La justicia colombiana libera al ex presidente Álvaro Uribe

La jueza Clara Salcedo concedió la libertad inmediata del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, asegurando que no puede haber privación de la libertad sin imputación de cargos, beneficio que había sido solicitado por el abogado defensor, Jaime Granados, y que fue respaldado por la Fiscalía y la Procuraduría.

Al comienzo de su intervención, la jueza expresó que «esta funcionaria no revisará la providencia de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia», que determinó que Uribe podía ser juzgado por las imputaciones en su contra,.

Añadió que “no se concibe la validez de una medida de aseguramiento sin una previa formulación de imputación”, que es la diligencia en la que la Fiscalía le comunica a un sindicado que lo va a investigar.

La jueza argumentó que la privación de la libertad es distinta en los dos sistemas y que tampoco se pueden equiparar. No obstante, aclaró que no se cuestiona la decisión de la Corte Suprema de Justicia ni su validez, por lo que en ese sentido llamó la atención al fiscal Gabriel Jaimes Durán.

El caso de Uribe Vélez quedó en manos de la justicia ordinaria luego de que el líder del Centro Democrático renunciara a su curul en Senado, el pasado 16 de agosto.

La Corte Suprema de Justicia ordenó a comienzos de semana que el proceso contra Uribe debía realizarse a través del sistema penal acusatorio, mientras sus abogados solicitaron que la investigación arrancara de cero.

El caso contra el expresidente se basa en supuestos sobornos a testigos para que acusaran a opositores y encubrieran su participación en la creación de grupos paramilitares.

«Gracias a Dios», escribió Uribe en su cuenta de Twitter tras escuchar la decisión de la jueza en el marco de una audiencia virtual que se realizó este sábado para decidir sobre su libertad, la cual era pedida por su defensa, por la Fiscalía General y por la Procuraduría General (Ministerio Público), de modo tal que pueda asumir su defensa extramuros.

Uribe, en calidad de senador, era investigado desde el año 2018 por la CSJ en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran, por lo cual su caso se soportaba en la Ley 600 del año 2000, que rige para el juzgamiento de los integrantes del Congreso.

Investigaciones de la Corte darían cuenta de que con dicha manipulación de testigos Uribe buscaba que los exparamilitares cambiaran su versión y en cambio declararan en contra del senador Iván Cepeda, quien logró obtener los testimonios de esos testigos, que señalaron a Uribe de conformar un grupo paramilitar.