FACUA reclama al ministro Ábalos que cumpla su compromiso de regular los precios máximos del alquiler
- El titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana confirmó en octubre en el Congreso que la nueva ley incluiría medidas para «la contención de rentas de los precios de alquiler de vivienda».
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que cumpla su compromiso de regular los precios máximos del alquiler en el Anteproyecto de Ley de vivienda en la que trabaja el Ejecutivo. La asociación recuerda que se trata de un acuerdo incluido en el pacto de gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos que, además, Ábalos reafirmó el pasado mes de octubre en el Congreso de los Diputados, donde informó de que la nueva ley de vivienda incluiría medidas para «la contención de rentas de los precios de alquiler».
FACUA considera que adoptar medidas en este sentido es un paso que, con voluntad política por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, puede abrir la puerta a frenar la especulación en los alquileres y facilitar así el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el acceso a la vivienda.
El pasado mes de octubre, los dos partidos de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, anunciaron que, tal y como recogía el programa de gobierno, el anteproyecto de ley contemplaría un sistema de referencia de precios del alquiler desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que permitirá a ayuntamientos y comunidades autónomas establecer un índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Este instrumento permitiría declarar, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler y tomar medidas a partir de esa declaración que permita que las viviendas continúen siendo accesibles para la ciudadanía.
«Será en este Anteproyecto de Ley donde contemplaremos la contención de rentas de los precios de alquiler de vivienda, con el respeto absoluto y escrupuloso de las competencias de las administraciones autonómicas», declaró entonces el ministro en el Congreso, después del anuncio de ambos partidos.
FACUA confía en que el ministro cumpla su compromiso, y el texto de la nueva norma contemple medidas claras que ofrezcan mayores garantías y protejan los derechos de los inquilinos de manera efectiva, y que recoja mecanismos de vigilancia de su aplicación y cumplimiento por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos.
La asociación considera fundamental que la nueva ley corrija la actual situación que se da en el mercado de la vivienda, que ha transformado un bien esencial en un mero objeto de especulación económica y que, por tanto, acabe con el alto coste de los alquileres que actualmente existe en muchas ciudades españolas y que termina expulsando a una parte de la ciudadanía de numerosas zonas que tradicionalmente han sido residenciales.
FACUA lleva años reclamando medidas en este sentido, así como otras regulaciones que eviten los desahucios y favorezcan el acceso a la vivienda. Todas estas propuestas fueron incluidas por la asociación en sus aportaciones al anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda que fueron presentadas en el plazo de consulta pública habilitado por el ministerio recientemente. En la intervención en el Congreso mencionada anteriormente, el ministro Ábalos se comprometía, además a escuchar «a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado».
Además de sus propias aportaciones, FACUA se sumó hace unos meses a más de 9.000 organizaciones sociales para pedir la regulación de las rentas a través de un manifiesto promovido por el sindicato de inquilinas. El manifiesto recuerda que, después de 12 años del inicio de la crisis económica, la situación del alquiler se ha vuelto insostenible: del 2013 al 2019 el precio medio del alquiler ha subido un 50% en España. Se trata de precios medios de contratos vigentes, hecho que explica que haya subidas de precio desorbitadas cuando vencen los contratos. Actualmente 7 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler. En el último lustro, el precio del alquiler ha aumentado 30 veces más que los salarios. El 42% de la población española destina el 40% de su sueldo a pagar el alquiler, mientras que las recomendaciones internacionales hablan de no dedicar más del 30% a vivienda incluyendo los suministros básicos.