César Pérez Navarro •  Vivienda •  24/02/2021

El PSOE se queda solo en su pretensión de no incluir regulación de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda

  • Desde el PSOE creen ahora que las bonificaciones fiscales  incentivarían el mercado del alquiler y permitiría «compatibilizar» la «función social de la vivienda» con «el derecho a la propiedad privada», pero incumplen lo pactado en varias ocasiones.
  • Pablo Iglesias: «El Gobierno se tensiona cuando se incumplen los acuerdos».
  • La «Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda«, con más de 50 organizaciones, entre las que se encuentran, entre otras muchas, la PAH, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, COESPE, ATTAC, CGT, UGT y CCOO han lanzado un manifiesto titulado «Por una ley que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada«, para exigir al Gobierno que la Ley que se presentará en los próximos días garantice el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible a toda la ciudadanía, con garantía de suministros básicos.
El PSOE se queda solo en su pretensión de no incluir regulación de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda

El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Social, José Luis Ábalos, afirmó este lunes en que los incentivos fiscales para los propietarios son una mejor herramienta para garantizar el derecho a la vivienda, y a un alquiler asequible, iniciativa que rompe unilateralmente con lo pactado con Unidas Podemos y otras seis formaciones políticas, más acorde con forzar a los grandes propietarios a poner parte de sus inmuebles en alquiler social.

Ábalos defiende que les «parece que es mucho más positivo incentivar que penalizar, nos parece importante que haya estímulo para que se saquen estas viviendas al marcado, es preferible incentivar», en referencia a la Ley de Vivienda. La ley necesita el visto bueno del Ministerio de Hacienda a sus planes para que los propietarios pongan en el mercado pisos en alquiler «asequible». Para el PSOE, el mecanismo coloca en el centro incentivos fiscales de los que se beneficiarían los propietarios que, a su vez, accedan a alquilar sus inmuebles por debajo de los límites que establezca el índice de vivienda, que se creó el año pasado, en principio, para obligar a no superar una determinada cifra en zonas con precios excesivos.

Enfrente, todos los socios del Gobierno de Coalición, CCOO, UGT, Sindicato de Inquilinos, PAH y otras organizaciones sociales, que ya han convocado movilizaciones para conseguir que la futura ley de vivienda incluya, entre otras cosas, la regulación estatal de alquileres a precios adecuados para los salarios, tal y como pide Unidas Podemos.

Ábalos: “La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado, y no lo podemos obviar”

En el centro de la tormenta política, Ábalos apunta que existen «diferencias» entre los socios de la coalición sobre las «herramientas» para garantizar el derecho a la vivienda y llega a sugerir que la obligación de que los grandes tenedores tengan que destinar parte de sus inmuebles al alquiler social es una medida «coyuntural» (y temporal, por tanto) frente a otras herramientas que utilizan ya algunos ayuntamientos y comunidades, como bonificaciones en el IBI o facilitar suelo público. También ha avisado de una supuesta «inconstitucionalidad» de una medida que podría ser «recurrible».

«Si se incentiva fiscalmente es para que sean precios asequibles, tiene que favorecer los alquileres no ya por debajo del precio de mercado sino de los índices de referencia. Por debajo de los límites es lo que se va a incentivar fiscalmente», ha dicho el ministro.

El PSOE apuesta -sin especificar- por cambios de tipo estructural para obligar a las tres administraciones que serán competentes en vivienda -Estado central, comunidades y ayuntamientos- antes que «sean los particulares -los propietarios- quienes tengan que resolver la política pública de vivienda».

Donde dije digo digo Diego

Al paso de las declaraciones de Ábalos el 22 de febrero de 2021, sale el mismo ministro en otro vídeo que circula en redes sociales, este de un año antes, el 26 de febrero de 2020: «el derecho a una vivienda digna es un derecho nuclear del que se deriva el disfrute de otros derechos básicos, los grave es que un derecho crucial se haya gestionado meramente como un bien de mercado hasta convertirse en un problema transversal» […]

Lo firmado: «medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado»

Desde la otra pata del Gobierno, Ione Belarra ha recordado el pacto suscrito en cuatro ocasiones entre PSOE y Unidas Podemos: la primera vez, en 2017 con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la segunda en septiembre del 2018; la última, el 23 de octubre pasado, en la negociación de presupuestos, firmado además por otras seis formaciones. El pacto es bastante específico en su letra en relación a la regulación de precios de alquiler. Se dice que serán “coproponentes de la ley el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030” y se concreta que se habilitará a ayuntamientos y comunidades para declarar “zonas de mercado tensionado”, en relación al índice de precios, para que en ellas se apliquen “mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los existentes”. Pero lo firmado también por el PSOE va más allá: “en todo caso y en relación con la información obtenida por los sistemas de índices de precios de alquiler, se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos” incluso fuera de las áreas tensionadas.

Belarra señala que «regular los precios del alquiler es una medida urgente para que la gente viva mejor», ya que «los y las jóvenes dedican más del 100% de sus ingresos a pagar el alquiler» mientras que «las familias de Madrid, el 55%, cifras abusivas que impiden que la gente pueda vivir con dignidad en nuestro país». 

