Tratado de Derechos Humanos y Multinacionales: el Gobierno desoye el mandato del Parlamento

Este lunes 15 de octubre, comenzaba en la sede de Naciones Unidas en Ginebra la cuarta sesión de trabajo del tratado de derechos humanos y empresas, con el objetivo de establecer un instrumento jurídicamente vinculante que proteja a las comunidades locales y ponga fin a la impunidad con la que multinacionales cometen violaciones de derechos humanos.

Cada semana tienen lugar más de 5 asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo. Tan solo en 2017 más de 300 personas fueron asesinadas por proteger los derechos de sus comunidades por encima de los intereses económicos. Crímenes que, en la mayoría de los casos, quedan totalmente impunes. Para legislar en este sentido y evitar estos abusos desmedidos, desde Naciones Unidas se está trabajando en la creación de un instrumento jurídicamente vinculante.

Este tratado, defendido por más de 200 colectivos y organizaciones, bajo la «Campaña Global para desmantelar el poder Corporativo y poner fin a la Impunidad», podría prevenir y remediar los daños y violaciones producidas por las empresas transnacionales, cuestionando el predominio de inversionistas y negocios asentados sobre los tratados comerciales por encima de los derechos humanos.

A lo largo de estos años la posición de la Unión Europea ha ido virando de un punto a otro a la hora de apoyar un tratado con medidas firmes contra las violaciones de multinacionales. Este último año la UE obstaculizó completamente la herramienta legal en la que se viene trabajando.

El Estado Español que podría haber tomado la iniciativa y decantarse por un tratado a favor de los derechos humanos, tal y como ha incorporado a su discurso en la legislatura, lejos de mantenerse coherente, cumple con la misión de no participar y sólo escuchar a otros estados. Ante este importante debate la postura de la misión española es la de no romper la disciplina de la Unión Europea que ha decidido seguir sin participar ni activa ni positivamente.

La posición de la misión española contradice las palabras de Belén Fernández, Secretaria Ejecutiva de Cooperación Internacional del PSOE que, en una reunión mantenida la semana pasada en Madrid, afirmó ante miembros de la campaña que «siempre han apoyado un instrumento jurídicamente vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos» y que “iban a seguir apoyando y no cambiarán de criterio». Ante nuestras dudas, Belén Fernández se comprometió a contactar con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores para garantizar que la posición del partido era coherente con lo que defendiera la representación española en la reunión de Ginebra.

El gobierno español ha decidido así desoír el mandato de las dos proposiciones no de ley aprobadas por el parlamento español durante la primera mitad de 2018, presentadas por los grupos parlamentarios del «Partido Socialista» y de «Unidos Podemos», y que instan a una participación activa al gobierno en este proceso.

Las organizaciones sociales firmantes exigen que el gobierno de Pedro Sánchez tome la palabra en Ginebra y muestre, como ha hecho en recientes ocasiones, que un Estado puede abrir un debate en el seno de la UE y hacer avanzar la defensa de los Derechos Humanos.

Derechos para los pueblos, reglas para las empresas.

Organizaciones firmantes: 

Alianza por la Solidaridad
Amigos de la Tierra
ATTAC España 
Comisiones Obreras (CCOO)
Ecologistas en Acción
Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte
Fundación APY
Greenpeace España
InspirAction
Novact
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània
Observatori DESC
SUDS