Carta a Fernando Grande-Marlaska: alerta sobre la situación de las temporeras en Huelva

Sr. D. Fernando Grande-Marlaska

Ministro del Interior Gobierno de España

Atentamente,

Estimado ministro,

Como Europarlamentarios y Europarlamentarias, nos hemos pronunciado en reitera- das ocasiones sobre las condiciones de vida y de explotación de las personas migrantes en territorio europeo. En este caso concreto queremos llamar su atención sobre la situación de los temporeros y las temporeras en la provincia de Huelva. El relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, visitó el campo de Huelva poco antes del inicio de la pandemia del coronavirus, justo durante la campaña de la recogida de la fresa. Durante su visita, quedó impresionado por las condiciones de vida de las temporeras y temporeros, que describió como unas condiciones “mucho peores que un campamento de refugiados”, “como animales”, “mientras grandes empresas ganan millones de euros”.

Este no es un fenómeno nuevo, y existen casos similares en otros países, como ocurre en Alemania con el espárrago y en Italia con el tomate. Pero en cuanto al caso español, sí que ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años en relación al aumento de los cultivos de la fresa y frutos rojos. Así, la degradación permanente de las condiciones de vida y laborales de los/as jornaleros/as se ha convertido en un pilar fundamental del llamado milagro económico del “oro rojo”, que ha transformado a Huelva en la primera potencia europea con unas 400.000 toneladas de fresones y otros frutos rojos, 11.500 hectáreas de cultivos y exportaciones por valor de 1.200 millones de euros al año.

Estos mismos jornaleros/as que se ven obligados a vivir en infraviviendas en poblados chabolistas, en los márgenes de los campos de cultivo, aún teniendo recursos económicos para poder alquilar una vivienda, se encuentran con la imposibilidad de poder hacerlo, ya que ni los empresarios ni los propietarios de las viviendas de los diferentes municipios donde trabajan, se las facilitan. Jornaleros/as que durante el confinamiento por la crisis sanitaria han constituido un sector económico “esencial” para que la comida llegue a nuestras mesas. En cierta medida, el confinamiento ha arrojado luz sobre quiénes están realizando principalmente este trabajo esencial, y en qué condiciones: de explotación y semi-esclavitud, sin derechos, en infraviviendas, sin acceso al agua, sin luz, sin condiciones de salubridad y sin servicios sanitarios para hasta unas 5.000 personas, repartidas en unos 50 asentamientos. En España suman 15.000 entre este y otros polos como Almería y Murcia.

La situación de los asentamientos chabolistas de la comarca de la fresa en Huelva no es nueva, y a pesar de ello ni la patronal ni las instituciones atajan la situación buscando algún tipo de alternativa habitacional para los miles de jornaleros/as que se desplazan cada año a la región. Por si no fuera poco, estos campamentos son en demasiadas ocasiones pasto de las llamas, con una frecuencia que hace sospechar que no solo se debe a las altas temperaturas o a la precariedad de su situación, sino que en muchos casos pueden ser provocados.

Solo en la última semana, el incendio de tres poblados chabolistas habitados por trabajadoras migrantes del campo ha dejado a más de 400 personas sin techo en la provincia de Huelva. El fuego no solo ha destruido sus casas y sus escasas pertenencias, sino también documentación vital para sus aspiraciones de regularización. El último fue en la madrugada de este viernes 17 de julio, cuando las llamas arrasaron parte del poblado chabolista ubicado a la vera de la “Pista del Corchuelo”, muy cerca del Esta- dio Ciudad de Lepe, en lo que podría ser un incendio provocado por uno o varios vecinos de la localidad. Mientras, el Ayuntamiento sigue sin responder a la emergencia habitacional, a pesar de que podría habilitar alguna de las numerosas dependencias municipales, tales como polideportivos o escuelas, que continúan sin actividad por la pandemia, como ya se ha hecho en otras ocasiones en este municipio. Todos sabemos que si cualquier vecino o vecina hubiera perdido su casa o, más aun, si un barrio entero de Lepe hubiera ardido pasto de las llamas, esa misma noche las personas afectadas hubieran contado con la ayuda de las diferentes administraciones asegurando que nadie durmiera en la calle.

Queremos trasladarle nuestra preocupación porque no se esté abordando por parte de las instituciones la emergencia habitacional coyuntural producida por los propios incendios, pero también estructural que obliga año tras año a miles de personas a tener que malvivir en poblados chabolistas sin ningún tipo de servicio mínimo. En este sentido, pedimos no solo que se de una solución habitacional inmediata a las personas afectadas por los incendios, sino que además se apliquen lo antes posible las recomendaciones del relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, sobre las condiciones de vida y de trabajo de los temporeros/as en el campo español.

Así mismo, entendemos que el Ministerio del Interior no puede seguir permitiendo que los ayuntamientos se estén negando a empadronar a las personas migrantes tal y como denuncian numerosas ONGs que trabajan sobre el terreno. Como bien sabe, el empadronamiento es un elemento fundamental para que las personas puedan acceder a servicios básicos como la asistencia sanitaria y los servicios sociales, entre otros, además de ser el paso inicial imprescindible para la regularización de la situación administrativa. En el caso de las y los temporeros en estos asentamientos chabolistas, se carece de un titulo legal valido que acredite el domicilio para el empadronamiento, pe- ro el Real Decreto 1690/1986 recoge opciones para hacer efectivo este trámite. Esta modalidad sin embargo no se aplica, suponiendo el primer paso en la negación del acceso a una regularización y unos derechos básicos. Por ello demandamos que el Ministerio del Interior se asegure de que se cumple con las disposiciones que contempla la ley y se empadrone a todas aquellas personas que lo soliciten.

El Real Decreto 13/2020 permitió que jóvenes extranjeros de 18 a 21 años adquiriesen permiso de trabajo temporal en el sector agrario durante la pandemia para asegurar que se salvaran las cosechas. A través de este gesto quedó claro que una regularización amplia no sólo es posible, sino necesaria, y que jurídicamente no habría obstáculos, sobre todo si se considera el derecho al trabajo como derecho universal. Y es que no existe otro enfoque para la regularización que no sea el de derechos, rechazando la premisa según la cual la población inmigrante solo merece consideración si económicamente aportan más de lo que reciben de parte del Estado.

También nos gustaría recordarle el último pronunciamiento (19 de junio de 2020) del PE donde se pide una mayor protección para los trabajadores transfronterizos y temporeros, donde se destaca que se necesitan más medidas para asegurar el derecho a las salud y a la seguridad, así como mejores condiciones de trabajo, incluyendo la viviendas digna. La resolución en cuestión también se presentó como resultado de la crisis COVID-19, que expuso y exacerbó aún más el dumping social y la precariedad existente en las situaciones de muchos trabajadores/as temporeros/as del sector agroalimentario de la UE.

Para terminar, en el actual contexto, un gobierno que se autodenomine progresista no puede sino afrontar una regularización administrativa urgente, de aplicación inmediata para las personas en situación administrativa irregular. Es por ello que le demandamos que como se ha realizado en otras ocasiones en nuestro país o se está realizando en otros países de nuestro entorno, que se proceda a poner en marcha una regularización extraordinaria urgente.

Atentamente

Miguel URBÁN CRESPO, eurodiputado (GUE/NGL)

María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP, eurodiputada (GUE/NGL)

Idoia VILLANUEVA RUIZ, eurodiputada (GUE/NGL)

Pernando BARRENA ARZA, eurodiputado (GUE/NGL) Ernest URTASUN, eurodiputado (Greens/EFA)

Diana RIBA I GINER (Greens/EFA)