Iglesias: Lo que tensiona el Gobierno de coalición es resistirse a cumplir compromisos firmados

Unidas Podemos no aceptará lo que propone ahora el PSOE, pues incumple lo pactado en el acuerdo de Gobierno: «Pedro [Sánchez] y yo firmamos para que se regularan los alquileres. Es un error tensionar al Gobierno planteando que se puede incumplir el acuerdo o traicionar la palabra dada«, afirmó ayer martes el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Además, existe una cuestión de formas, pues desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales dejan claro que no han recibido siquiera un borrador del proyecto que prepara el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad del que en teoría es coproponente, pese a que Belarra y el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, se han reunido con asiduidad.

ERC y EH Bildu piden la comparecencia de Ábalos ante la negativa a “imponer” un control de precios en la Ley de Vivienda

ERC y EH Bildu registraron el lunes una solicitud para que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de explicaciones “sobre la previsión del Gobierno de legislar para limitar el precio del alquiler” en la futura Ley de Vivienda.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián se preguntó “¿de qué sirve proteger a la gente de un virus si no la proteges de la miseria y precariedad que comportará?», mientras que el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute apuntó a “dar más garantías a la gente para poder tener una vivienda digna es lo mínimo que se le puede pedir a quienes se jactan de progresismo”.

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El acuerdo firmado entre PSOE, Unidas Podemos obliga a regular el precio de los alquileres, a fomentar las viviendas sociales y recoge un plan estatal para la rehabilitación. Entre las medidas, normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado;

2.9.- Vivienda.

2.9.1.- Impulsaremos la política de Vivienda con un incremento en la dotación de recursos. El derecho a acceder a una vivienda digna se ha puesto en cuestión en la práctica en nuestro país en los últimos años, especialmente a raíz de la crisis, y a una mala planificación política en materia de vivienda, dando lugar a una situación en la que muchas personas se vieron desahuciadas de sus viviendas. Ahora estamos empezando a asistir de nuevo a un incremento paulatino de los precios de alquiler, singularmente en determinadas zonas del país, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar medidas que permitan que los ciudadanos y ciudadanas que en ellas residan tengan acceso en condiciones razonables a una vivienda digna. Para combatir esta situación se propone ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda.

2.9.2.- Pondremos en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, complementario al Plan Estatal de Vivienda, que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles. El Plan tendrá una duración de cuatro años. El objetivo será la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad. Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes, y la iluminación de bajo consumo. El plan responderá́ a criterios de eficiencia energética y accesibilidad e incluirá́ ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en zonas menos pobladas y de colectivos vulnerables. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de programas de apoyo financiero para la adopción de tecnologías más eficientes.

2.9.3.- Frenaremos las subidas abusivas del alquiler. Para ello: -Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado. Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está 18 desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha. -Los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda. -El objetivo de los índices de referencia mencionado en los párrafos anteriores es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.

2.9.4.- Se impulsarán medidas para asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad.

2.9.5.- Se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional. Se estudiarán obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda. Se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional.

2.9.6.- Alquiler turístico. El incremento de los precios de alquiler y la limitación de oferta para uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso turístico de los alojamientos. Para abordar esta cuestión se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.

2.9.7.- Uso social de la vivienda y parque público. -Se establecerá un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor de vivienda” y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico. Asimismo, se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables. 19 -Se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales. -Se determinará el carácter social de la vivienda de protección pública con una normativa que garantice su explotación únicamente para alquiler de personas vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre.

2.9.8.- Movilizaremos suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, con instrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler de los principales agentes (promotores públicos y privados, cooperativas y economía social entre otros) y estimularemos la oferta privada en alquiler.

2.9.9.- Reorientación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación en coordinación con las comunidades autónomas, con el objetivo de configurar un parque de vivienda social o sujeta a protección, al servicio de las políticas públicas de vivienda. -Para favorecer la promoción y el uso de vivienda de alquiler social, también vamos a movilizar el suelo público que se encuentre disponible. -Se facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas. -Medidas de agilización de trámites de concesión de licencias. -Medidas en materia de información y transparencia para dar seguimiento a la información sobre oferta de vivienda en alquiler (precios, disponibilidad de vivienda social o situación del parque de viviendas), así como de la demanda (situación socioeconómica de los hogares, registros de demandantes o dinámicas demográficas). -Se suscribirán convenios bilaterales con ciudades donde se dan situaciones de mercado tensionado que permitan hacer frente a las necesidades específicas en materia de vivienda. En dichos Convenios se establecerán las obligaciones de las partes firmantes.

2.9.10.- Protección a las personas hipotecadas. Impulsaremos nuevas medidas de carácter normativo que refuercen la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas. El procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece la normativa europea. Se impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad. Se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial.

2.9.11.- Se potenciará el Observatorio de la vivienda con el objetivo de investigar y analizar la situación de la vivienda en España (parque de alquiler privado, vivienda vacía, necesidades 20 habitacionales, situaciones de riesgos de exclusión residencial, etc.), y que permita una auditoría pública de la oferta y calidad de las viviendas públicas

2.9.12.– Se aprobará una estrategia que aborde la problemática del sinhogarismo de forma integral desde el enfoque de derechos en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Según el acuerdo de octubre, la ley debía ser aprobada por el Consejo de Ministros antes del 23 de enero, y sería presentada al Congreso antes del 23 de febrero, plazos que ya no se cumplirán.

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