«Contra la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa de la Fosa de los Maestros de Soria»

El Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo hemos recibido con consternación y desagrado la reciente sentencia emitida por el Tribunal Supremo, del 16 de febrero de 2021, sobre el recurso de casación interpuesto por la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria contra el archivo de la causa conocida como “Fosa de los maestros”.

La sentencia desestima el recurso, manteniendo la misma línea que la que dictó en el año 2012 (por la que se absolvió al exjuez Baltasar Garzón), donde estableció expresamente que no consideraba procedente la investigación penal por casos de desapariciones forzadas producidas durante la guerra civil y la postguerra, ya que el Tribunal Supremo consideraba que investigar esos crímenes era absurdo por los años que habían pasado, teniendo en cuenta, además, que estarían prescritos y amnistiados por la Ley de Amnistía de 1977; igualmente negaba el carácter permanente de las desapariciones como un delito de lesa humanidad. De nuevo, el Tribunal Supremo prima el derecho interno y vuelve a omitir toda referencia al Derecho Internacional y a las obligaciones que España tiene contraídas al respecto, así como sigue haciendo caso omiso a las reiteradas recomendaciones realizadas por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Comité sobre la Tortura realizadas al Estado español ante el abandono al que tienen sometidas a las víctimas de los crímenes de la guerra civil y de la dictadura franquista y la transición.

Igualmente, hace pocas semanas se ha conocido que el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo presentado por Gerardo Iglesia por la no admisión de su querella por torturas contra el policía Pascual Honrado de la Fuente, basándose también en la Ley de Amnistía de 1977. Con estas sentencias de los dos altos tribunales españoles en las que se niega a las víctimas de la dictadura franquista y la Transición el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales refrendado por el artículo 24 de la Constitución, hacen una interpretación totalmente sectaria de este derecho, como si esas víctimas no existieran o fueran de menor categoría que las de otros delitos. Una “anomalía” democrática repetidamente denunciada por los colectivos de memoria histórica y víctimas del franquismo y por los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el Consejo de Ministros, el día 15 de septiembre de 2020, puede suponer un avance importante en algunos aspectos respecto a la ley vigente, pero no aborda ni elimina los principales obstáculos utilizados reiteradamente por el Estado para negar sistemáticamente la investigación y enjuiciamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición. Como ha establecido la justicia 2 internacional sobre derechos humanos, los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y por tanto nunca prescriben ni pueden ser amnistiados.

Por ese motivo, el Encuentro de Colectivos de Memoria Histórica y víctimas del franquismo elaboró un documento conjunto en el que se exigían que se cumplieran, entre otros, los siguientes requisitos:

● Cumplimiento de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, así como de las recomendaciones de los relatores de la ONU y expertos internacionales.

● Declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977 , o cuanto menos de aquellos apartados (artículo 2, apartados e y f) que permiten la impunidad de los crímenes franquistas.

● Ratificación por el Estado español de la “ Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad” de 1968 , garantizando por ley su aplicabilidad a los crímenes contra la Comunidad Internacional cometidos por el Franquismo.

● Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incorporando a nuestro derecho interno el principio de legalidad internacional (contenido entre otros en el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ) y modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se puedan reabrir las querellas y denuncias por crímenes contra la humanidad presentadas y no admitidas por los Juzgados y Tribunales españoles.

● Investigación y persecución judicial por la Jurisdicción Penal española de los crímenes del franquismo desde el inicio de la Guerra de España hasta el año 1983.

Si el Proyecto de Ley de Memoria, que se presentará próximamente en el Congreso de los Diputados, no sirve para desmontar la impunidad de los crímenes franquistas, estará condenado al fracaso y volverá a ser una ocasión perdida para obtener justicia para unas víctimas sobre las que ya pesan demasiadas décadas de abandono e ignominia por parte del Estado. Ahora cada diputado/a y cada senador/a tendrá que definirse públicamente si está con las víctimas de la dictadura franquista o con la impunidad del franquismo, porque no cabe más alternativa.

Una democracia plena no puede basarse en el silencio y el olvido de las cientos de miles de víctimas de la sangrienta dictadura franquistas y la transición y con sentencias como las del Tribunal Supremo queda claro que el camino judicial en España está cerrado, pero la lucha por la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo sigue más vigente que nunca y, como ha venido demostrando, va recogiendo apoyos cada vez más amplios de la sociedad democrática. Demandamos por ello, a los diputado/as y senador/as que integran el Parlamento español, que asuman de una vez su deuda histórica con las víctimas del franquismo y que se pongan a la altura democrática de los países europeos, implementando los cambios legislativos necesarios, como les proponemos desde el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo, para poner fin a la impunidad y erradicar el franquismo de las instituciones y de la sociedad española.