El Supremo reactiva las diligencias para decidir si reabre la causa especial para investigar a Juan Carlos de Borbón e impone a IU y PCE una fianza de 12.000 euros para ejercer la acusación

Lunes, 30 de noviembre 2020.

El Tribunal Supremo ha decidido reactivar las diligencias relativas a la causa especial 21092/2018 y ha dado el primer paso importante para resolver si decide reabrirla o no. La causa tiene su origen en la querella que Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, además del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, presentaron ante la Sala de lo Penal del Supremo contra el ex jefe del Estado y actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas por la supuesta comisión de 13 delitos.

La querella original se registró en diciembre de 2018, fue archivada en verano de 2019 y los querellantes solicitaron su reapertura a finales de julio pasado, lo que ha motivado los nuevos movimientos del Supremo. La Sala de lo Penal ha comunicado un auto a los interesados en el que les impone una fianza de 12.000 euros “para el ejercicio de la acción popular que se pretende”. De la misma manera, da al Partido Comunista de España y a Izquierda Unida ocho días para que depositen en metálico dicha cantidad, lo que pretenden hacer a lo largo de esta semana.

Los querellantes solicitaron en el escrito de julio dirigido a la Sala Segunda del Supremo “reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación”. Esta misma sala archivó en un tiempo récord las pocas actuaciones que ordenó el año pasado antes de inadmitir en apenas seis meses la querella inicial, sobre la que ahora debe decidir si reabrirla o no.

La querella va dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, contra su ex amante Corinna Larsen (antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein), el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía jubilado y ahora en prisión José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.

Los querellados se reparten la imputación de hasta 13 delitos -siete cometidos presuntamente por el rey emérito-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

El ponente designado entonces fue el propio presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Manuel Marchena Gómez. El último auto dictado indica que los cinco magistrados que deben resolver la causa ahora son los mismos de entonces salvo Francisco Monterde Ferrer, que se ha jubilado. Es decir, la sala está compuesta por Manuel Marchena Gómez, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer García y Susana Polo García, esta última en sustitución de Monterde.

Izquierda Unida y el Partido Comunista de España argumentaron en el escrito que da pie a esta reactivación de las diligencias que el Tribunal Supremo sí está capacitado para investigar a día de hoy a Juan Carlos de Borbón y al resto de querellados a la vista de los nuevos supuestos hechos delictivos conocidos tras el archivo de la querella inicial.

Además, están también las diferentes actuaciones que se han pusto en marcha desde diversos ámbitos judiciales para investigar esas acciones realizadas por el rey emérito y otras personas que pertenecían a su círculo de confianza.

Los querellante argumentaron, entre otras razones, que “existen nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación 38/2018 remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado S.M. Juan Carlos de Borbón”, por lo que “procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación”.

Alegan que ya no es válido el argumento empleado por el Supremo hace un año de que ‘los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional’.

Insisten también en que después de que el Tribunal Supremo decidió archivar la causa especial “ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella”. En este sentido, recuerdan que “la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras diversos contactos con la Fiscalía suiza, el expediente de las diligencias de investigación 38/2018 incoadas por la Fiscalía Anticorrupción” al objeto de que investigue los “fondos irregulares” que Juan Carlos de Borbón “habría tenido depositados en Suiza y relacionados con los pagos realizados por Arabia Saudí”.

“Pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado -advertían ya en julio los querellantes-, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la Fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos”.

Además de lo anterior, después de que IU y el PCE solicitaran formalmente la reapertura de la causa se han sucedido diversas actuaciones judiciales para investigar nuevos casos que tienen a Juan Carlos de Borbón como protagonista. A comienzos de noviembre se conoció que la Fiscalía del Supremo había decidido abrir una tercera investigación al ex jefe del Estado, después de que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) alertara de nuevas irregularidades.

Distintas informaciones apuntan que esta nueva investigación la asumirá directamente la Fiscalía del Alto Tribunal y no la Fiscalía Anticorrupción. tras haber recibido este último departamento un informe de inteligencia financiera que afecta al rey emérito.

Se trataría de la segunda actuación sobre Juan Carlos de Borbón que se pone en marcha a raíz de una alerta del Sepblac, que ya denunció operaciones irregulares por parte del teniente coronel Nicolás Murga -ayudante de campo del rey emérito- para pagar en su nombre gastos millonarios.

Las operaciones se habrían realizado con cargo a una cuenta controlada por el millonario mexicano Allen Sanginés Krause, tal y como investigaba ya la Fiscalía del Supremo en otras diligencias abiertas. Una vez que el coronel Murga pagaba las elevadas facturas, era remitidas al Palacio de La Zarzuela a nombre de Juan Carlos de Borbón.

Además de estos dos casos, la Fiscalía del Supremo investiga el desvío de 65 millones de euros que el ex jefe del Estado realizó a Corinna Larsen, procedentes de una supuesta donación de Arabia Saudí. Esta operación se ejecutó en 2012, cuando aún era rey. Está por ver si la inviolabilidad de la que gozaba en función del cargo le protege ante estos hechos, lo que podría llevar al archivo de las investigaciones relativas a él, no sobre el resto de los protagonistas, lo que aún no se ha hecho público oficialmente.