Ecologistas en Acción tramita en tribunales 244 asuntos medioambientales
- La defensa del medio ambiente en los tribunales es una de las herramientas que utiliza Ecologistas en Acción para conseguir una sociedad más justa que sea compatible con un planeta saludable.
- Las distintas federaciones y grupos locales de Ecologistas en Acción han llevado a los tribunales en 2020 un total de 244 casos para la protección del medio ambiente, 4 de ellos en Canarias.
Las administraciones públicas españolas son grandes vulneradoras de la legislación ambiental en Europa. Muchas sentencias las ganan las organizaciones ecologistas pero luego no se ejecutan, generando una fuerte impunidad.
La actividad de los distintos grupos y federaciones de Ecologistas en Acción en los tribunales ha sido muy intensa durante 2020, al igual que en años precedentes. Durante el año pasado se iniciaron procedimientos judiciales contra una gran cantidad de asuntos: recursos contra licencias o planes urbanísticos, instalaciones de residuos, autorizaciones de canteras, macrogranjas, proyectos de minería, infraestructuras de transporte como autopistas o protección de vías pecuarias o caminos públicos. También se han llevado a los tribunales casos relacionados con la falta de planes contra la contaminación del aire, gestión de espacios protegidos, denuncias por delitos contra la fauna y furtivismo, vertidos industriales y de depuradoras, incendios en vertederos y plantas de almacenamiento de residuos o asuntos de prevaricación urbanística, entre otros muchos temas.
Los diferentes asuntos que las distintas federaciones de Ecologistas en Acción tienen en tribunales a fecha de diciembre de 2020, se tramitan tanto en el orden jurisdiccional contencioso administrativo (152), como en los tribunales penales (90) y alguno (dos) en los civiles.
Esos 244 casos son tramitados por más de 30 abogados y abogadas ecologistas, que en la mayor parte de los casos realizan su labor de forma altruista, no remunerada. En relación a los territorios, estos casos se reparten según esta relación: 91 en Andalucía, 54 en Castilla y León, 23 en Madrid, 1 en Asturias, 13 en Cantabria, 2 en Aragón, 10 en Castilla-La Mancha, 7 en Catalunya, 1 en Illes Balears, 4 en Euskadi, 10 en Extremadura, 14 en Murcia, 1 en Melilla, 2 en Navarra, 7 en el País Valencià y 4 en Canarias.
En el caso concreto de Extremadura, la principal causa judicial que se sigue es la referente al Complejo Marina Isla de Valedecañas, procedimiento que lleva ya más de 12 años dirimiéndose en diferentes tribunales. Los restantes casos son contra la instalación de la mina de uranio de la Sierra Suroeste, los vertidos provocados por el Consorcio Oleícola Extremeño en su almazara de Mérida, la matanza de dos linces ibéricos en el término municipal de Don Benito, el empleo de plaguicidas prohibidos en el casco urbano de esa misma localidad y varios casos de maltrato animal, construcciones ilegales en terreno rústico de especial protección y deforestaciones no autorizadas.
La defensa del medio ambiente ante los Tribunales de justicia se está consolidando como una faceta muy relevante en el activismo ecologista, como una última línea de batalla contra la degradación ambiental. Aunque no siempre genera los resultados esperados: las resoluciones judiciales suelen ser favorables a las organizaciones ecologistas y anulan autorizaciones o medidas aprobadas por las administraciones pero en la mayoría de las ocasiones resulta muy difícil ejecutar las sentencias y restaurar el medio ambiente alterado. Ejemplos de ello son la urbanización declarada ilegal de Marina Isla de Valdecañas en Extremadura o la ampliación de la carretera M-501 entre Madrid y Ávila.
Ecologistas en Acción destaca que aunque muchos de estos casos se presentan por agresiones al medio ambiente de empresas o de particulares, sobre todo las denuncias penales, la gran mayoría de sus actuaciones judiciales, sin embargo, son motivadas por resoluciones o acciones contrarias a derecho llevadas a cabo por las administraciones públicas. De hecho, el Estado español es uno de los países europeos que año tras año registra más vulneraciones de la normativa ambiental.
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