Coordinadora de Vivienda de Madrid: «Madrid no come luces»
El Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre aprobó un nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, que introduce nuevas medidas de protección para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, introduciendo además una serie de mejoras para asegurar la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes.
La paralización de los desahucios es una medida que llevamos pidiendo más de diez años y, por esa razón, desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid nos alegramos de la aprobación de este Decreto.
Los desahucios de familias vulnerables sin alternativa de vivienda digna son contrarios a los compromisos adquiridos por nuestro país en materia de derechos sociales, son un sinsentido en un contexto de pandemia y, sobre todo, son una vulneración injusta y cruel de los derechos humanos más elementales de cientos de miles de personas.
No queremos dejar de señalar 0que, a pesar de que este decreto constituye un alivio para muchas familias, no deja de ser una medida escasa y corta de miras; sin mencionar lo obsceno de que se vaya a compensar económicamente a los grandes tenedores de vivienda cuando son los principales responsables de que tantas familias se encuentren al borde del desahucio.
Lo más preocupante de este Decreto es que no es más que una medida de emergencia y que pospone, sin solucionar de fondo, la gigantesca ola de desahucios que se avecina en mayo.
Los colectivos que firmamos este comunicado no podemos aceptar sin más meros paños calientes sino que reclamamos la aprobación, a la mayor brevedad, de una Ley de Vivienda de ámbito estatal que responsabilice a las administraciones de una vez por todas de proteger el derecho de todos a una vivienda digna, tal y como se recoge en el artículo 47 de nuestra Constitución.
Porque no toleramos ni un desahucio más, ni ahora ni en mayo, exigimos que en las siguientes semanas se legisle en las siguientes direcciones:
– La administración debe estar obligada a proporcionar una vivienda digna y asequible a quien la necesite o responder ante los tribunales por negligencia en materia de derecho humanos,
– Ningún desahucio debe ejecutarse sin que se tenga en cuenta la situación concreta de la familia desahuciada y sin que las administraciones le proporcionen una alternativa digna, adecuada y asequible,
– La especulación o la vivienda vacía de larga duración deben penalizarse como lo que son: usos antisociales de un bien básico,
– El parque público de vivienda de gestión pública debe ampliarse como mecanismo que equilibra el mercado y evita nuevas burbujas,
– Como medida de emergencia, los precios del alquiler deben controlarse usando índices previos a la burbuja.
Cualquier medida que no recoja estos mínimos no hace más, en el mejor de los casos, que postergar la resolución de un problema que lleva demasiados años desangrando la economía y la salud de millones de personas. Los derechos humanos deben primar sobre el beneficio de un puñado de parásitos y así lo exigimos y lucharemos hasta que sea una realidad.
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