tramitación de los PGJA 2018

Cortés: "Las organizaciones sociales coinciden en la inoperancia de la Junta por no ejecutar partidas ya aprobadas".

IU acusa a la FAMP de «dejación de responsabilidades» al no acudir al Parlamento para debate de tramitación de los PGJA 2018

Elena Cortés, portavoz adjunta de IU Andalucía, ha realizado una primera valoración de los agentes sociales y económicos que han comparecido en la mañana de hoy en el Parlamento en la tramitación de la Ley de los PGJA para 2018.

Como elemento principal Cortés ha denunciado la «ausencia» de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) «dejando desasistido a los Ayuntamientos andaluces». Para IU se trata de un momento de «crucial importancia» para exigir al gobierno de Díaz el pago y actualización de la Patrica. Califica de «dejación de responsabilidades» que la FAMP, como en años anteriores, no asista a la comparecencia parlamentaria, como lo hace el resto de organizaciones políticas y sociales convocadas, cuando uno de sus objetivos es velar por la financiación de los ayuntamientos para ofrecer servicios públicos a sus vecinos.

En segundo lugar, Cortés ha destacado la crítica formulada por las organizaciones representantes de los autónomos en cuanto a «la falta de ejecución presupuestaria de políticas públicas destinadas a autónomos así como, impagos de subvenciones de 2016». Por tanto, explica la parlamentaria de IU, aún no se han convocado las ayudas de 33 millones previstas en los PGJA 2017.

Cortés también ha destacado la comparecencia de FACUA (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía) que ha criticado la bajada de las partidas presupuestarias de políticas públicas destinadas a la defensa de consumidores y usuarios y también reducción para las Oficinas Municipales de Información al consumidor. También resalta la crítica de Facua por el inexistente desarrollo normativo de la Ley de Consumo del 2003 que obliga a Andalucía a carecer de un plan de estratégico de defensa de los consumidores, «que de manera integral defienda sus derechos ante el aumento de abusos y estafas en los servicios fundamentales (luz, agua, telefonía, servicios financieros, entre otros). IU coincide con Facua ante la ausencia en el proyecto de presupuestos de políticas que garanticen suministros mínimos vitales, «tal y como ha sido acordado en el Parlamento andaluz y Díaz ha obviado».

Finalmente, Cortés se ha referido a las organizaciones agrarias quieren han resaltado «carencia presupuestaria» para políticas que ayuden y faciliten la incorporación de jóvenes agricultores, «con convocatorias sin resolver de años anteriores» y, por supuesto, el recorte de 900 millones de euros para Andalucía que el Gobierno central ha efectuado de la PAC.


Elena Cortés /