IU apuesta en el Parlamento Europeo por reducir las ratios de alumnos por clase y aumentar el número de profesores en la UE

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado, publicado y abierto a adhesiones la petición realizada a Bruselas para que se reduzca la ratio del alumnado en las aulas, al tiempo que se aumente el profesorado en todos los niveles educativos de los países miembros de la Unión Europea (UE). Esta petición la formuló el pasado mes de mayo Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Díez es también profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y miembro del Foro de Sevilla, Redes por una nueva Política Educativa y Uni-digna.

La Comisión de Peticiones valora que esta iniciativa ‘entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea’, por lo que ha pedido a la Comisión Europea que ‘consideren la inclusión de la reducción de alumnos por aula y el aumento del número de profesores en todos los niveles educativos dentro del diseño del Espacio Europeo de Educación’.

El derecho de petición es un instrumento democrático que ofrece la posibilidad de dirigirse a las instituciones de la UE para presentar reclamaciones y solicitar su intervención. El Parlamento Europeo ha considerado siempre las peticiones como un elemento clave de la democracia participativa.

En concreto, esta petición busca impedir que un derecho fundamental como la educación inclusiva pueda ser vulnerado si no se articulan medidas efectivas para reducir las ratios educativas desde infantil a la Universidad y aumentar el número de docentes en correspondencia con ellas. De ahí que se solicite al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que pongan fin a una situación de incumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales en materia educativa, así como a la posible violación de la normativa comunitaria y de derechos recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, especialmente en la actual situación como consecuencia de la crisis del Covid-19.

Las recomendaciones de la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea establecen, en materia de ratios, que en la educación infantil se requiere una persona especialista por cada 4 bebés de 0 a 12 meses (1/4); 1/6 de 12 a 24 meses; 1/8 de 2 a 3 años y 1/15 de 3, 4 y 5 años. Por su parte, en las enseñanzas obligatorias -de 6 a 16 años- las aulas no deberían superar los 20 estudiantes por grupo-aula para poder responder a la diversidad del alumnado y desarrollar una educación más inclusiva y personalizada.

Asimismo, el Plan Bolonia establecía que para reforzar el trabajo individualizado en las aulas universitarias debería haber un máximo de 30 estudiantes por aula y que a partir de 38 supondría la formación de un segundo grupo. La realidad constata que en la mayoría de Estados miembros todo esto no se cumple.

El Área Federal de Educación de Izquierda Unida considera que “la adecuación de la ratio de alumnado por aula es una medida clave no solo para respetar la distancia social necesaria frente al Covid-19, sino como instrumento necesario en los sistemas educativos para garantizar la inclusividad y luchar contra el abandono y el fracaso escolar”. Es también una medida “imprescindible para garantizar la seguridad sanitaria de alumnado, profesorado y personal en los centros educativos”.

De la misma forma, IU entiende que la actual pandemia puede suponer “una oportunidad para poner los pilares esenciales de una educación inclusiva con recursos, como siempre se ha demandado en las declaraciones y documentos de la UE”. Estas medidas deben ir acompañadas, como se reclama en la petición, de la inversión pública necesaria en todos los Estados miembros de la UE.

Se solicita también a la Comisión Europea que remita esta petición a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE para que investigue si hay posibles violaciones de los mismos ante la falta de reducción de ratios y de aumento de profesorado correspondiente. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de revisar y aprobar normativa y cuando se evalúe la posibilidad de legislar elementos comunes en torno a las ratios de alumnado por grupo-aula que asegure el cumplimiento de los derechos fundamentales. Además, se insta a las autoridades competentes a adoptar con carácter de urgencia las medidas necesarias para resolver los problemas señalados.