PSOE, PP y C´s votan contra excluir «torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o lesa humanidad» de la Ley de Amnistía

En abril de 2010, Izquierda Unida e ICV pidieron en el Congreso que la Ley de Amnistía dejase de interpretarse como una ‘ley de punto final’. Se proponía añadir un artículo: “en ningún caso será de aplicación la amnistía a los actos criminales de genocidio o de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la presente ley”, pero la Proposición de Ley cayó en saco roto. 

En julio de 2011 fue el Bloque Nacionalista Gallego quien pretendió modificar la Ley de Amnistía de 1977 con carácter retroactivo para posibilitar la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista. La modificación pretendía excluir de la Ley de Amnistía los crímenes de lesa humanidad y evitar que prescribiese su aplicación, porque según el BNG no era lógico que tras 75 años del golpe militar fuese posible revisar «las atrocidades» de la dictadura. En aquel momento el PSOE lo rechazó junto a PP porque «la reforma resultaba prácticamente innecesaria».

Son las dos ocasiones más sonadas en las que el bipartidismo se opuso a modificar uno de los pactos no escritos durante la Transición. Otras intentos para acabar con la impunidad de los crímenes más atroces cometidos en España han llegado desde organizaciones no gubernamentales tales como Amnistía Internacional y en repetidas ocasiones desde la Organización de las Naciones Unidas. Según la legislación internacional, estos crímenes nunca prescriben, pero los jueces españoles utilizan sistemáticamente esta ley para amparar sus negativas a investigar crímenes de lesa humanidad anteriores a 1976.

CUATRO PETICIONES DE LA ONU DESOIDAS POR EL ESTADO ESPAÑOL

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó en julio de 2015 al estado español que derogase o enmendase la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedieran investigar todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. El Comité mostró entonces su «preocupación por la posición del Estado parte de mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias» y reiteró «su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del pacto». Asimismo, los expertos del Comité se mostraron «preocupados por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas». Desde la ONU se insistió en que «el Estado parte debe velar por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas».

No era la primera vez que la ONU pedía expresamente a España la derogación de la esta ley de impunidad. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ya se refirió en febrero de 2012 a uno de los procesos abiertos contra el juez Baltasar Garzón para investigar más de 100.000 casos de desapariciones forzadas presuntamente ocurridas durante la guerra civil española y el franquismo. El portavoz de la ONU, Rupert Colville, indicó que del mismo modo, España está obligada a enjuiciar a los responsables de esos actos y a reparar a las víctimas recordando que así lo recomndendó Comité de Derechos Humanos en enero de 2009: «España debía revocar la ley de amnistía de 1977, la cual no está en conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos«.

Pero hay otra llamada de atención anterior desde la ONU. En 2008 ya instó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y a a crear una comisión que permitiese a las familias exhumar e identificar a los desaparecidos. El gobierno del PSOE fue el primero en ignorar a Naciones Unidas.

Un estado, el español, que ha ratificado la Carta Internacional de Derechos Humanos suma ya cuatro reclamaciones desde la ONU para tomar medidas serias respecto a la Memoria Histórica y remarca la derogación de la Ley de Amnistía.

Esta Ley de octubre de1977 fue en su día uno de los argumentos que utilizó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, durante el gobierno Zapatero, contra el sumario del juez Garzón para llevar a cabo una investigación acerca de los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Siempre se ha utilizado para evitar juicios por evidencias de crímenes de lesa humanidad tras la apertura de fosas de la dictadura franquista y denuncias por parte de familiares descendientes de víctimas o asociaciones de la memoria.

Desde el PCE u organizaciones estatales como el Foro por la Memoria insisten en «formalizar una verdadera reconciliación y armar definitivamente de contenidos democráticos la convivencia en nuestro país» y, para ello «superar sin más dilación, las siguientes cuestiones»:

• Anulación de las sentencias de los tribunales franquistas.

• Declaración de nulidad de la ley de amnistía.

• La apertura de las investigaciones sobre lo ocurrido durante la guerra y la posterior dictadura en relación con el recorte de derechos y delitos contra la paz y crímenes contra la humanidad.

• Aplicación de la normativa internacional sobre derechos humanos para el caso español.

• Ley de memoria histórica: derogación de los puntos que impiden la apertura de procedimientos penales.

• Derogación de las últimas reformas de la Justicia Universal.

• Equiparación de las víctimas de franquismo a los derechos establecidos para el resto de víctimas.

LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO, OTRA VEZ SALVAGUARDADA POR PP, PSOE, Y TAMBIÉN CIUDADANOS

En este contexto, en el día de ayer, el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos rechazaron la Proposición No de Ley (PNL) de Unidos Podemos – En Comú – En Marea para añadir un artículo a la mencionada ley de Amnistía que aclarara que no puede ser aplicable a los delitos de «torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o lesa humanidad» cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En esta ocasión, ni siquiera ha pasado de la Comisión de Justicia, que la ha rechazado con 16 votos en contra, 10 a favor y una abstención.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, ha argumentado que la PNL es de «baja calidad democrática», que «una cosa es conocer la verdad de lo que sucedió y otra cosa es exigir responsabilidad penales» y que el Congreso, no es una «asamblea en la facultad».

Para Ciudadanos, pasar la PNL sería «enmendar la plana» del camino realizado durante la Transición. «No queremos revisar el pasado. Estamos orgullosos de las personas de un lado y de otro que superaron esa división. No estamos estamos dispuestos a reabrir heridas» ha añadido José Ignacio Prendes.

El diputado del PSOE, por su parte, ha hablado el golpe de Estado, de la Guerra Civil, de la dictadura y la Transición, ha alabado la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, ha criticado que el PP no la haya implementado y -a continuación- ha dejado al personal boquiabierto votando contra la propuesta de Unidos Podemos tantas veces reclamada por la ONU.

Los tres partidos han argumentado que «no se puede derogar la Ley de Amnistía» -que es lo que ha pedido la ONU en cuatro ocasiones- a pesar de que la PNL de Unidos Podemos ni siquiera reclamaba ya eso. Se trataba de incluir un artículo para que los delitos de «torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o lesa humanidad» no sigan amparados por esa ley de punto final. Así pues, una vez más, el PSOE, habiendo apoyado iniciativas para juzgar la dictadura franquista, mantiene con su voto una ley de impunidad que evita que tal juicio pueda tener lugar.