Redacción •  Vivienda •  04/04/2023

Aprobada en Sitges la primera moción impulsada por las inquilinas de VPO de La Caixa

  • Las inquilinas de La Caixa de toda Catalunya convocan una manifestación en defensa de la vivienda pública el 15 de Abril en Sitges.
Aprobada en Sitges la primera moción impulsada por las inquilinas de VPO de La Caixa

El Pleno del Ayuntamiento de Sitges aprobó el pasado 30 de marzo una moción en defensa de las inquilinas de Vivienda de Protección Oficial de La Caixa. La moción fue impulsada por el Sindicat de Llogateres en representación de más de 2.000 familias inquilinas de La Caixa de toda Catalunya, y se prevé que se presente también en otros municipios donde hay inquilinas afectadas por la misma problemática.

Las inquilinas de La Caixa de Sitges se concentraron antes ante el Ayuntamiento junto a otras entidades en defensa de la vivienda y los derechos sociales. Además, el próximo 15 de abril han convocado una manifestación en Sitges en defensa de la vivienda pública.

El Sindicat de Llogateres impulsará durante las próximas semanas mociones en una decena de municipios con promociones de VPO de La Caixa afectadas por las prácticas especulativas. Las mociones señalan la actitud especuladora de La Caixa con las inquilinas de VPO e instan a los consistorios a interferir y presionar a la entidad para detener las expulsiones y el acoso hacia las inquilinas y garantizar la función social de las viviendas.

La moción reprueba a La Caixa e insta a los ayuntamientos a intervenir para garantizar el derecho de las inquilinas

El contenido de la moción presentada reconoce, en primer lugar, la operación de traspaso de la propiedad de las viviendas de la Obra Social a otras filiales de CaixaBank (Immocriteria, Building Center) que han cesado en la función social de las viviendas y han empezado a hacer un uso especulativo. En segundo lugar, insta a los ayuntamientos a intervenir y presionar a La Caixa para que cese las prácticas de acoso hacia los inquilinos y garantice el derecho a la vivienda (paralización de los procesos judiciales y desahucios, renovación automática de los contratos a precios sociales, eliminación de las cláusulas abusivas, aplicación de la 1/2022 para los supuestos de exclusión residencial, retorno de las inquilinas expulsadas, cesión de los pisos vacíos, mantenimiento y conservación de los inmuebles y reconocimiento del derecho a asociación de los inquilinos). Por último, la moción insta también a los ayuntamientos a aplicar y desarrollar la ley 18/2017 del derecho a la vivienda y a promover vivienda pública de protección oficial con criterios garantistas que impidan los usos especulativos.

Vivienda pública y regulación del mercado: las claves para garantizar el derecho a la vivienda

Durante el último año nos hemos estado organizando con centenares de inquilinas de viviendas de protección oficial propiedad de la Obra Social La Caixa de más de 30 municipios de Catalunya y hemos podido constatar como La Caixa está especulando sistemáticamente con las viviendas de las promociones VPO construidas entre el año 2002 y el 2012 y financiadas con al menos 25M de euros públicos. El 1 de marzo, desde el Sindicat de Llogateres y la campaña Destapem La Caixa presentamos la informe «Vivienda de Desprotección Oficial: el caso de La Caixa», y denunciamos el modelo fallido de vivienda de protección oficial en Catalunya. Desgraciadamente, este caso no es una excepción, es la consecuencia de un modelo de promoción de VPO diseñado para facilitar el lucro de las promotoras privadas a través de la financiación pública y que no prioriza en ningún caso el objetivo de consolidar un parque de vivienda pública al servicio de la sociedad.

En plena crisis estructural de acceso a la vivienda, es evidente que hay que hacer un giro rotundo en las políticas de vivienda que nos han llevado a sufrir más de un millón de desahucios en la última década y a destinar más de un 40% de nuestros ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca.

Mientras, desde el Sindicat de Llogateres exigimos la recuperación de la Regulación de los Alquileres, como herramienta eficaz y veloz para bajar los precios del alquiler y garantizar la asequibilidad de la vivienda, exigimos también a la administración pública que, en primer lugar, se responsabilice de la situación de las miles de inquilinas que viven en VPO, y en segundo lugar, que promueva una VPO al servicio de la ciudadanía.


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