Amplio apoyo médico y social para una Ley Integral del Amianto
Sociedades médicas, Grupos Ecologistas y Asociaciones de Víctimas, instan al Gobierno de España a desarrollar una Ley Integral del Amianto.
Asociaciones de víctimas del amianto procedentes de toda España, así como diversas organizaciones ecologistas y sociedades médico científicas como, Ecologistas en Acción, SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica), SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica), SEMFYC (Sociedad española de medicina de familia y comunitaria), ICAPEM (Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres) y OMC (Organización Médica Colegial), Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER), Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) y SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) instan al ejecutivo español a crear un grupo de trabajo interministerial para desarrollar una Ley Integral del Amianto, a través de un manifiesto suscrito por los citados, ante la lacra que ha supone la exposición al amianto, que se ha cobrado más de 70.000 vidas en España y que se espera se duplique esta cifra en las próximas décadas.
Se propone una Ley con carácter multidisciplinar que venga que proteja a la población de los efectos nocivos de la exposición al amianto, para eliminar de nuestras vidas y de la sociedad todos los elementos estructurales que contengan amianto, así como la limpieza y desamiantado delos vertidos y prevenir de la posible exposición a los trabajadores que necesariamente se tienen que hacer cargo de estas labores, que en muchas ocasiones, no son conscientes de la exposición al amianto que asumen, por no estar identificada la presencia del amianto, situación lamentablemente recurrente en los últimos años.
El 16/07/2020, el Grupo para una Ley Integral del Amianto a través de una comisión, presentó al Director General de Calidad y Evaluación Medioambiental, Don Ismael Aznar Cano, del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la perspectiva medioambiental de la propuesta de Ley Integral del Amianto, trasladada al Gobierno de España, y a los Ministerios de Sanidad, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Trabajo y Economía Social.
Se ha trasladado la inaceptable y alarmante situación del amianto en vertidos ilegales como es el caso de las 90.000 toneladas de amianto que hay en Santa María de Benquerencia (Toledo), el mayor vertedero de amianto de toda Europa, así como de cientos de puntos de terrenos contaminados en España, como es el caso de Getafe (Madrid), Pinto (Madrid), Móstoles (Madrid), Chiva (Valencia), Altza (País Vasco), Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Barrio Bellavista (Sevilla) entre otros tantos.
Los firmantes del manifiesto por la Ley Integral del Amianto, solicitan a los Ministerios de Sanidad, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Trabajo y Bienestar Social, que coordinados bajo la Presidencia del Gobierno de España, se aborde este proyecto legislativo, que permitirá salvar miles de vidas en los próximos años, para lo cual además de censar y erradicar el amianto, es necesario invertir en la investigación de los diferentes cánceres producidos por el amianto, para poder salvar las vidas de aquellos que desarrollarán la enfermedad en los próximos años, y que aunque se retire el amianto, a hoy no tienen expectativas de sobrevivir la enfermedad.
Consideran que se ofrece una oportunidad ante la inminente dotación de fondos europeos para la reconstrucción económica de España, para destinar una parte a tratar de salvar muchos miles de vidas, mediante el desarrollo de una Ley integral del amianto, que necesita una gran financiación.
Todas las organizaciones médicas coinciden que cualquier exposición al amianto, por mínima que sea, comporta un grave riesgo para la salud, incluso la Organización Mundial de la Salud, es contundente al advertir que no existe un nivel de exposición a las fibras de amianto que no comporte riesgo, es decir una sola fibra respirada es suficiente para que tras 40 años de media, se desarrolle cáncer mortal de necesidad. Por lo tanto, es un problema de salud pública, laboral y medioambiental.
El amianto está muy presente en todas nuestras ciudades y pueblos y nadie está libre de inhalar sus fibras puesto que la mayor parte del amianto instalado ha concluido su vida útil y está degradado, desprendiendo al ambiente cada vez una mayor cantidad de fibras mortales. No solo en infraestructuras y construcciones, también en restos de obras de restauración y reformas de viviendas, locales, naves industriales, vertidos controlados y otros abandonados, cuyas fibras se esparcen por el viento a kilómetros del foco de exposición.
La Resolución sobre los riesgos para la salud relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente 2012/2065 (INI) aprobada por el Parlamento Europeo en 2013 y al Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo “Erradicar el amianto en la UE” (2015/C 251/03) obliga a los estados miembros de la Unión Europea insiste en el carácter prioritario que deben tener para los estados miembros y para las instituciones comunitarias la eliminación del amianto de forma segura.
Existe en nuestro territorio una gran cantidad de inmuebles e infraestructuras con amianto, en muchos casos, en grave deterioro, además de escombreras abandonadas con este material de forma ilegal que producen la liberación al ambiente de incontables cantidades de fibras que van a ser inhaladas por todo el conjunto de la sociedad. Unido a la carencia de instrumentos legislativos para la eliminación del amianto y la pasividad y silencio de décadas al respecto impulsa a los firmantes del manifiesto a instar al Gobierno a tomar acciones decididas y eficaces para conseguir que España esté libre de amianto en el año 2028 para recuperar el tiempo perdido y no quedarnos atrás en la lucha contra esta Pandemia del Amianto.
Del infrareconocimiento al tratamiento de los residuos
El manifiesto propone un amplio abanico de ejes de actuación que debieran quedar al amparo de la norma que se promueva, entre otros:
1.- Necesidad instruir un fondo de indemnización para las víctimas del amianto (FIVA).
2.- Aplicación de índices reductores en la edad de jubilación.
3.- Promover el censo de los elementos fabricados con amianto o que contengan asbesto tanto en edificios públicos como privados y su erradicación segura priorizando el desamiantado de escuelas e instalaciones frecuentadas por niños y niñas, dada la especial vulnerabilidad de la población infantil.
4.- La mejora del Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), seguimiento de los planes de desamiantado.
5.- Desarrollo de proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos de diagnóstico precoz de los cánceres del amianto, y lograr avances significativos en el tratamiento de las personas afectadas, para salvar vidas
6.- Terminar con las dificultades de los afectados y afectadas a la hora de acceder al reconocimiento del origen profesional de las patologías causadas por la exposición al amianto.
“Es necesario, urgente e inaplazable trasladar que la salud es lo primero, al contexto del amianto. Hoy estamos a tiempo de salvar decenas de miles de vidas y de evitar prolongar la pandemia de casos de cáncer y otras enfermedades derivadas de la exposición al amianto”.
El Manifiesto de la Ley Integral del Amianto se puede visualizar en este enlace.