El cierre de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira atenta contra los derechos de la mujer en prisión

Las mujeres presas representan el 7,30% de la población reclusa, lo que por sí solo es un factor de discriminación. Las cárceles son mayoritariamente de hombres, con una cultura y organización interna para hombres, lo que origina que la mujer en prisión padezca además de la pena de reclusión, la de no tener clasificación interior, menor oportunidades, prestaciones o acceso a trabajo dentro de las prisiones, entre otras.

Por tanto, cerrar la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, solo sirve para aumentar la discriminación de la mujer dentro de las prisiones, y la apuesta de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias de seguir aislando a las mujeres en cárceles de hombres.

Las consecuencias son múltiples y todas negativas. Se produce una dispersión por motivo de género. Si el centro penitenciario donde va a cumplir la interna no tiene unidad de madres, o un programa específico de tratamiento, si no hay oferta laboral, o no tiene un departamento de régimen cerrado o de primer grado para mujeres, son trasladadas a otros centros penitenciarios, pudiendo perder el arraigo familiar, es decir, son penalizadas doblemente.

Dependiendo de la secretaría general de IIPP hay 3 prisiones de mujeres, en Ávila, Madrid I y en Alcalá de Guadaira (Sevilla). El 24 % de las mujeres que ingresan en prisión residen en Andalucía, la primera Comunidad Autónoma con más mujeres presas.

Para CCOO, cerrar Alcalá de Guadaira es una involución del sistema penitenciario en España, que ya ha provocado el desarraigo de madres trasladadas a Alicante sin poder ver a sus otros hijos mayores de 3 años y que no pueden convivir con ellas dentro de prisión, por ejemplo.

La coartada para hacer una doble condena a la mujer en prisión no puede ser la de mejorar la situación del Hospital psiquiátrico.

CCOO lleva años luchando por mejorar los servicios de salud mental en prisiones, y pasa primero por reconocer que las cárceles no son psiquiátricos. Hay que cambiar el tratamiento de la enfermedad mental en prisión, y sobre todo mientras se hacen los cambios contar con los recursos humanos y materiales necesarios. No se puede tratar la enfermedad mental sin contar con psiquiatras en las prisiones, como sucede ahora mismo en las cárceles.

La salud mental no se mejora castigando a la mujer en prisión, sino con programas que desarrollen la oportunidad de seguir el tratamiento externamente cuando sea posible, con alternativas sanitarias y de salud para la enfermedad y con los recursos necesarios para este tipo de pacientes.

Asimismo, el sindicato rechaza que se haya anunciado el cierre de la prisión de mujeres sin haber negociado con los sindicatos en la mesa de negociación de prisiones las condiciones laborales en las que va a quedar el personal afectado por esta decisión, tanto el personal de hospital psiquiátrico, como la plantilla de Alcalá de Guadaira.

CCOO ya ha manifestado a Instituciones Penitenciarias que los cambios laborales que se puedan producir deben ser voluntarios y garantizando que en ningún caso puede haber pérdidas de condiciones laborales o retributivas del personal afectado.