Preso político saharaui en huelga de hambre sin atención médica

La Liga para la Protección de los Prisioneros Saharauis (LPPS) hace un llamamiento urgente a las organizaciones internacionales para que intervengan en la situación del preso político saharaui Mohamed Lamine Abidin Haddi que lleva 28 días en huelga de hambre en la prisión de Tiflet 2, en Rabat, sin asistencia médica, en un ambiente de intimidación y con amenazas de aislamiento y privación de agua.

La denuncia ha sido lanzada por la organización humanitaria saharaui a partir del testimonio de la madre de Mohamed Lamine Abidin Haddi, que relató que su hijo recibió la primera visita médica 28 días después de su ingreso en la prisión de Tiflet 2 el 8 de febrero. Sin realizar ningún reconocimiento médico al detenido, ni medirle la presión arterial, ni controlar su peso, una enfermera de la prisión se limitó a trasladarle la amenaza de la administración penitenciaria marroquí: si no detiene la huelga de hambre, será castigado con régimen de aislamiento (celda de castigo) y se le privará de agua y azúcar.

Además, la enfermera manifestó que la prisión no tenía conocimiento de la huelga de hambre y que Haddi debía solicitar una reunión con la administración penitenciaria de Tiflet 2 para informarles y solicitar una consulta médica. Esto, pese a que el preso político saharaui recibió el pasado 19 de enero la visita de un representante de la Delegación General Marroquí de Penitenciarías y Reinserción (DGARP), a quien Haddi comunicó que se negaba a detener la huelga de hambre hasta que le trasladaran a otra prisión, más cerca de su familia, y le reconocieran derechos básicos, como asistencia médica y una alimentación adecuada.

No son los primeros malos tratos que amenazan la vida de este civil saharaui desde su internamiento en la prisión de Tiflet 2. Haddi, quien es miembro del Grupo Gdeim Izik, sufre de úlceras severas y ha sido víctima de negligencia médica intencional, tortura, abuso físico y psicológico y acoso desde su arresto en 2010. Mohamed Lamine Haddi, periodista de profesión, ha estado en confinamiento solitario prolongado durante más de tres años y ha sido sentenciado a 25 años.

La familia de Mohamed Lamine Haddi ha denunciado la situación del preso político en todas las redes sociales, en especial su madre, quien ha realizado varios videos pidiendo a los Mecanismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y ONG internacionales que intervengan en el caso de su hijo y de los demás presos políticos del Grupo Gdeim Izik.

La tarde del 9 de febrero de 2021 la casa de la familia del Mohamed Lamine Haddi en la ciudad ocupada de El Aaiun fue rodeada por policías marroquíes que impidieron cualquier visita a la familia.

“Ante la gravedad de la situación sanitaria del preso civil saharaui, Mohamed Lamine Abidin Haddi, que lleva 28 días consecutivos en huelga de hambre indefinida, y la política de venganza liderada por la dirección penitenciaria marroquí, la familia de detenido civil saharaui y la LPPS lanzan un llamamiento urgente para salvar la vida del preso político saharaui”, reza el comunicado de la LPPS, fechado en El Aaiún el 9 de febrero de 2021.

Esta misma organización señala “el silencio y la indiferencia” del Comité Internacional de la Cruz Roja ante las violaciones de derechos humanos perpetradas por el estado de ocupación marroquí, en particular contra los civiles saharauis presos en las cárceles marroquíes.

Los 19 presos del Grupo de Gdeim Izik, que se encuentran en las cárceles marroquíes de Tiflit , Kenitra, Ait Meloul y Bouzakarn, han realzado 3 huelgas de hambre de 48 horas, en solidaridad con Mohamed Lamin Haddi.

Gdeim Izik: 10 años de ignominia

El 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes arremetieron contra el campamento de Gdeim Izik, formado por unas 6.500 tiendas que la población saharaui había levantado un mes antes para protestar por las condiciones sociales y económicas que soportaba en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.

Las fuerzas marroquíes golpearon brutalmente a las personas detenidas en los enfrentamientos. Un grupo de 25 saharauis fueron acusados de formar una banda delictiva y de participar o ser cómplices en actos de violencia contra las fuerzas de seguridad, con resultado de muerte intencional, entre otros delitos.

Un tribunal militar condenó a 22 de ellos a largas penas de prisión, que oscilan entre 20 años y cadena perpetua. El tribunal los declaró culpables basándose en sus confesiones ante la policía, obtenidas bajo tortura. Denunciaron torturas como brutales palizas, en algunos casos mientras estaban suspendidos por las muñecas y las rodillas, agresión sexual, incluida violación con un objeto, y extracción de uñas de manos y pies. Pero sus denuncias no fueron investigadas.

En 2016, el Tribunal de Casación anuló la sentencia del tribunal militar contra los acusados de Gdeim Izik por haberse basado en pruebas no concluyentes. La causa se remitió entonces a un tribunal civil para que se celebrara un nuevo juicio. En 2017, el Tribunal de Apelaciones de Salé declaró a los 22 hombres culpables, utilizando también las declaraciones que los acusados habían hecho ante la policía en 2010, a pesar de que aseguraban haberlas hecho bajo tortura. El tribunal ordenó practicar exámenes médico-forenses a los acusados siete años después de sus interrogatorios. Tras concluir los médicos encargados que, dado el tiempo transcurrido, era imposible asegurar si había habido o no tortura, el tribunal admitió las confesiones, junto con pruebas recién presentadas.

El Comité de la ONU contra la Tortura determinó en 2016 que Marruecos no había investigado las denuncias de tortura y que su tribunal militar se había basado en una declaración obtenida por medio de tortura.

Dos de los acusados fueron condenados a penas de la misma duración que el tiempo que llevaban ya detenidos y fueron puestos en libertad. Los otros 20, incluido uno juzgado en ausencia por haber huido a España, fueron condenados a entre 20 años de prisión y cadena perpetua

Tras dictar el tribunal civil su sentencia, los 19 presos, que hasta entonces habían estado recluidos en la misma cárcel en Salé, fueron trasladados a distintas prisiones de Marruecos, que están a entre 500 y 1.200 kilómetros de El Aaiún, la ciudad de donde son la mayoría de ellos y donde viven sus familias.

La guerra empeora la situación humanitaria

Las condiciones de los detenidos y presos saharauis siempre han sido malas, pero han empeorado desde que las fuerzas militares de Marruecos rompieron el 13 de noviembre el alto el fuego vigente desde septiembre de 1991, al atacar a manifestantes saharauis que protestaban contra la apertura del paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania.

El pasado 31 de enero, el Comité para la Protección de los Civiles Saharauis en su quinto informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado, recoge que, tras volver a la guerra, las fuerzas de ocupación marroquíes siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad contra los civiles saharauis, violando su derecho a la libertad de expresión, manifestación y circulación Ante la continua represión y bloqueo militar, policial y mediático del ocupante marroquí, los ciudadanos saharauis hicieron en una manifestación en El Aaiún un llamamiento a la responsabilidad del Comité Internacional de la Cruz Roja para que proteja y socorra a los civiles saharauis, en aplicación de la IV Convención de Ginebra sobre protección de civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, al que el Reino de Marruecos se adhirió en 1956.