Presentan alegaciones al nuevo Plan de Sequías de la cuenca de Segura

La cuenca del Segura presenta el índice de explotación hídrica más elevado de toda España, por encima del 100%, cuando un valor por encima del 40% indica estrés severo. El crecimiento del regadío, que consume el 85% de toda el agua de la cuenca, es la principal causa de esta enorme sobreexplotación hídrica, que hace que las situaciones de Alerta y de Emergencia por escasez hídrica sean el triple de frecuentes que las propias sequías climáticas.

Por ello, la forma más eficaz de reducir las consecuencias de las situaciones de Alerta y Emergencia por escasez coyuntural es reducir las demandas, especialmente la superficie de regadío, para que no superen los recursos renovables disponibles. Además, todos los sectores, incluido el agrario, deben poner en marcha planes de adaptación al cambio climático y a las sequías para reducir los riesgos y las consecuencias negativas, en casos de sequías excepcionales.

Ecologistas en Acción reclama un cambio en las medidas que se aplican en situaciones de sequía prolongada y de escasez hídrica, con el fin de garantizar los usos prioritarios y de aplicar criterios ambientales y de equidad social.

En concreto, solicita que no se reduzcan los caudales ecológicos, por ser ya muy insuficientes, por ser prioritarios frente a los usos del agua a excepción del abastecimiento y por el gran impacto ambiental que supone reducir los caudales ecológicos.

En relación con los pozos de sequía, solicitan que no se implanten en los acuíferos que, cuando están en buen estado, son los que mantienen fuentes y manantiales, humedales y otros ecosistemas del agua con una biodiversidad valiosa.

Además, es necesario un enfoque preventivo, del cual el Plan de Sequías de la cuenca del Segura carece, que establezca reservas en situación de normalidad en las que se excluya toda extracción, con el fin de que tales reservas estén disponibles en situaciones de sequía excepcional.

Por otra parte, Ecologistas en Acción solicita que se descarte como medida en situaciones de escasez, la compraventa privada de agua y se sustituya por los centros públicos de intercambio, para que sea la administración pública, y no el mercado, quien asigne el agua con criterios ambientales y de equidad social.

Estos criterios deberían tenerse en cuenta también a la hora de reducir las dotaciones a los regadíos, de forma que dicha reducción sea mayor en el caso de regadíos intensivos y grandes empresas agrarias, a la vez que se protegen los regadíos históricos y tradicionales y los pequeños agricultores.