Adriana Rodríguez Rengel •  Opinión •  29/12/2017

Bolivia. Un balance de la política alimentaria al 2017

Bolivia. Un balance de la política alimentaria al 2017

¿Qué tanto se avanzó en la seguridad con soberanía alimentaria como plantea el actual gobierno? Si bien podemos observar la otorgación de un rol más protagónico del Estado en los diferentes planes de gobierno, la seguridad con soberanía alimentaria es un solo pilar fundamental dentro de las políticas públicas a ser implementadas, brindando entre ellas las condiciones a los pequeños productores en el marco de fortalecer las costumbres ancestrales y revalorizar los medios tradicionales de producción.

Bolivia logró la meta de reducción del hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) tras disminuir a menos de la mitad la proporción de personas que padecen subalimentación crónica, según el último Informe del Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo, publicado por la FAO. Las políticas públicas de Bolivia se alinean con la revolución verde y el uso de productos químicos y transgénicos, pero no garantizan un aumento de la producción sino que generan desgaste de tierras, contaminación de suelo y agua y pérdidas de recursos.

Para analizar estas políticas y su efecto en 2017 debemos hacer una retrospectiva, considerando las propuestas formuladas a fines del año 2005 para alcanzar los siguientes objetivos: a) impulsar la seguridad y soberanía alimentarias; b) mejorar la contribución de la agricultura y los bosques a los medios de vida de la población; y c) impulsar el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales.

Impulso a la producción agroecológica u orgánica

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRT), junto a la Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia (Aopeb), viene trabajando en una propuesta para modificar la Ley 3525 de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica, promulgada el 21 de noviembre de 2006.

El deseo de cambiar la producción convencional a una agroecológica viene desde hace más de 10 años. Los esfuerzos no han tenido el efecto deseado, y una de las mayores dificultades se debe a la escasa inversión en la producción de insumos orgánicos, como el abono, necesario para enriquecer el suelo y aumentar la producción.

El gobierno inauguró la Planta Petroquímica de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo en septiembre de 2017 para consolidar la industrialización de los recursos naturales con un costo de $us 953 millones. Dicha planta producirá por día 1.200 toneladas métricas de amoniaco y 2.100 toneladas métricas de urea granulada. Estos fertilizantes responden a la necesidad de la producción de mediana y gran escala del país, mientras que los pequeños productores que pretenden impulsar la producción agroecológica quedan fuera de este “beneficio”.

Si se maneja un discurso en pro de los derechos de la naturaleza y apoyo a los pequeños productores con sus prácticas ancestrales y comunitarias  ¿Por qué no invertir parte de los recursos productivos también en una planta de producción de fertilizantes naturales? Pues no sólo se trata de abastecer el mercado interno de alimentos al 95%, sino de controlar los medios de producción incentivando las prácticas de la agricultura familiar.

Transformación de la estructura de tenencia y acceso a tierras y bosques

La base de esta política es la denominada “Reconducción del Proceso Agrario” cuyo principal objetivo es la redistribución de la tierra no trabajada y poseída ilegalmente, exclusivamente a campesinos e indígenas, acelerando el proceso de saneamiento en favor de Territorios Indígenas, consolidando las propiedades rurales trabajadas y revirtiendo las tierras ociosas de los latifundistas. Las dos principales entidades responsables de aplicar esta  política son el INRA y ADEMAF.

En 2017 se evidencia una inconclusa reforma agraria, en vista de los conflictos entre tierras comunitarias de origen (TCO) y los sectores sin tierra, uno de ellos  registrado en julio de 2017 en el municipio de Ascensión de Guarayos, con diez personas heridas y al menos 20 viviendas quemadas.

A pesar de su relevancia productiva, las zonas de valles y altiplano de los departamentos de La Paz y Cochabamba, principales productoras de alimentos tradicionales de consumo interno y donde vive la mayor parte de la población rural, no han sido priorizadas aún. Cerca del 40% de la superficie de cada uno de estos departamentos todavía no ha ingresado al saneamiento. Asimismo, poco más de 4 millones de hectáreas del departamento de Santa Cruz y casi 3 millones en el Beni se hallan en la misma situación.

Transformación de los patrones productivos y alimentarios para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural

Para la ejecución de esta política se aprueba en 2008 el Plan de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Años después, se acude al nuevo plan sectorial y se reitera el mismo objetivo. En la transición de la primera a la segunda gestión del gobierno de Evo Morales (2010-2017), el MDRT había perdido su principal componente, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que pasa al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Otras normas implementadas durante estos seis años son múltiples decretos supremos y reglamentos que restringen temporalmente la exportación de productos alimenticios y, contradictoriamente, permitiendo la masiva importación de alimentos con el fin de garantizar el aprovisionamiento del mercado interno y contener las alzas de precios de la canasta familiar.

Los casos de corrupción desatados en entidades estatales en los tres últimos años han causado revuelo a nivel nacional e internacional, como el caso EMAPA, que fue revelado en octubre de este año por los ministros de Justicia y Desarrollo Productivo, Héctor Arce y Eugenio Rojas, quienes reportaron un daño económico de 150 mil bolivianos por la venta de maíz subvencionado a granjas avícolas fantasmas.

Más préstamos, e invasión de organismos internacionales

En marzo de 2017, mediante la Ley 912 se aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF por la suma de hasta $us70.000.000 al “Programa de Apoyo a la Gestión de Políticas Públicas para la Seguridad Alimentaria”, que demuestra la dependencia que aún tenemos como Estado para financiar políticas que consideramos importantes, sobrecargando la deuda pública externa.

La FAO afirmó que en 2017 destinará al menos 8 millones de dólares de la cooperación para ejecutar 15 proyectos en áreas como la lucha contra la pobreza y el hambre, soberanía alimentaria y cambio climático, financiando diferentes programas de gobierno.

A manera de conclusión

El Estado debe participar en la producción de los alimentos estratégicos para la soberanía alimentaria del país, para lo cual debe terminar con la política de apertura comercial irrestricta para proteger la producción nacional. Debe brindar mejores condiciones de mercado, en primer lugar creando una cooperación a mayor escala permitiría crear mercados regionales de alimentos, para incrementar el consumo de los alimentos naturales de origen campesino e indígena y reducir el de los alimentos ultrapreparados y junk-food. En segundo lugar debe invertir en las condiciones de transporte de alimentos, a través de las empresas estatales, si bien ha generado emprendimientos al instalar las ferias del precio justo, el mayor costo del proceso de comercialización de la producción se encuentra en el transporte.

*    Politóloga de la UMSA. Master en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y El Caribe en la UNSAM. Investigadora sobre seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia.
 * Fuente: la-epoca.com.bo

 


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