Escrivá se reúne con las asociaciones de autónomos para abordar un nuevo sistema de cotización acorde a los ingresos reales del trabajador

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se reunió ayer con los representantes de las principales asociaciones de autónomos para abordar la adaptación de su sistema de cotización en base a sus ingresos reales. A la reunión acudieron el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, y la secretaria general de UATAE, María José Landaburu.

Por parte del Ministerio, también asistió el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, y los directores generales de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, y de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto.

En la reunión, la primera en la que se aborda este tema, el ministro recalcó que “debe reformarse el sistema, siguiendo la recomendación número 4 del borrador del Pacto de Toledo”, que aconseja la transformación gradual del sistema de cotización para reforzar la homogeneización de la acción protectora de la Seguridad Social, así como la contributividad del trabajador autónomo. En cualquier caso, Escrivá ha subrayado la “importancia de que el nuevo sistema sea consensuado con los representantes de los trabajadores autónomos”.

La propuesta inicial del Ministerio, sobre la que se ha iniciado el diálogo con las asociaciones, plantea que los nuevos trabajadores por cuenta propia elijan su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos que tendrán. Escrivá ha planteado un sistema flexible, que se pueda modificar a lo largo del año y que se regularice un año después, incluso con la posibilidad de que se devuelva el exceso de cotizaciones pagado por el trabajador.

Actualmente, la mayor parte de trabajadores autónomos (sin perjuicio de tener acceso a determinadas deducciones) eligen las bases de cotización para el cálculo de las cuotas a la Seguridad Social y de las prestaciones, con independencia de los rendimientos obtenidos de sus actividades económicas.

Cuadro: El Economista. Fuente: Ministerio de Trabajo.

Una de las obligaciones que conlleva darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es el pago mensual de la llamada “cuota de autónomos”, que varía cada año. En este 2020, en España la cuota mínima se ha situado en 286,15€/mes. Aunque los nuevos autónomos pueden acogerse a la tarifa plana y pagar solo 60€ al mes durante el primer año. Para conseguirla, no se puede haber estado dado de alta como autónomos en los dos últimos años, ni ser administrador de una sociedad mercantil o autónomo colaborador.

La cuota de autónomo en España es la más cara de Europa, aunque también tiene una de las mejores coberturas sanitarias de Europa. La cotización de los autónomos a la Seguridad Social permite a los 3,3 millones de afiliados al RETA el acceso a las prestaciones por jubilación, baja por maternidad o paternidad, enfermedad profesional y accidente laboral, baja por enfermedad común y formación continua en una cuantía proporcional a la cuota que estén abonando. Asimismo, se pueden bonificar el 100% de la cuota desde el segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta, siendo España el único país de la Unión Europea en el que la cuota cubre esta contingencia.

Según los cruces que ha realizado el Ministerio de Inclusión con la Agencia Tributaria, en 2018 había 2,2 millones de autónomos con rendimientos de actividades económicas (RAE). Más de la mitad de ellos tuvieron en 2018 unos rendimientos menores al salario mínimo interprofesional (SMI), por lo que su aportación a la Seguridad Social sería menor que la actual con el nuevo sistema.

Esta reunión ha sido la primera sobre la adaptación de la cotización de trabajadores autónomos a sus ingresos reales, por lo que a partir de ahora se abre el diálogo con las asociaciones para consensuar el nuevo modelo. En lo que va de año, el Ministerio de Inclusión ha llegado a varios acuerdos con las asociaciones de trabajadores autónomos para poner en marcha las medidas de protección de este colectivo por los efectos de la COVID-19.