PRI / Archivo •  Redacción •  Actualidad •  01/03/2019

Un informe calcula en 352.474 toneladas por año, la exportación de residuos electrónicos de la Unión Europea a países en desarrollo

  • La Fundación EQUO puso en circulación 45 dispositivos con rastreadores y los depositó en puntos limpios de 5 ciudades españolas, uno de ellos acabó en Nigeria.
Un informe calcula en 352.474 toneladas por año, la exportación de residuos electrónicos de la Unión Europea a países en desarrollo

La Fundación EQUO, junto con la organización global de vigilancia ambiental Basel Action Network (BAN) ha publicado un estudio que durante 2 años ha hecho un seguimiento de los residuos electrónicos en 10 países de la Unión Europea, incluido España. 
 
Para la realización del estudio se instalaron GPS en 314 ordenadores, impresoras y monitores antiguos, que posteriormente fueron llevados a los puntos limpios correspondientes. A nivel global, un 6% de los equipos fueron exportados de manera ilegal a países como Ghana, Hong Kong, Nigeria, Pakistán, Tanzania, Tailandia y Ucrania, fuera de la UE.
 
El informe titulado “Agujeros en la economía circular: Fugas de los residuos electrónicos en Europa”, estima que los flujos descubiertos, si se extrapolaran con cifras relativas a la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Europa, haría un total de 352.474 toneladas por año,  que se mueven desde la UE a países en desarrollo. El flujo de los residuos electrónicos desde Europa es claramente del norte hacia el sur y del este hacia el oeste.
 
En España, durante mayo de 2017 se pusieron en lugares de recogida oficiales un total de 45 dispositivos electrónicos con rastreadores en cinco ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla. Tres de ellos fueron dejados en la calle para comprobar también la “gestión informal” de los dispositivos. Dos de los tres fueron desmantelados en menos de 24 horas. De los 42 dispositivos depositados en zonas de recogida oficiales: 6 no se han movido aún del punto de recogida en el año y medio que ha pasado, 2 acabaron siendo desmantelados al aire libre sin reunir las condiciones mínimas y 1, depositado en el punto limpio Ecoparque Picassent, Valencia, acabó en Nigeria.

Igualmente es destacable el elevado número de kilómetros que hacen muchos de los dispositivos, por ejemplo, algunos depositados en Valencia se enviaron finalmente para su gestión en Badajoz o Madrid. Tal como apuntan los datos globales del informe, la media de kilómetros recorridos por cada dispositivo desde el punto de recogida al de destino es de 4.127, una distancia superior a la que hay entre Madrid y la capital de Nigeria.

Pepe Larios, presidente de la Fundación EQUO ha subrayado que “la Unión Europa no está cumpliendo con el Convenio de Basilea, ratificado por todos los estados miembro. Y lo que es aún peor, está intentando socavar su propia legislación con la excusa de “exportar para reparar” que es un coladero para gestores sin escrúpulos”.

Además, “La industria electrónica a través de su lobby Digital Europe and ITI (Information Technology Industry Council) intenta añadir modificaciones en la directiva tendentes a facilitar la exportación de basura electrónica tóxica”, insiste Larios.

De los 10 países estudiados (Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, España y el Reino Unido), todos los países, excepto Hungría, participaron en las exportaciones. El Reino Unido fue claramente el peor infractor con 5, y la mayoría de ellos fueron a África. Italia, Alemania, España, Irlanda y Polonia también enviaron RREE a terceros países.
 
En estos países, los residuos son sometidos a operaciones de reciclado peligrosas por debajo del estándar que involucraban la exposición de los trabajadores y la contaminación del entorno con métodos de extracción, quema, fusión o extracción de ácido químico utilizados para extraer cobre, oro, acero y aluminio. Si bien algunos de los equipos fueron reparados para su uso posterior, incluso en estos casos, las partes tóxicas que contienen sustancias como mercurio, plomo y retardantes de llama bromados que no pudieron reutilizarse se descartaron o quemaron en vertederos.
 
El informe recomienda a la Unión Europea un mayor esfuerzo para cumplir sus obligaciones con el Convenio de Basilea y una revisión de las políticas de economía circular para acabar con las exportaciones ilegales y peligrosas para las personas y el medioambiente.


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