El Congreso aprueba la propuesta de En Comú Podem de instar al Gobierno a retirar los conciertos educativos en las escuelas que segregan por sexo

Así, en la subcomisión del Pacto de Estado de Educación se ha aprobado que se apruebe un acuerdo para acabar con este tipo de conciertos educativos en aquellos centros, generalmente de órdenes religiosas como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, que diferencien a las alumnas y alumnos por una cuestión de sexo.

El diputado de En Comú Podem Joan Mena ha defendido durante la comisión que estos conciertos deben retirarse “por una cuestión pedagógica, legal y de coherencia”, ya que, según ha expresado Mena, “está demostrado y así lo indican varios informes de la UNESCO, que la escolarización diferenciada genera una discriminación por motivos de sexo que debe desaparecer de un sistema educativo democrático”.

A su vez, el diputado de En Comú Podem ha asegurado que “la escuela, especialmente la financiada por dinero público, no debe caer nunca en la segregación. No hay que segregar ni por cuestiones de lengua, ni de religión, ni de origen geográfico o social y, por lo tanto, tampoco por cuestiones de sexo”.

Finalmente, el texto aprobado, que ha contado con los votos en contra de PP y abstención de PdeCat y C’s, también promoverá un acuerdo del Gobierno con las Comunidades Autónomas para evitar que se prorroguen o den más ayudas a los centros que segreguen por sexo.

El Congreso aprueba la propuesta de En Comú Podem de potenciar la contratación pública de alimentos con criterios de responsabilidad social y medioambiental

La comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde la Proposición No de Ley (PNL) de En Comú Podem de potenciar la contratación pública de alimentos con criterios de responsabilidad social y medioambiental. Tal y como ha recordado el diputado de En Comú Podem Jaume Moya, el estado español cuenta con un Plan de Contratación Pública Verde desde 2008, pero este no incluye los productos alimenticios y sus objetivos están lejos de alcanzarse.

En este sentido, Moya ha explicado que «la administración pública es el principal consumidor del Estado: destina entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales a las compras alimentarias», una cifra que equivale al 0,3% del PIB o a la mitad del presupuesto del Ministerio de Agricultura. De todo lo que se compra, el 70% procede de mayoristas mientras que sólo el 10% de media se adquiere directamente al sector primario, es decir, a los campesinos o a través de canales cortos de comercialización. Esta proporción es muy baja respecto a otros países europeos, donde la media es del 18%.

Es por ello que la PNL aprobada insta al Gobierno a desarrollar un Plan de Contratación Pública Alimentaria que complemente, amplíe y actualice el plan existente al respecto. «El Estado debe asumir su papel protagonista dentro del mercado de productos del sector primario, y ha de reorientar la inversión del gasto con criterios sociales y ambientales», ha dicho el vocal de la comisión de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente durante su intervención.

La aplicación de un protocolo de este tipo «fortalecerá la producción agroalimentaria local, siendo una herramienta clave para crear, fortalecer y extender una red de mercados locales viables, y tendrá consecuencias importantes a nivel económico, social, medioambiental, sanitario y cultural», en palabras de Moya. Así, este plan favorecerá que la riqueza se quede en el territorio, permitirá avanzar en la reducción de gases de efecto invernadero y acercará el productor y el consumidor, entre otras ventajas.

La PNL ha sido aprobada con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos, ERC y el Grupo Mixto, mientras que el PP se ha abstenido.