Redacción •  Vivienda •  29/07/2020

PAH AlcoSanse reclama un decreto que suspenda los desahucios para toda persona vulnerable

"Afeamos al Gobierno que oficialmente diga medias verdades a Naciones Unidas sobre deshucios, cuando se siguen ejecutando".

La acción de hoy 29 de julio consistirá en el registro del documento de reivindicaciones en las Delegaciones de Gobierno de varias capitales de provincia (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Santander, etc.).

PAH AlcoSanse reclama un decreto que suspenda los desahucios para toda persona vulnerable

Este pasado miércoles 15 de julio, en el Foro de Naciones Unidas, el vicepresidente Pablo Iglesias expuso en nombre del Gobierno el “Informe de progreso 2020, la implementación de la Agenda 2030 en España”. Informe que en sus páginas 94-95 indica que el Gobierno ha promulgado la “suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional”. Desde la PAH de San Sebastián de los Reyes denunciamos que esta declaración falsea parcialmente la realidad:

Desde que en junio se reactivaron los Juzgados han vuelto ya a producirse desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional en varias provincias, entre ellas Madrid o Barcelona. En San Sebastián de los Reyes tenemos prevista la reactivación de 2 desahucios a final de septiembre de personas en precario.

El decreto del Gobierno cubre realmente sólo una parte de los desahucios de alquiler: aquellos donde el inquilino “acredite encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional”, suspendiendo su desahucio hasta máximo el 1 de octubre de este año. Pero esto deja fuera a:

 1. Personas cuya vulnerabilidad es anterior a la pandemia, porque por ejemplo sufrieran un ERE antes del estado de alarma. Un hogar vulnerable que cobre una renta o pensión mínima no habrá dejado de percibirla a causa del COVID-19 pero sigue imposibilitándole encontrar una vivienda de mercado. Sin embargo, será desahuciada y llevada a un albergue para personas sin hogar cuando ni están adaptados para familias con niños ni son un hogar estable y seguro en estos momentos de rebrote vírico.

 2. Además, hay unos requisitos que por su redactado dejan fuera a quienes viven de alquiler en una habitación o quienes compartiendo piso el afectado por el ERTE no es titular del contrato, y otras circunstancias como personas en precario. Texto que no ha sido enmendado pese a las enmiendas facilitadas por la PAH hace meses para mejorarlo y que nadie se quede atrás.

En cuanto a los desahucios por hipoteca, sí se prorrogó la moratoria anterior del Partido Popular incrementando el tope de ingresos para acogerse, pero por ejemplo siguen quedándose fuera hogares sin hijos, pues sólo recoge los casos de vulnerabilidad más grave. Esto significa que podrían verse desahuciadas personas incluso perteneciendo a un grupo de riesgo ante el COVID-19.

En cuanto al Anteproyecto de Ley de Vivienda mencionado en la página 39 para su puesta en marcha este año, la anterior legislatura ya estaba en fase de enmiendas una ley ambiciosa presentada desde la PAH, pero que PSOE y Podemos han dejado en el cajón con vistas a una ley de mínimos, pese a las múltiples dictámenes contra España del Comité DESC de Naciones Unidas.

POR ELLO:

Desde la PAH de San Sebastián de los Reyes nos sumamos hoy a la convocatoria estatal lanzada desde el espacio ‘Plan de Choque Social’, que reclama al Gobierno promulgar de forma urgente un decreto-ley que suspenda los desahucios de todos los hogares vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada. Lo que el Gobierno ante Naciones Unidas dice haber hecho pero que la letra de la ley no recoge para muchos hogares. Esta moratoria real de desahucios daría el alivio necesario para avanzar con buena letra en las reformas legales y la vital ampliación del parque de vivienda social.

La acción de hoy 29 de julio consistirá en el registro del documento de reivindicaciones en las Delegaciones de Gobierno de varias capitales de provincia (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Santander, etc.).


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