La pandemia recrudece la violencia contra las mujeres defensoras de Derechos Humanos en América Latina

24 de noviembre.-  La violencia de género contra las mujeres defensoras de derechos humanos se ha recrudecido en los últimos meses, especialmente en América Latina, en un contexto político en el que muchos gobiernos han limitado las libertades aprovechándose de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. La invisibilidad de estas mujeres y sus luchas, en la mayoría de los casos ligadas al expolio de los recursos naturales en sus territorios, pero también en defensa de la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, hace difícil tener cifras globales del impacto de esta violencia en el continente.

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de Noviembre, Alianza por la Solidaridad-Action Aid hace un llamamiento para que los líderes del mundo se comprometan contra la criminalización y persecución de las defensoras y se utilicen todos los resortes internacionales existentes (organismos y relatores de la ONU, Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc) para denunciar estos hechos, así como para investigar estos crímenes y proteger las  vidas de las defensoras, cuyos crímenes y agresiones rara vez son penalizados por la justicia.

Datos de diferentes organizaciones ponen de manifiesto cómo, durante los últimos 10 meses, en distintos países de Latinoamérica se ha registrado un incremento generalizado en las agresiones contra mujeres defensoras, ya sea en forma de desprestigio y estigmatización, represalias administrativas, amedrentamientos, detenciones arbitrarias e incluso criminalización y homicidios. Hasta el pasado mes de agosto, sólo en Centroamérica y México (Mesoamérica) se han registrado 25 asesinatos de personas defensoras, de las que 10 fueron mujeres, según los casos recogidos por la organización IM-Defensoras.

Cabe señalar que gobiernos como los de El Salvador, Honduras o Guatemala adoptaron estrictas medidas de confinamiento, con “toques de queda” o “estados de excepción”, cuya aplicación ha incrementado la violencia contra las mujeres. De hecho, entre marzo y noviembre de 2020, según IM-Defensoras, las alertas por agresiones recibidas en Mesoamérica aumentaron un 123% respeto al mismo período del año anterior: si en 2019 fueron 61, en 2020 ya son 136. También aumentaron las detenciones arbitrarias, las campañas de desprestigio, la represión y la criminalización.

En las dos últimas semanas, con la llegada de devastadores huracanes a Centroamérica, además de destrucción, Alianza por la Solidaridad –Action Aid denuncia que aún ha habido más recortes a las libertades y más violencia contra mujeres defensoras indígenas, tal como se está constatando en Guatemala en los últimos días.

La organización denuncia, asimismo, cómo en muchos de estos países se ha aprovechado la pandemia para practicar recortes presupuestarios en instancias destinadas a la protección de los derechos humanos, como es el caso de Guatemala, donde el nuevo presupuesto para 2021 reducirá recursos para la Procuraduría de Derechos Humanos, mientras los proyectos extractivos han gozado de un trato preferencial, desde las concesiones mineras en Honduras a las talas en Panamá y Brasil o las obras de hidroeléctricas también en Guatemala.

En Brasil, por ejemplo, organizaciones amazónicas de mujeres denuncian el desmantelamiento de redes de defensoras de derechos humanos desde la llegada al poder de Jair Bolsonaro, lo que ha reducido los espacios de participación y promovido la difamación contra las defensoras desde instancias oficiales. Sólo en libertad de expresión, el país cayó 18 puntos en un año, ocupando el número 94 en un ránking de 161 países, el segundo más bajo de toda América del sur.

En Colombia, según datos del Instituto de Estudios para la Desarrollo de la Paz señalan que en cuatro años (hasta julio 2020) han sido asesinadas 131 mujeres defensoras colombianas, suponiendo el 14 % del total de los homicidios durante el Gobierno de Duque, crímenes que rara vez logran resolverse, lo que otorga una  sensación de impunidad de los autores.

Por otro lado, como concluye el informe DesTieRRRadas de Alianza por la Solidaridad, muchas de las defensoras de derechos humanos en este continente, frente a esta violencia social e institucional, carecen de redes de apoyo dado que a menudo son discriminadas y agredidas por sus propios compañeros de lucha, al mismo tiempo que sufren una violencia por su liderazgo en el que en las campañas de difamación y acoso se incluye la violencia sexual explicita y violencia por su condición de mujeres.

Ante estas situaciones, desde Alianza por la Solidaridad-Action Aid, demanda:

• Más financiación para acciones destinadas a derechos de las mujeres que permitan mantener un compromiso sostenido de apoyo a organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos.
• Garantías de acceso a justicia para acabar con la impunidad de los agresores, con sistemas de protección que garanticen a las mujeres su derecho a la participación y movimiento.
• Abstenerse desde España y la Unión Europea de participar y financiar en proyectos e iniciativas empresariales que vulneran el medio ambiente y a quienes lo defienden
• Promover un monitoreo internacional de la situación de las defensoras de derechos humanos en Latinoamérica para tener datos desagregados y lo más fiables posibles de la violencia que sufren.

Informe DesTierRRRadas